Redacción Canal Abierto | Al caer la noche del miércoles 1º de junio la Cámara de Senadores de Salta convirtió en ley el proyecto que regula las protestas y cortes de rutas y calles en la provincia, al que los medios locales dieron en llamar “ley antipiquetes”. Un día antes, la iniciativa, con la autoría de las diputadas Cristina Fiore (monobloque Confluir) y María del Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro, saenzistas), había obtenido media sanción en la cámara baja provincial.
Esta medida legislativa se produce en el marco de un extendido conflicto gremial de los trabajadores de la educación y de la salud. Esta es la cuarta semana de paro docente con un acatamiento que fue cambiando a lo largo de las semanas pero osciló entre el 70 y el 90%, con un pico esta semana tras las represiones del miércoles y el jueves pasado, incluyendo ese día la detención de 19 docentes.
El paro por tiempo indeterminado con cortes de rutas y masivas movilizaciones de los docentes autoconvocados y los profesionales de la salud es en reclamo de mejoras salariales, ante las cuales el recientemente reelecto gobernador Gustavo Sáenz parece no querer ceder.
“Nosotros, el frente autoconvocado intersectorial de salud y educación de la provincia de Salta, con el gobierno no tenemos avances porque la postura que tienen es muy intransigente, no quieren sentarse a discutir ninguno de los puntos con nosotros y la verdad no quieren reconocer que la legitimidad la tenemos nosotros, que la masividad la tenemos nosotros, porque nuestro reclamo es legítimo”, explica a Canal Abierto Claudio Uriona, docente y formador de docentes. Estas semanas, la ciudad capital de la provincia ha sido protagonista y espectadora de las mayores y más masivas marchas de los últimos años, la última de más de 30 cuadras de extensión.
“Hemos canalizado los distintos reclamos de los diferentes puntos de la provincia de Salud y Educación y no están dispuestos a sentarse con nosotros porque prefieren seguir sellando paritarias a la baja con los gremios. Ellos han avanzado en firmar con los gremios con bombos y platillos, diciendo que los salteños teníamos los mejores sueldos, pero lo cierto es que el salario del maestro de grado no llega a superar la canasta básica total, que está por arriba de los 203 mil pesos y mucho menos la familiar, que está en más de 300.000 pesos”, describe Uriona. “Sólo dos gremios no han firmado la paritaria a la baja, ATE y SITEPSA (Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia Salta), y se están sumando, han convocado al paro por hoy y por mañana y se están sumando a las diferentes medidas de fuerza para visibilizar nuestro conflicto”.
Ley anti-protesta
El texto de la ley represiva, aprobado por mayoría, dispone que el Ministerio de Seguridad y Justicia será la Autoridad de Aplicación del protocolo y que puede o no autorizar una manifestación, “sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria”.
“Consideramos que la ley anti-protesta es anticonstitucional. Pretenden criminalizar y penalizar las manifestaciones por cualquier reclamo de cualquier ciudadano o conjunto de ciudadanos de nuestra provincia. No se trata solamente de cuestiones salariales o por mejores condiciones laborales, sino, por ejemplo, porque en tu barrio tenés problemas con el agua o con la luz. Entonces si te querés manifestar tenés que avisar a la policía, declarar quiénes son los organizadores y si pasa algo tenés que hacerte cargo de todo y, si es necesario, te van a ir a buscar… es algo propio de una dictadura”, manifiesta el delegado de los docentes autoconvocados.
“Le hemos dejado en claro al cuerpo legislativo que hoy por hoy ellos están sentados en sus bancas, pero mañana pueden dejar su banca y estar manifestándose por algún reclamo del sector al que pertenecen. Les exhortamos a que no instrumenten leyes para reprimirnos más y para silenciarnos”.
“Esto nace por la inoperancia y la falta de voluntad política del Ejecutivo”
Por el momento, el gobernador Sáenz se ha declarado prescindente y sus funcionarios se pasean por los medios criminalizando a los docentes y defendiendo la paritaria a la baja firmada con algunos gremios. La Justicia provincial opera como reaseguro de esta postura intransigente, iniciándole causas a los manifestantes detenidos.
“La jueza que intervino (jueza de Garantías Ada Zunino), lo hizo sobre una ruta nacional. Nosotros estamos advirtiendo que cometió prevaricato porque no tiene competencia sobre una ruta nacional, y sin embargo ordenaron reprimir a los compañeros que no estaban cortando ruta, ni siquiera llegaron a hacer un corte intermitente y fue una verdadera cacería de docentes. Había compañeros caminando al costado de la ruta y sin mediar palabra los cargaron en una furgoneta. Dígame si eso no nos recuerda una época oscura de nuestra historia”.
Abogados defensores de los y las docentes procesados ya pidieron el apartamiento de la jueza Zunino por “adelantamiento de juicio”, debido a las declaraciones que vertió en una entrevista en la radio CNÑ, en las que aseguró: “No hubo represión, cometieron un delito, y ser docente no te da patente de impunidad”.
“Todo esto nace por la inoperancia y la falta de voluntad política del Ejecutivo para sentarse con nosotros y avanzar en un diálogo constructivo y ofrecer respuestas a nuestros reclamos. Nos hemos sentados con funcionarios de segunda línea, incluso con el ministro que ha prometido dos cosas y no las cumplió. Ellos están en su postura cerrada de no querer sentarse con nosotros y estás muy cómodos habiendo firmado con los gremios”, concluye Uriona.
Foto principal: Leandro Herrera