Redacción Canal Abierto | El paro docente por tiempo indeterminado en Jujuy va por su sexta jornada y continúa fortaleciéndose. Abarca todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta superior, y el rechazo al extorsivo decreto 8464 ha generado un repudio generalizado de todo el arco gremial que se suma al proceso de movilización y protesta iniciado por la docencia.
“Los docentes en este momento estamos apostados al costado de las rutas de toda la provincia, con ollas populares, con mateadas. Seguimos recibiendo una solidaridad muy importante, expresada en carteles, en bocinazos, en donaciones y en acompañamiento de las medidas. Así que el paro sigue porque no han atendido nuestros reclamos”, narra Mercedes “Mecha” Sosa, secretaria General del CEDEMS (Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior) desde San Salvador de Jujuy en comunicación con Canal Abierto.
Por su parte, esta mañana, Gerardo Morales dio una conferencia de prensa junto con su ministro de Hacienda, el gobernador electo Carlos Sadir, en la que anunció que los sueldos serán liquidados según la última propuesta salarial realizada a los gremios.
“Hasta acá llegamos, si los docentes mañana no vuelven a las aulas, se les descontarán los días de huelga y el presentismo”, amenazó quien pretende ocupar algún lugar en la fórmula presidencial de la entente cambiemita. “Ya hemos mandado a liquidar el aguinaldo y el sueldo con esa propuesta”, aseguró Morales.
Previamente, jugando al policía bueno o bipolar, el gobernador inició su alocución señalando: “hemos compartido plenamente el justo reclamo de los docentes. Compartimos el reclamo de los docentes, sobre todo los dos últimos meses fue tremenda la inflación”.
Recordemos que este conflicto gremial, que mantiene cerradas las aulas de toda la provincia, se sostiene pese a la amenaza del Decreto Nº 8464, que modificó la Ley Contravencional de la Provincia de Jujuy para establecer un sistema de sanciones contra quienes protesten y manifiesten en las calles. De acuerdo al mismo, quienes permanezcan en espacios públicos “alterando el orden” y/o obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, deberán pagar multas individuales de $ 8.798.700, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de hasta dos años si los infractores fueran funcionarios nacionales, provinciales o municipales.
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Los motivos del paro
“El sueldo básico de un docente en este momento es de 34 mil pesos. La última oferta salarial de parte del gobierno fue incrementar el presentismo al 40% del sueldo básico –hoy es del 20% del salario–. Lo que nosotros estamos solicitando es que si hay una partida presupuestaria destinada para ese presentismo, que pase directamente a nuestro básico y se blanqueen los adicionales, para así poder llegar a 100.000 de básico (por un turno) y a 210.000 en el salario total para no estar por debajo de la línea de pobreza y cláusula gatillo. Eso estamos pidiendo entre otras reivindicaciones postergadas desde hace años”, explica la dirigente del CEDEMS.
La docente señala también que la razón de esta postergación y de que los salarios estén tan atrasados en la provincia es la política extorsiva de Morales. “Estamos limitados en nuestro ejercicio del derecho a huelga, porque nos descuentan los días y porque el presentismo entró a jugar como una variable muy importante. En cada paritaria se termina aumentando este ítem cuando en realidad no es parte del salario”.
La última oferta del gobierno, anunciada en la conferencia de hoy, de 179.000 pesos de salario inicial para una doble jornada incluye el mencionado presentismo. “Nos parece un mensaje que confunde, que es mentiroso”, señala Sosa.
Contra la reforma
En el conflicto docente, que se amplía a otros sectores de trabajadores públicos y gana apoyo social, también gravita la reforma constitucional encabezada por el oficialismo provincial. “El actual proyecto no nos da garantías acerca de la posibilidad de protestar y no ser penalizados. El decreto del día viernes que dispone una multa a los manifestantes de 8 millones de pesos y la posibilidad de ser exonerados de su cargo, expresa la brutalidad en relación a la estigmatización de la protesta. Por eso los docentes estamos movilizados con la consigna: “Arriba los salarios, abajo la reforma”, porque la verdad que tememos que de aprobarse la nueva Constitución provincial haga peligrar las medidas de fuerza en un proceso paritario”, señala Sosa.
Lo cierto es que pese a las amenazas, el plan de acción de los docentes continúa toda la semana y muchos sindicatos también han salido a las calles tras la iniciativa de las y los trabajadores de la educación. Esta tarde la incipiente mesa Intergremial provincial se presenta en sociedad, precisamente en la sede del gremio de los docentes de enseñanza media.
Para el miércoles 14 de junio se prevén permanencias en las seccionales gremiales o al costado de las rutas y la realización de cacerolazos. El jueves se convoca a una Marcha de Antorchas con un festival artístico bajo el lema “Rechazamos la reforma”; y el viernes a una nueva Marcha Provincial en la capital jujeña.
“Acá la comunidad está consciente de cómo venimos siendo expoliados por una política de ajuste, de precarización, de empobrecimiento salarial”, señala la docente. “Por ahora, no ha reprimido porque ver a los docentes reprimidos en el contexto en que quiere ser vicepresidente, no queda muy bien. Por eso dice que nuestro reclamo es genuino, pero que es lo que la provincia puede. Es un vil mentiroso, allá en Buenos Aires anda de campaña diciendo que Jujuy nada en la abundancia y nos tiene con unos sueldos miserables. Esa es la bronca de la gente… incluso puso publicidades en Qatar, millonarias… ¿De dónde sale esa esa plata? De lo que nos ajusta a nosotros, de ahí sale”, concluye enérgica Mecha Sosa.
“Me comprometo en derogar ese decreto. Ahora a los docentes, que vuelvan a las aulas. No volvemos a negociar en medio del conflicto”, afirmó el gobernador en alusión al cuestionado decreto, pero la dirigencia gremial rechazó sus palabras hasta tanto no sea publicada la derogación.
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social expresó su preocupación por el dictado de normas en jurisdicciones provinciales que violentan “tanto el derecho de huelga como el de libre expresión de trabajadores y trabajadoras”.
La comunicación de la cartera laboral señala la ley N° 8376 denominada “Ley de Convivencia Social” sancionada el 1 de Junio de 2023 en Salta, “que en su implementación presenta importantes desajustes con la legislación nacional e internacional sobre el derecho de huelga”; y el dictado del decreto 8464 en Jujuy, “que modifica una ley provincial, y bajo el pretexto de garantizar los derechos de libre tránsito y circulación, veda y penaliza la manifestación de trabajadores y trabajadoras, vulnerando la libertad sindical y disponiendo el empleo de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia Penal para criminalizar y reprimir la protesta”.
Desde el ministerio se señala que en ambos casos se avanza sobre derechos consagrados en la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, y en tratados internacionales que nuestro país ha ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos y los convenios vigentes de la Organización Internacional del Trabajo, en especial el Convenio 87 sobre Libertad Sindical.[/mks_toggle]