Redacción Canal Abierto | En 2016 Levín había sido condenado a 12 años de prisión por el secuestro y la tortura de Víctor Cobos, trabajador de La Veloz del Norte y delegado gremial de la UTA. Se trató de la primera condena en casos de responsabilidad empresarial en crímenes de la dictadura. Sin embargo, el juicio excluyó al resto de los trabajadores que fueron víctimas con el argumento de que la empresa los había perseguido en el marco de una disputa personal a través de una causa fraguada que ya estaba prescripta.
La condena a Levín fue apelada y en 2017 la Cámara de Casación Penal la anuló, al aplicar el criterio de prescripción también para el caso de Cobos. La causa pasó a revisión de la Corte Suprema, que este martes resolvió revocar esta última decisión y reconoció la participación del empresario en este crimen de lesa humanidad.
Según el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, FLACSO y el CELS, el colectivo de víctimas de la reconocida empresa de transporte de pasajeros rondaría al menos los 22 trabajadores.
“Se está saldando una deuda que lleva muchos años», señala Victoria Basualdo, quien hasta hace poco coordinaba la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría de Derechos Humanos.
En diálogo con Canal Abierto Radio, la investigadora del Conicet y Flacso cuenta los detalles del caso y su posible influencia en otras causas que investigan la participación empresaria en el terrorismo de Estado. “El fallo de la Corte desarma los argumentos de Casación y las estrategias clásicas de las defensas”.
La historiadora también se refirió a procesos similares como el conocido como “La noche del apagón”, una causa que tiene en mira a Carlos Blaquier. “Lo que evidencian estos casos es la persecución de la organización y militancia sindical”, apunta Basualdo.
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