Redacción Canal Abierto | Matías Santana es padre de los hijos de la machi Betiana Colhuan Nahuel. Ella fue detenida el 4 de octubre de 2022 junto a otras siete mujeres en el operativo de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu de las tierras ancestrales que habían recuperado en Villa Mascardi, en litigio con Parques Nacionales.
Durante casi ocho meses ella estuvo detenida con prisión domiciliaria junto a los hijos de ambos, uno de ellos lactante, y otras tres compañeras con sus niñes en una casa en condiciones muy precarias, la Ruca del CoDeCi (Consejo de Comunidades Indígenas). Se las acusaba de usurpación, un delito excarcelable y que, eventualmente, si tuviera condena, sería de ejecución condicional.
Matías fue detenido este sábado 17 de febrero cerca de las 8 de la mañana cuando circulaba por la ciudad de Bariloche con sus dos hijos -de 1 y 5 años-. “Fue violentado junto con nuestros niños y luego trasladado al destacamento de la Policía Federal. Pesaba sobre él un pedido de captura por la causa de usurpación del Lafken Winkul Mapu. Nosotros repetimos que no podemos ser usurpadores dentro de nuestra propia tierra, nosotros luchamos por la defensa de un espacio ceremonial sagrado, de un rewe, muy importante para nosotros como mapuches. No somos terroristas, no somos delincuentes, somos mapuches que defendemos el territorio, la vida y el agua”, explicó en redes Betiana Colhuan.
Por la misma causa están detenidos en este momento Jessica Bonnefoi Carriqueo y Gonzalo Coña, según la ministra Bullrich, “terroristas disfrazados de mapuches”. La joven está presa por defenderse en un desalojo y Coña, herido de bala por los prefectos asesinos de Rafael Nahuel, por no presentarse en un juicio al que había sido convocado cuando estaba viviendo en otra provincia. Recordemos que el conflicto de tierras que originó este pleito tuvo un comienzo de resolución tras una mesa de diálogo entre el gobierno nacional -en la gestión de Fernández- y autoridades comunitarias, pero el Ejecutivo incumplió en mayor medida, lo pactado.
También recordemos que el desalojo de 2022 se produce “porque acusan a la Comunidad de incendiar una casilla de gendarmería, y a partir de ahí se convierte en la excusa para hacer un desalojo muy violento. Una causa que la Gremial de Abogados y Abogadas considera que fue armada”, explica la abogada Laura Taffetani.
Esta funcionaria que insiste en criminalizar a los pueblos originarios, promoviendo la construcción de un enemigo interno, y en montar shows mediáticos que condujeron a la muerte de Rafael Nahuel -tras el desalojo mencionado previamente- y de Santiago Maldonado a manos de las fuerzas federales bajo su mando.
Indagatoria
“A Matías se lo acusa por el suceso de Los Radales, que es el que dio lugar al desalojo de la comunidad en octubre de 2022. Además lo acusan de usurpación del ex hotel Mascardi -un edificio de los años 50 abandonado por décadas- y del predio La Escondida. Estamos viendo si podemos evitar que lo procesen por el delito de Los Radales para lograr su excarcelación”, comentó a Canal Abierto Taffetani, letrada de la Gremial.
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Los Radales es una propiedad lindera a las tierras recuperadas por la lof mapuche. En agosto 2022 sufrió un incendio por el que sus propietarios y la Justicia acusan a los miembros de la comunidad. En ese predio se instaló para vigilancia una casilla de Gendarmería que el 25 de septiembre de ese año fue atacada e incendiada, denuncian los gendarmes, por jóvenes mapuches. No hay pruebas del hecho, ni se sustenta que una patrulla de cinco gendarmes, profesionales, fuertemente armados abandonen el lugar que debían vigilar por un supuesto ataque de gente provista de palos y piedras. Ese presunto ataque fue la excusa para que el ministro de Seguridad Aníbal Fernández dispusiera la creación del Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi integrado por fuerzas federales y de Río Negro, y llevara adelante el desalojo y la detención de las siete mujeres pertenecientes a la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Ese operativo fue ordenado por la jueza federal Silvina Domínguez en el marco de la causa por la ocupación de Los Radales a pedido de la fiscal federal interina María Cándida Etchepare, quien solicitó el desalojo de los siete predios que la Justicia considera usurpados en este conflicto.
Se hacen las acusaciones sin tener pruebas concretas de que esa persona cometió tal delito. Así funciona el derecho penal, para cualquier persona, tiene que haber pruebas y no hay prueba de que Matías Santana estuvo en el hecho de Los Radales, porque él no estaba en el lugar. Vamos a pedir ampliación de la indagatoria para que Matías presente las pruebas de que él no estaba ahí”, explica Tafettani tras la indagatoria de este lunes 19 de febrero.
“La Justicia no está considerando el hecho de que sean un pueblo originario ni de que sea un conflicto territorial. Aún así, si yo aplico las normas para cualquier ciudadano, tenés que tener pruebas de que vos fuiste; por el sólo hecho de ser pareja de la machi o ser integrante de la comunidad no pueden acusarte. No hay pruebas. Para inculparlos son comunidad pero para considerar que no es usurpación y se trata de un conflicto territorial no consideran sus derechos comunitarios”, concluye la abogada.
Matías tampoco estuvo en el inicio de esta causa porque el es de Cushamen, Chubut, donde su lof fue perseguida por la Gendarmería bajo las órdenes de la ministra Bullrich en 2017, momento en el cual tras un operativo de la fuerza, sin orden de ningún juez, desapareció Santiago Maldonado para luego aparecer muerto dos meses más tarde sumergido en el río Chubut en un lugar cuatro veces rastrillado. En su lenguaje bravucón, la comisaria Bullrich celebró en la red X la detención de Santana rematando con la sentencia: “¡El que las hace, las paga!”. El pueblo sabe esperar y llegará el día de cobrarle a los Bullrich las históricas deudas con las clases populares.