Por Ramiro Lorenzo | Una vez más, luego de una elección nacional retorna la discusión sobre el voto electrónico. Como el cuento de la buena pipa, el tema siempre vuelve. Recientemente, la cara de la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal, declaró que de haberse implementado las demoras en la carga de datos no hubiesen existido.
La historia tiene un prólogo que arranca en 2012 con el gobernador Juan Manuel Urtubey. Desde entonces el salteño, cual rockstar, recorrió más de diez provincias enumerando las bondades del sistema Vot.ar de la empresa MSA.
Otro de los defensores de la boleta única electrónica (BUE) es Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos, quién la catalogó de «inviolable”. También Rodríguez Larreta, Macri, Peña, Frigerio. Antes Massa, Scioli o Alfonsín. Es que en 2016, la alternativa tecnológica se debatió muy acaloradamente en el Congreso Nacional, con resultados negativos.
Mitos argentinos
CLIENTELISMO Y SECRETO DEL VOTO: Durante las exposiciones que se realizaron en el Congreso previas al debate legislativo, varios programadores y técnicos demostraron la forma en que se podía, con una simple aplicación para teléfonos con sistema operativo Android, saber cuál era el voto emitido por el elector. Desde una distancia prudencial, cualquier persona con un teléfono móvil que disponga de la aplicación instalada puede leer el chip de la Boleta Única antes de ingresar a la urna. Habiéndose perdido el secretismo, extorsionar a los votantes para garantizar una determinada opción sería muy sencillo.
En las elecciones de 2008 en Holanda, algunos hackers demostraron cómo, con un receptor de radio y una notebook, podían determinar qué había votado el elector desde una habitación contigua a unos 25 metros de distancia, usando ondas electromagnéticas. Otras experiencias demostraron que también se puede vulnerar el secreto con emisores y receptores USB de “ruido eléctrico”.
Y el más burdo, pero igual de efectivo, es el uso de dispositivos de almacenamiento de información digital (memorias, pen drives, dispositivos internos) para insertar en la urna electrónica y alterar el conteo
INTROMISIONES EN EL SISTEMA: Dos días antes de las elecciones primarias de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, el experto en informática Sergio Sorianello penetró el sistema de seguridad electoral que manejaba la empresa MSA y, tras comprobar la vulnerabilidad de la elección, dio aviso a las autoridades. En consecuencia, allanaron su casa. Luego fue sobreseído. La Justicia determinó: “No entró para hacer daño ni lo hizo de manera indebida, sino para dar aviso a la firma de que el sistema de seguridad era vago y podía ser vulnerado con facilidad»
AUDITAR LA ELECCIÓN: Con el sistema de voto con boletas de papel sólo se necesita saber leer, escribir y sumar para auditar la elección. Introducir tecnología informática al sufragio implica que sólo puedan controlarlo especialistas en seguridad informática. En consecuencia, auditar las miles de líneas de un código de software demandaría equipos altamente capacitados, muchísimo tiempo y con resultados falibles
COSTOS: Haciendo una lectura rápida de la situación, parecería que el ahorro en la impresión de millones de boletas de papel representaría una reducción significativa del gasto del Estado. Sin embargo, si contrastamos los más de 4 mil millones de pesos que demandaron las elecciones presidenciales de 2015 con los casi 6 mil millones de pesos presupuestados en el proyecto de ley que quería implementar la Boleta Única Electoral (BUE) en 2017, se revela un aumento presupuestario de 48,2%. Aunque este porcentaje es muy parecido a la inflación acumulada desde 2016, el presupuesto no contemplaba la adquisición de las urnas electrónicas
VELOCIDAD: Es real que el tiempo en el recuento de los votos se reduce cuando se realiza a través de soportes informáticos, pero ¿a quién beneficiaría? ¿Preferimos resultados fácilmente alterables al instante o resultados transparentes pero con demoras?
En la actualidad sólo India, Brasil y Venezuela utilizan el sistema de voto electrónico en su totalidad, y otros países como Bélgica o Estados Unidos lo aplican parcialmente. Alemania, Finlandia y Holanda lo declararon inconstitucional.