Redacción Canal Abierto | Esta mañana, en el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes comenzó el juicio por las muertes de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, ocurridas el 2 de agosto de 2018 en el comedor de la Escuela Primaria Nº 49 “Nicolás Avellaneda” de Moreno, provincia de Buenos Aires, como producto de la explosión de una garrafa.
El hecho que provocó la muerte de ambos trabajadores de la educación se debió a la acumulación de gas en una de las salas del colegio como consecuencia de las pérdidas que sufría uno de los artefactos. La explosión sucedió sólo minutos antes de que decenas de chicos llegasen a clase, cuando Sandra y Rubén se encontraban preparando el desayuno.
El proceso tiene en el banquillo a cuatro acusados: el gasista Cristian Ricobene, imputado por “homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública”; el interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian, los tres imputados por “incumplimiento de los deberes del funcionario público”. Todos ellos se mantienen en libertad.
“Que se pueda encontrar a los culpables y que paguen por la muerte de Sandra y Rubén, es lo que venimos esperando hace cinco años”, dijo Diego Rodríguez, hermano del auxiliar fallecido en declaraciones a Télam. También, señaló: “Sabemos que los imputados que están ahora no son todos, creemos que faltan los responsables políticos”.
La responsabilidad estatal
En efecto, luego de los fallecimientos la comunidad de Moreno se organizó y marchó pidiendo justicia. De igual manera, señaló como responsables a las autoridades provinciales, gobierno que por entonces estaba a cargo de María Eugenia Vidal.
“Esto sucedió por la desidia del Estado, por ese mirar para otro lado y poner la plata en seguridad y represión, en llevarla hacia afuera, y no ponerla en las escuelas, en los hospitales”, sostuvo Alejandra, hermana de Sandra, en una de estas manifestaciones, a dos meses de la tragedia.
Desde el establecimiento habían notificado al Consejo Escolar el persistente olor a gas al menos cinco veces desde los comienzos del ciclo lectivo 2018. El día anterior a la explosión había estado en el establecimiento el gasista imputado para arreglar la fuga, enviado por las autoridades provinciales. El Consejo Escolar de Moreno estaba intervenido desde 2017.La gobernadora Vidal había paralizado las obras de construcción de nuevas escuelas.
“Más allá de quienes están imputados, vamos a ir por los funcionarios porque ellos fueron los que abandonaron a esta escuela”, anticipó Rosa Merlo, abogada de las familias de ambos trabajadores, en declaraciones a la agencia estatal.
Por su parte, esta mañana la secretaria de Formación Político-sindical de Suteba, que en 2018 era secretaria general de ese gremio en Moreno, Mariana Cattaneo, sostuvo que, después de la tragedia y de que se paralizaran como consecuencia las clases en todo Moreno, “los gasistas matriculados que Vidal mandó para recorrer las escuelas y revisar las instalaciones encontraron que más del 80% de los edificios tenían pérdidas”.