Canal Abierto Radio | A través de una carta presentada ante el Tribunal Oral Criminal Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la familia de Ariana Lizarraga informó que no apelará al fallo que condenó a los tres dueños que aún viven del boliche Beara pero absolvió a funcionarios porteños que habilitaron el lugar donde la joven de 21 años murió junto con Leticia Provedo de 20 años al derrumbarse la construcción encima de ellas en el año 2010. En el escrito, la familia denunció “los vejámenes” del proceso judicial.
El siniestro ocurrió el 10 de septiembre de 2010 en Scalabrini Ortiz 1638, cerca de las 3.50 de la madrugada cuando terminó un recital del grupo Ráfaga, y minutos después cayó el entrepiso construido con madera y aluminio. El lugar ya había sido clausurado por irregularidades y el Gobierno porteño levantó esa clausura concediendo una habilitación como “salón de fiestas privadas”, cuando en realidad funcionaba como discoteca de libre acceso.
“Fueron 12 años muy agotadores, muy tristes y fue una desilusión terrible presenciar este veredicto de una manera tan fría, tan inhumana e injusta. Así que resolvimos en una reunión familiar no seguir adelante convencidos de que este Tribunal fue dirigido e instruido, además de haber sido formado, lo que era muy notorio”, manifestó Juan Lizarraga, padre de una de las víctimas, en diálogo con Canal Abierto Radio.
“En este proceso vi cosas que no me imaginaba como ciudadano civil”, lamentó el hombre relatando cómo se establece un Tribunal a través de sorteos “para que el veredicto sea transparente” pero denunciando que en este caso, cuando se sorteó el Tribunal y los jueces, estos “fueron reemplazados y se puso al que más afinidad o amistad tenía, mandando al oficial de suplente” y además trayendo a “alguien del fuero civil al penal”.
“Uno se pregunta para qué sortean el Tribunal si después lo arman a conveniencia”, expresó indignado.
En el juicio, la familia Provedo, que sí apelará, pidió para los ex funcionarios Diego Farrel, Pablo Saikauskas, Norberto Cassano e Isaac Rasdolsky la pena a cinco años de cárcel de cumplimiento efectivo e inhabilitación por el doble de tiempo o, en su defecto, tres años de prisión, que es lo que había pedido la fiscalía.
“Todos comprometidos, porque recuerdo que este piso necesitaba un permiso de obra que no tuvo, un certificado de sobrecarga totalmente fraguado y lo habilitaron igual sin revisar nada. Se firmó y se siguió para adelante”, indicó Lizarraga que, si bien no va a apelar el fallo, aseguró seguir “en contacto con la familia de Leticia y con la Fiscalía” quienes apelaron contra la decisión del Tribunal 7”.
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“Pensamos que era más importante el accionar de la Fiscalía que el nuestro, lo que no quiere decir que nos alejamos de la causa, tan solo no somos querellantes”, explicó remarcando que hicieron “la carta para demostrar lo disconformes que estamos con la Justicia y lo curioso es que no tuvimos ninguna devolución. Somos tratados con completa indiferencia, ni una noticia, telegrama, nada. Ignorados totalmente. Así fueron los doce años de instrucción más los 5 meses del juicio”, lo que atribuyó a la cercana relación de los jueces y acusados con la dirigencia macrista y los medios de comunicación.
“Uno de los jueces tiene relación cercana con el oficialismo porteños y ha caído de paracaidista en varias causas”, subrayó el padre de la joven, quien además señaló que “los testimonios de la gente no fueron tenidos en cuenta. Declaró el ingeniero que diseñó las normas para habilitar entrepisos, dijo que estaba mal hecho y no le hicieron caso, es una cosa increíble”.
“Hay un manejo judicial y de los medios increíble. Es demasiado notorio y desvergonzado. No hay un medio que nos llame para hacer una nota, nada. Tres de los socios fueron condenados pero con unas penas irrisorias porque en el caso de los socios los testimonios de trabajadores aseguraron que avisaban que el piso se iba a caer”, concluyó.