Redacción Canal Abierto | Organismos de derechos humanos de nuestro país y otros de presencia internacional se siguen sumando al repudio por la compra de armas de electrochoque por parte del Gobierno nacional y la insistente pretensión de la gestión porteña para comenzar a utilizarlas en la vía pública.
La semana pasada, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández informó que el Gobierno nacional compró cien pistolas Taser para grupos especiales de las fuerzas federales, como el Albatros de Prefectura, el Alacrán de Gendarmería, los Grupos Tácticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las Unidades tácticas de Intervención Federal y el GEOF de la Policía Federal Argentina.
El hecho se suma a la persistente campaña política y mediática que el PRO y Cambiemos despliega desde hace 10 años para la implementación de estos elementos en la Ciudad de Buenos Aires.
Inmediatamente, en los últimos días organizaciones de la sociedad se manifestaron en contra y reclaman que la administración nacional retrotraiga la medida.
Así se expresaron, mediante un texto conjunto, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los derechos humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.
El comunicado califica a las pistolas de “instrumentos de tortura que afectan el derecho a la vida y a la integridad física”. “Somos categóricos, gobierne quien gobierne: las pistolas Taser violan derechos humanos consagrados en nuestra Constitución”.
“Se está institucionalizando la tortura en nuestro país (…), “su uso contraviene la obligación estatal de prevenir y erradicar la tortura, asumida por el Estado en tratados internacionales”, dicen.
“Las Taser son un instrumento de tortura, así lo dijo el Comité contra la Tortura de la ONU, debido al dolor que provoca, llegando en algunos casos a producir la muerte. Son armas letales, así lo informó Amnistía Internacional. En un informe del año 2012, la organización ya registraba que sólo en EE.UU. se habían registrado 500 muertes por su uso”, advierten.
Finalmente, los organismos recuerdan que elevaron el reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y exigen al gobierno nacional “que retrotraiga la medida tomada y se prohíba su uso en la Argentina”.
Estas armas TASER en un país en el que la picana fue utilizada de manera sistemática como elemento de tortura durante la dictadura genocida, implica una regresión inadmisible en materia de memoria y prevención de que estos crímenes se repitan.
Nunca más tortura en Argentina.
— ODH (@ODH_BsAs) February 24, 2023
“Estas armas TASER, en un país en el que la picana fue utilizada de manera sistemática como elemento de tortura durante la dictadura genocida, implica una regresión inadmisible en materia de memoria y no repetición de estos crímenes”, sintetizan.
A su vez, el Centro de Estudios Legales y Sociales alertó que “son armas menos letales, es decir que su uso desproporcionado puede implicar graves daños”. Así lo expresó Victoria Darraidou, directora del área de Violencia Institucional, en una entrevista para la TV Pública.
"Las pistolas Taser se promocionan como armas no letales, pero en verdad son armas menos letales, es decir que su uso desproporcionado puede implicar graves daños a la salud", advirtió Victoria Darraidou, directora de Violencia Institucional del #CELS en noticiero @TV_Publica. pic.twitter.com/5d7FSkVPCf
— CELS (@CELS_Argentina) February 22, 2023
Por su parte, la filial argentina de Amnistía Internacional solicitó información al Ministerio de Seguridad de la Nación.
El pedido solicita detalles sobre el tipo y la cantidad de armas eléctricas compradas, qué efectivos utilizarán esas armas y cuáles serán los criterios de selección, qué capacitaciones se brindarán y los procedimientos de rendición de cuentas, entre otros.
La organización investiga particularmente y desde hace años el uso de las armas de electrodescarga y observa la experiencia comparada en diferentes países, como Estados Unidos y Países Bajos, y ha manifestado su preocupación ante el mal uso de este tipo de instrumentos.
En 2015 Amnistía Internacional también realizó aportes cuando se debatía la compra de las Taser por parte de la Ciudad de Buenos Aires; y posteriormente también ha dirigido pedidos de información y remitido observaciones en otras jurisdicciones como Salta y Tucumán.
El reconocido organismo ha advertido insistentemente sobre cinco puntos:
- presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento;
- tienen la capacidad de infligir dolor severo pulsando un botón, pero casi no deja huellas en la persona y el sufrimiento serio causado no es visible para la fuerza de seguridad que está utilizando;
- son usadas con demasiada frecuencia por las fuerzas de seguridad –no sólo en situaciones extremas y limitadas cuando haya una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesiones graves- como lo establece el Comité contra la Tortura de la ONU;
- muchas veces son utilizadas en modo “aturdimiento” a partir de la descarga continua o prolongada si se aprieta reiteradas veces el gatillo o se mantiene apretado, con la intención de infligir dolor, lo que equivale a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- se suelen subestimar los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas.
Por esos motivos, Amnistía emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra “suspender las compras de armas tipo Taser y otras armas de electrochoque, así como su uso, hasta que no se realice una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre su uso y efectos”.
– Establecer un marco legal que limite estrictamente su uso a situaciones en las que la alternativa sería el uso de la fuerza letal, de acuerdo con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego; Prohibir las descargas reiteradas o prolongadas.
– Prohibir terminantemente su uso contra los siguientes grupos: mujeres embarazadas, ancianos, niños, niñas y jóvenes menores de edad, personas con trastornos emocionales, personas que presenten alguna discapacidad psíquica o física, personas en situaciones de vulnerabilidad, personas bajo los efectos de las drogas.
– Asegurar que todos los funcionarios reciban formación adecuada y basada en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.
-Garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y otras conductas indebidas se investiguen de forma exhaustiva e imparcial.
“El mantenimiento del orden y la seguridad no debe contraponerse con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de derecho”, concluyen.