Por Néstor Espósito | La negativa a permitirle a la imputada Cristina Fernández de Kirchner ampliar su declaración indagatoria y la incorporación de nueva prueba sin respetar el procedimiento fijado por ley para ello asoman como razones para que el juicio por la Causa Vialidad ingrese en el farragoso terreno de las nulidades.
Se trata de cuestiones puramente técnicas. Es inevitable que el juicio sea leído también (acaso esencialmente) con una óptica política. Pero la letra fría del Código Procesal Penal establece que en las últimas jornadas del debate oral ocurrieron situaciones cuya legalidad está, cuanto menos, en discusión.
Si bien el tribunal le dijo a Cristina Kirchner que podrá expresarse cuando le toque el turno de pronunciar las “palabras finales” antes del veredicto, lo cierto es que el artículo 380 del Código la habilitaba para formular su ampliación de descargo durante esta etapa del proceso. “En el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa”, establece ese artículo. El texto es taxativo: “todas las declaraciones que considere oportunas”.
Claro está que debe existir un límite. Un imputado no podría interrumpir la lectura del veredicto para declarar. Hay un tiempo y una circunstancia establecidos: durante el debate. ¿La etapa de alegatos es parte del debate? El artículo 393 del Código determina que “terminada la recepción de las pruebas, el presidente (del tribunal) concederá sucesivamente la palabra al actor civil, a la parte querellante, al ministerio fiscal y a los defensores del imputado y del civilmente demandado, para que en ese orden aleguen sobre aquéllas y formulen sus acusaciones y defensas”. Queda claro que en ese momento, el debate aún no está terminado. De hecho, entre un fiscal que acusa y un defensor que pide la absolución hay un debate más que evidente. Tanto, que después de los alegatos de cada uno el Código establece que “sólo el ministerio fiscal, la parte querellante y el defensor del imputado podrán replicar, correspondiendo al tercero la última palabra. La réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido discutidos”.
Sólo cumplida esa etapa del juicio sobreviene la de las últimas palabras, que el tribunal le reservó (le retaceó) a CFK para que se exprese.
El artículo 396 deja en claro que es en ese momento –y no antes- cuando se termina el debate: “Terminado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán inmediatamente a deliberar en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el secretario, bajo pena de nulidad”.
Cristina Fernández de Kirchner y cualquiera de los demás imputados pudieron, y aún pueden, declarar en su propia defensa. Aún si persistiera la duda sobre si corresponde o no que lo hagan, como se trata de imputados, la “duda” siempre debe favorecerlos.
La otra cuestión en discusión es la incorporación de prueba nueva, proveniente de otros expedientes, como la información extraída del teléfono secuestrado al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López en la causa en la que terminó condenado por “enriquecimiento ilícito”, también conocida como “de los bolsos”.
Esa prueba no estaba en la Causa Vialidad. El artículo 397 del Código establece que “si el tribunal estimare de absoluta necesidad la recepción de nuevas pruebas o la ampliación de las recibidas, podrá ordenar la reapertura del debate a ese fin, y la discusión quedará limitada al examen de aquéllas”.
¿El tribunal puede recibir nuevas pruebas durante el juicio? Claro que sí. Pero también eso está reglado. El artículo 388 del Código Procesal sostiene que “si en el curso del debate se tuviera conocimiento de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles, el tribunal podrá ordenar, aún de oficio, la recepción de ellos”. Y el 381 abunda que “si de las declaraciones del imputado o del debate surgieren hechos que integren el delito continuado atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal o en el auto de remisión, pero vinculadas al delito que las motiva, el fiscal podrá ampliar la acusación”.
Pero esa nueva prueba no puede ser desconocida por las partes que comparecen en el juicio. Y no vale que, por una distracción, la nueva prueba se incorpore –como denunció la vicepresidenta- “entre gallos y medianoche”. Es una cuestión de “buena fe procesal”, de la que tanto les gusta hablar a jueces y fiscales.
Lo dice el Código: ante esa circunstancia nueva, “bajo pena de nulidad, el presidente le explicará al imputado los nuevos hechos o circunstancias que se le atribuyen, e informará a su defensor que tiene derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa”. Nada de ello ocurrió.
Esta no es de Netflix eh! La nota que estás viendo es del FBI. Brinda información a los Fiscales y Tribunales Orales de Comodoro Py en el caso conocido como “los bolsos de López”, donde se incautaron 9 millones de dólares. ¿Información sobre qué?… pic.twitter.com/FEIdRk3RhV
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 25, 2022
Si hubiera quedado expresamente en claro que se iba a incorporar prueba obtenida en otra causa judicial, los abogados defensores hubieran podido objetarla o pedir tiempo para evaluarla y refutarla. También lo dice el Código: “cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un término que fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa”.
Las leyes dicen lo que los jueces quieren que digan. Pero la amplitud de la interpretación nunca puede ser en contra de un imputado, sino todo lo contrario. Si en un juicio penal sobre una cuestión existen dos o más interpretaciones, debe estarse a la que sea más favorable al imputado. Se llama “principio pro hominis”. Y está en la Constitución Nacional.
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Néstor Espósito: @nestoresposito