Canal Abierto Radio | La semana pasada se conoció un nuevo capítulo de la saga Vicentin, cuando el juez comercial a cargo del concurso preventivo de la empresa, Fabián Lorenzini, rechazó la propuesta de la empresa y extendió hasta el 17 de octubre el plazo para la presentación de un nuevo plan de pagos, en el marco del proceso de cramdown o “salvataje”.
A través de un comunicado, el sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de los Departamentos de General Obligado y San Javier insistió con su reclamo para que la firma presente un plan de continuidad y estabilidad laboral para el Nodo Norte, la planta madre de la cerealera ubicada en Avellaneda-Reconquista.
“Hasta el momento, solo de palabra nos dijeron que íbamos a seguir trabajando”, explicó Leandro Monzón, secretario general del gremio, en comunicación con Canal Abierto Radio. Y agregó que el sindicato ya había efectuado este pedido en instancias judiciales anteriores, tanto ante el juez Lorenzini como ante la Corte de Santa Fe.
En el mismo sentido se expresó Lorenzini en su última resolución: “No contempla un plan de reorganización empresaria que disponga con certeza cual será el destino de las unidades de negocios y los trabajadores de la ciudad de Avellaneda(Santa Fe), durante el plazo de cumplimiento del acuerdo”, argumentó.
Ahora, tras la resolución, los trabajadores están a la expectativa de si Vicentin se presenta o no, o si se presentan otras firmas.
Cabe recordar que el concurso se inició luego de que el gobierno nacional diera marcha atrás con la intervención de la cerealera, fuertemente endeudada y en concurso de acreedores. El objetivo del plan, que incluía declarar a la empresa de utilidad pública para avanzar en su expropiación, era proteger los intereses de la banca pública, además de productores, acopiadores, corredores, bancos, organismos, empresas competidoras y de servicios, ante un posible vaciamiento.
Monzón contó que, de aquel tiempo a esta parte, el clima social cambió mucho en Reconquista. “Está muy dividida la cosa. Ahora la gente empezó a creer más en lo que decía el gremio (que desde un primer momento se manifestó a favor de la intervención), sumado a lo que está viendo en la justicia, y cambió totalmente: esta semana hicieron dos movilizaciones en apoyo a la empresa (y en contra de la decisión judicial), y no juntaron ni 50 personas”, graficó.
“Ni el juez ni nadie quiere la quiebra, todos queremos una solución que llegue lo antes posible y que siga funcionando normalmente”, aclaró el dirigente. Y añadió: “Es por eso que apoyamos la intervención estatal, como hicimos en otros casos, como como cuando cerró Cosco, durante el gobierno de Macri”, recordó.