Redacción Canal Abierto | Con el análisis de nuevas pericias médicas, la Corte de Apelaciones de Bolonia debe resolver mañana si el cura católico y ex capellán del Ejército argentino Franco Reverberi Boschi, que es requerido por la Justicia mendocina acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, puede ser extraditado a nuestro país.
El tribunal nombró un médico oficial para contrastar los informes de parte presentados por la defensa del imputado y de los abogados que representan al Gobierno argentino en este juicio de extradición.
La Corte de Casación ya se pronunció a favor de la extradición y la fiscalía no rechazó esa decisión, por eso la resolución del caso gira en torno a la condición de salud del acusado que tiene 84 años, es diabético y presenta problemas cardíacos.
Si la reclamación no prospera, Argentina podría solicitar que se lo juzgue en Italia.
Reverberi fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII del Ejército en San Rafael, Mendoza, y es investigado por haber sido partícipe de homicidios, torturas y secuestros en el centro clandestino de detención “La Departamental”, que funcionó en la sede de los tribunales de esa ciudad.
Reverberi se profugó a Italia -su país natal- en 2011, luego de que se iniciara en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad en 2010, donde testigos lo ubicaron en claustro del terror. Desde entonces vive en una parroquia y celebra misa. Hasta 2016 era buscado por Interpol.
En el 2013, Argentina presentó el primer pedido de extradición y los denunció por tortura, pero la Corte de Bolonia en 2013 y la Corte Suprema de Casación en 2014 consideraron que la presentación “carecía de fundamento”.
Finalmente, la Corte de Apelaciones de Bolonia había denegado en marzo pasado la extradición, pero tras un fallo de una instancia de Casación de Italia -el máximo tribunal de apelación de ese país- se ordenó dictar una nueva sentencia.
El Tratado Bilateral de Extradición firmado entre Argentina e Italia establece que, para dar lugar al requerimiento, el delito tiene que estar reconocido en la legislación de ambos países, y en aquel momento no existía el tipo penal para la tortura en Italia.
Pero a partir de 2017, la legislación italiana incorporó la tortura a su Código Penal y en 2020 Argentina volvió a iniciar un nuevo pedido.
En 2021 también se incluyó la acusación del homicidio del militante del PRT-ERP José Guillermo Berón, junto a testimonios que precisaron haber visto a Reverberi en “La Departamental” entre el 9 de julio de 1976 y el 26 de septiembre de 1976.
Esas fechas coinciden con la detención y posterior desaparición de Berón, que fue secuestrado el 28 de agosto de 1976 y, de esa manera, consta en la causa que el sacerdote “estuvo simultáneamente en el centro clandestino de detención con una persona que luego sería desaparecida”.
En el juicio de 2011 sobrevivientes lo recordaron con una Biblia y una pistola, sugiriendo a los secuestrados que aporten información. La fiscalía de San Rafael pidió que se lo citara a indagatoria pero antes de eso regresó a Sorbolo, Parma, su pueblo de origen del cual llegó a Argentina con sus padres cuando era un niño.
El ex cura militar es acusado en el país por la APDH de San Rafael, el fiscal general Dante Vega, la ONG 24 de Marzo y el gobierno nacional representado por la Secretaría de Derechos Humanos. El abogado italiano Arturo Salerni representa a la Argentina en el juicio de extradición.
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