Canal Abierto Radio | El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta llevó a cabo actividades de espionaje ilegal sobre los datos biométricos de al menos 7 millones de personas sin autorización judicial. De esta manera, el Ministerio de Seguridad porteño usó el sistema de reconocimiento facial sobre el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández, dirigentes de derechos humanos, jueces, periodistas y hasta personajes políticos de su mismo frente partidario como Patricia Bullrich y Facundo Manes.
“Los datos biométricos en nuestra Ley de datos personales son datos sensibles. Eso es una diferencia importante porque se dividen en datos personales comunes que son nombre, DNI y domicilio; y después están los datos sensibles que son la cara, orientación política, sexual religiosa, etc. La diferencia entre estos datos es que pueden permitir la discriminación y la persecución política de las personas y por lo tanto tienen una doble protección en la Ley y deben ser doblemente resguardados”, explicó a Canal Abierto Radio la consultora en política y tecnología, Natalia Zuazo.
“En ambos casos se requiere de una orden judicial para acceder a ellos, por eso es importante tener en cuenta que no es que los datos están y ya que estamos los usamos porque no pasa nada. Las bases de datos existen y acá lo que importa es quién tiene acceso a esos datos que cada vez están más digitalizados, lo que es un riesgo”, añadió la directora de la Agencia Salto y autora de los libros Guerras de internet y Los dueños de internet.
Zuazo destacó la necesidad de “un contralor” ante “tal manejo de datos personales”, y aseguró que “son importantes las reglas que se deben tener sobre los datos personales que primero deben ser restringidos y con acceso judicial, y además debe ser proporcional ese acceso según la finalidad”.
Y apuntó al espionaje ilegal de Larreta que también alcanzó a las referentes como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini; los dirigentes sociales Eduardo Belliboni y Juan Grabois; la diputada por el PTS-FIT, Myriam Bregman; el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni o el actual supremo, Carlos Rosenkrantz. “En este caso dijeron que era para el registro de prófugos del CoNaR que eran 40 mil personas, y sin embargo todo eso después no sucedió porque la finalidad se excedió en muchos sentidos legales y numéricos”, manifestó la especialista remarcando la imposibilidad de “que no haya levantado ninguna alerta”.
Asimismo, señaló la “violación a los derechos humanos” que esta actividad ilícita llevada a cabo por el gobierno de Larreta representa, y aseguró que “muchas organizaciones de la sociedad civil de distintas orientaciones políticas vienen haciendo requerimientos a la justicia de CABA para obtener más información de cómo sucede este proceso de el pasaje de datos del ReNaTEP y la CoNaR al Centro de Monitoreo porteño, y a partir de eso fue que el juez Gallardo pudo avanzar”. Y finalizó haciendo hincapié en que “esto sucede porque hay un consenso de que la tecnología es buena y no hay un cuestionamiento”.
