Canal Abierto Radio | Ayer se dieron a conocer los fundamentos de la condena contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la obra pública en Santa Cruz, que el 6 de diciembre pasado había determinado seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
“Esto es un hito más para volver a tener en la prensa y en la discusión política nacional a Cristina Fernández en la posición de tener que defenderse de una acusación por hechos de corrupción”, afirmó en diálogo con Canal Abierto Radio Marcelo Maisonnave, abogado que integra el Observatorio del Lawfare del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Y recordó que “quienes tuvieron la oportunidad de seguir en los alegatos del año pasado tanto de la defensa del doctor (Alberto) Beraldi, como también las acusaciones de los fiscales Luciani y Mola, realmente quedó muy visible y muy expuesta la total desconexión de Cristina respecto de las licitaciones de la obra pública en la provincia de Santa Cruz”.
“Son 51 horas públicas en la cual se acusa Cristina de administración fraudulenta y de un perjuicio al Estado en una causa en la cual las pericias también han demostrado que todas las obras se han hecho en tiempo y forma de acuerdo a la virtualidad de la obra pública en una provincia patagónica, con todo lo que eso implica”, aseveró Maisonnave.
El letrado se refirió al contenido de los fundamentos y destacó que “en la propia sentencia se habla de una cartelización que no está probada. Incluso los propios testigos, han sido citados empresarios o incluso los legisladores de la oposición que en su momento aprobaron el presupuesto que dio cauce a la realización de estas obras, y en ningún momento manifestaron haber sido presionados o amenazados, ni siquiera inducidos a aprobar o a generar algún tipo de maniobra respecto a estas obras para favorecer al empresario Lázaro Báez y mucho menos que Cristina Fernández haya sido quien hubiese cometido tal extorsión, amenaza o manejo de la obra pública en Santa Cruz”.
Y advirtió que “esto se observa como un paso más de algo que ya lleva muchos años en Argentina. No es de ahora, siempre con cada acontecimiento fuerte uno se vuelve a sorprender y vuelve a asumir este rol de tener que explicar, de tener que indagar qué quiso decir en este caso el Tribunal, por qué justifican una condena y realmente los elementos son nulos e incluso el propio tribunal tuvo que no reconocer la acusación de los fiscales, la asociación ilícita”.
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“Cuando vemos que no hay elementos, cuando vemos que al ministro de la materia como era Julio De Vida se lo absuelve, cuando vemos también que este tema ya había sido analizado y juzgado por la propia provincia de Santa Cruz y sus tribunales locales, entonces realmente es un invento jurídico que será la Casación quien resuelva”, agregó.
“También hay que ver quiénes son los actores porque uno habla de tribunales y estamos hablando de actores. Pueden ser esos fiscales o camaristas que visitaban a Mauricio Macri en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos o que juegan al fútbol es una quinta familiar del propio expresidente, entonces claramente hay un armado que está muy difícil”, subrayó el especialista.
Consultado por el mecanismo que busca ocultar la existencia del lawfare como tal y circunscribir la condena al mero funcionamiento de la Justicia, Maissonave planteó: “quienes son parte de este armado no van a reconocer que están participando. Eso pasó con la visita a Lago Escondido de empresarios de medios con los mismos jueces y funcionarios. Está claro que acá en Argentina hay una disputa política muy importante que lleva muchos años. Y Cristina Fernández tiene una representación popular que es quizá la última líder política que la puede tener para impedir que estos sectores se apropien de la renta de exportaciones de toda la producción nacional”.
“Hay una disputa económica detrás de todo esto que está clara y la negación del lawfare viene de la mano también, o muchos juristas, que son a veces muy cerrados, muy corporativos, que se niegan a analizar el derecho desde la multidimensionalidad”, señaló Maisonnave.
Y alertó que esta situación trasciende el destino que pueda tener la vicepresidenta y cualquier dirigente o espacio político: “el Poder Judicial argentino, en especial el Federal están en un momento de grave retroceso. Está empantanado, no resuelve cuestiones básicas del debido proceso, en este caso penal, y me parece que se está retrocediendo muchísimo en la solidez del Estado de Derecho en Argentina. No ver la gravedad de esta situación nos puede condenar por muchos años más”, concluyó.
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