Redacción Canal Abierto | La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) movilizó este miércoles al Congreso de la Nación para reclamar la aprobación de una reforma de la ley nacional de integración socio urbana de barrios populares que prorrogue por 10 años la prohibición de desalojos y permita incorporar nuevas comunidades al registro.
La iniciativa obtuvo dictamen favorable el pasado 18 de septiembre y cuenta con el apoyo de oficialismo y buena parte de la oposición, pero las organizaciones temen que pierda lugar en la agenda parlamentaria frente a otro proyectos de peso político y mediático, como el Presupuesto 2023 o el debate en torno a la realización o no de las próximas PASO.
Este 15 de octubre se vence el plazo indicado por la norma para regularizar la situación de los 5.687 barrios relevados hasta el momento por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). “Si no se vota esta actualización, mucha gente queda a merced de los vaivenes políticos en un escenario de posible derechización”, advierten desde las organizaciones.
El pedido de prórroga por una década no es arbitrario: es el tiempo estimado que dura el proceso de regularización dominal de los territorios para ser expropiados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), paso previo a la adjudicación de los lotes a quienes lo habitan.
En 2018, el Congreso de la Nación aprobó por unanimidad la 27.453 -también conocida como Ley de barrios populares- y proveyó de un marco legal al listado que desde 2016 venían realizando los movimientos. También creó el Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) -compuesto por el 9% del impuesto PAIS (a la compra de moneda extranjera) y el 15% de lo que fue el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas-, y que apunta a financiar obras para 5 millones de personas.
Uno de los espacios de integración y debate horizontal para la orientación y aplicación de estos recursos es la Mesa Nacional de Barrios Populares. “Los vecinos deciden qué proyectos se van a llevar adelante y hacen el seguimiento, esa es la garantía de que esta ley no termina siendo letra muerta”, dice uno de sus integrantes, Gastón Reyes, y miembro de una cooperativa que emplea a cerca de 200 trabajadores en la realización de estas obras. “También beneficia a otras cooperativas, como la de compañeros y compañeras que producen alimentos -viandas- para la rama construcción”.
La UTEP se movilizó en demanda de la reforma a la ley de integración socio urbana de barrios populares pic.twitter.com/8vUqAMr1jc
— Agencia Télam (@AgenciaTelam) October 5, 2022
Según informó a este medio la Secretaría de Integración Socio Urbana que encabeza Fernanda Miño, ya son 747 barrios populares con obras en ejecución para el acceso a las redes de agua, cloacas, luz y gas, mejoras en la accesibilidad y espacios públicos, o bien en la construcción de espacios deportivos y comunitarios. “Por poner un ejemplo, en el barrio Bicentenario de La Matanza ya llevamos 3 kilómetros de vereda y 90 conexiones domiciliarias de agua potable”, indica Reyes, vecino de Aldo Bonzi, otra ciudad del distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires.
Otro de los avances que reivindica la cartera que depende Desarrollo Social de Nación es que llevan entregados unos “10 mil lotes con servicios para dar respuesta a la demanda habitacional de las nuevas generaciones” en 13 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y San Juan.
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