Redacción Canal Abierto | En febrero del 2013, Lisette Fernández de la comunidad qom Yecthakay, del partido bonaerense de Tigre tenía 8 años. En ese entonces, su hermana Micaela de 14 años fue hallada muerta con un tiro en la cabeza en la casa de Dante “Pato” Cenizo, conocido narco y proxeneta del barrio La Paloma. La fiscalía de El Talar, Pacheco, caratuló el caso como suicidio.
Un año después, en mayo de 2014, su madre, Nancy Fernández de 36 años, quien desde la muerte de su hija luchaba por justicia, fue asesinada en su domicilio del barrio Las Tunas. Fue hallada semidesnuda en su cama, de espaldas, violada y asfixiada.
Cuando los agentes de la Policía Científica, encargados de relevar las pruebas para la Bonaerense, salieron del lugar le explicaron a Eugenio Fernández que su hija, Nancy, se había suicidado, cuenta Horacio Cecchi en una nota en el diario Página|12 publicado días después del crimen. Poco después la autopsia demostró que la mujer había sido violada y había muerto por “paro respiratorio traumático secundario a asfixia por oclusión de orificio respiratorio más aspiración de contenido gástrico”. Es decir, la asesinaron tapándole la boca y la nariz. También se determinó que le robaron el celular.
Eugenio, padre de Nancy y dirigente comunitario qom, tomó la posta de la lucha por justicia pero murió al poco tiempo y las causas fueron archivadas.
A partir de 2019, Lisette retoma la lucha por justicia para su hermana y su madre y, junto a su abogada Paula Alvarado Mamani, denuncia la falta de avances en la justicia para investigar ambas muertes.
“Eugenio, el abuelo de Lisette era un dirigente del pueblo qom del Chaco. Vienen a Buenos Aires e instalan aquí su comunidad. Luchan por su derecho a una tierra para la comunidad Yecthakay”, narra Alvarado en diálogo con Canal Abierto, la suerte de esta comunidad originaria que como tantas otras se ven desplazadas a los márgenes de las grandes ciudades a sumar vulneraciones a sus derechos maltrechos.
“En el marco de vulneración social en que se encuentran las mujeres indígenas, se produce el acercamiento de este personaje “Pato” Cenizo; esta persona explota sexualmente a Micaela. Todo Tigre sabe que hay una red de trata y de narcotráfico detrás de esto; nadie se atreve a atestiguarlo, pero se sabe. Muchas veces Lisette escuchó que Nancy quería denunciar esta situación pero Micaela le decía que no porque la podían matar”, explica la abogada, colla y participante de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar y patrocinante del caso de Punta Querandí.
La investigación sobre la muerte de Micaela recayó en la Fiscalía de El Talar y estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, conocido por su participación en el resonado caso del asesinato de María Marta García Belsunce. Cuatro o cinco meses después el caso de la joven qom se archivó caratulado como suicidio. “Hubo una autopsia mal realizada, fuera de los plazos correspondientes. Se hizo un dermotest (técnica forense para detectar la realización de disparos de arma de fuego) que no cumplió con los tiempos prescriptos”, describe la desidia judicial la letrada Alvarado.
Avances y estancamiento
“9 años y todavía no hay justicia. Siguen diciendo que mi hermana se suicidó cuando sabemos que no es así por las condiciones en las que estaba: con un tiro en la cabeza, en la casa del proxeneta que ella anteriormente había denunciado que la tenía secuestrada”, señaló a la prensa Lisette Fernández en relación a Dante ‘Pato’ Cenizo, quien poco después del feminicidio fue preso por narcotráfico.
En mayo de 2021, ambas mujeres lograron desarchivar la causa de Micaela y que Lisette fuera considerada “particular damnificada”. Luego de este paso, la justicia no produjo más novedades en la causa.
“Empezamos a recorrer las fiscalías –de El Talar y de Villa Martelli– y a recorrer instituciones para obtener apoyo para mover la causa. Nos acercamos a la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) y luego de meses de esperar una reunión, nos dijeron que no encontraban indicios de que esta causa tuviera relación con la trata de personas. Su argumento era que en testimoniales tomadas a chicas del barrio no surgía esta cuestión. Nosotros les preguntamos si estas chicas se animarían a denunciar una situación de trata en su propio barrio, es obvio que no. Incluso una de las testigos que teníamos en la causa, Tamara López, también fue asesinada en el 2014”.
“En este momento, ambas causas están reabiertas y Lisette está presentada como particular damnificada. En la causa de Micaela solicitamos el cambio de carátula de suicidio a homicidio – feminicidio. En la causa de Nancy estamos pidiendo saber qué pasó con el teléfono, que desapareció tras su asesinato, le fue robado pero siguió funcionando. Ahora sumamos el acompañamiento de la Comisión Provincial de la Memoria que nos está apoyando”, resume Alvarado el estado de los trámites judiciales.
“Necesitamos que se haga una nueva pericia de la autopsia de Micaela para lograr el cambio de carátula. Lo sucedido no fue de ninguna manera un suicidio, hay cosas súper evidentes: le cortaron brutalmente el pelo, le hicieron cortes profundos en los brazos que ella no se los podría haber hecho, su cuerpo estaba golpeado. Hay un montón de pruebas en el cuerpo de Mica que dicen que de ninguna manera fue suicidio”, refiere la abogada colla.
Feminicidio, discriminación y racismo
La abogada querellante destaca que en el caso de estos crímenes se da una doble –o triple– vulneración: se trata de un feminicidio y de un caso de discriminación agravada por la condición de mujer perteneciente a un pueblo indígena. Podríamos sumarle la condición social de una familia en situación de pobreza y marginación socio-económica.
“Tenemos claro que este es un feminicidio agravado por la condición étnica y racial. Cuando Nancy va a denunciar a la Comisaría 6º de El Talar, todo el tiempo la tratan de “india de mierda”. Lo mismo le ocurre hoy a Lisette”, concluye Alvarado que junto a la damnificada también es fruto de aprietes y amenazas por meterse a remover una causa que gracias a la complicidad policial y la desidia judicial debía dormir en los anaqueles judiciales.