Redacción Canal Abierto | La noche del viernes 5 de abril, un grupo de policías ecuatorianos irrumpió en la embajada de México en Quito y capturó al ex vicepresidente Jorge Glas, asilado allí desde diciembre pasado tras ser condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción.
Glas fue elegido vicepresidente en 2013 acompañando a Rafael Correa y reelecto en el cargo integrando la fórmula de la Alianza País junto a Lenin Moreno, para el período 2017-2021. El 3 de agosto de 2017 Moreno le retiró a Glas todas las funciones oficiales asignadas debido a las crecientes acusaciones de corrupción en su contra relacionadas al caso Odebrecht que se inició en Brasil y complicó a funcionarios en todo el continente. Meses después fue destituido y pasó varios de los últimos años en prisión.
La irrupción de las fuerzas policiales ecuatorianas en la embajada de México, horas después de que el gobierno de López Obrador concediera el asilo a Glas, constituye una violación a los estatutos internacionales y, puntualmente, de la Convención de Viena.
“Glas tiene una serie de juicios pendientes y pidió asilo político en la embajada de México. Recientemente, el gobierno mexicano le concedió el estatus de asilo. Ante eso, el gobierno de Daniel Noboa ha tenido una reacción absolutamente injustificable, desde mi punto de vista: el asalto armado y violento de la embajada mexicana en Quito que ha generado una lluvia de condenas internacionales de países, organismos multilaterales e incluso de Estados Unidos y la Unión Europea”, sostiene en diálogo con Canal Abierto Decio Machado, analista político y periodista español que reside en el país andino hace más de 20 años.
El frente interno, la principal razón
“Estamos asistiendo a unos eventos en los que se ha utilizado la política internacional para un contexto interno. En Ecuador hay una consulta popular impulsada por el gobierno el próximo 21 de abril. Los últimos indicadores estaban reflejando una pérdida de popularidad del presidente y un crecimiento de la resistencia a algunas de las preguntas de la consulta”, explica Machado.
El referendo tiene 11 preguntas. La primera de ellas tiene relación con la militarización del país justificada por el marco de inseguridad existente y la lucha contra las bandas delictivas. El texto plantea: “¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución?”.
La flexibilización laboral es otro de los ítems planteados en la consulta, consultando la aprobación de un régimen de contratación por horas. El texto explicita: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?”
Otra consulta que genera dudas y críticas de la oposición, propone volver a la lógica de arbitraje en organismos multilaterales -como el CIADI, la Corte Internacional de Arbitraje (CCI), etc.- de los conflictos del Estado ecuatoriano con empresas multinacionales, criterio eliminado por la Constitución del 2008, en la reforma encabezada por la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. El texto plantea: “¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?”.
También se consulta sobre la extradición de ecuatorianos, incremento de penas, control de armas y participación de las FFAA en seguridad interior.
“Se utilizó este hecho para plantear una repopularización del presidente Noboa, en este marco de pérdida de popularidad que se había dado en el último mes, plantarse como un hombre fuerte, con un discurso nacionalista, con esta lógica de lucha contra la corrupción encarnada en la figura del ex vicepresidente Glas”, explica Machado
“La situación del país se ha polarizado en torno a este incidente diplomático; hay una parte de la sociedad que avala al Presidente, a esa figura de hombre fuerte, de suerte de Bukele andino. En sociedades que son flageladas por la delincuencia, por la violencia, se impone en algunos sectores una lógica de conservadurismo. Por otro lado, otra parte de la sociedad no entiende que se haya producido este hecho sin precedentes en América Latina y censura que el Ecuador se haya convertido en una especie de paria internacional”.
Un gobierno de transición
Otro factor señalado por el analista político es la caracterización de este gobierno como un mandato de transición. Recordemos que Daniel Noboa llega a la presidencia tras la aplicación del mecanismo constitucional de “muerte cruzada” por parte de su antecesor Guillermo Lasso, quien ante la inminencia de un juicio político que podría acabar con su gobierno disolvió la Asamblea Legislativa y convocó a elecciones anticipadas. El presente mandato es hasta la conclusión del periodo de la anterior presidencia, en poco más de un año nuevamente habrá elecciones presidenciales.
“En Ecuador, a mediados de febrero del año que viene vuelve a haber elecciones. Noboa tiene un periodo de gestión de apenas un año y medio y lleva cuatro meses de gestión. Él ha entendido la lógica estratégica de su política gubernamental como una campaña electoral permanente. Por lo tanto, la declaración de guerra interna, de combate contra el narcotráfico, contra la violencia es su marca en esta lógica de campaña y la aprovecha para tener al país en este estado de excepción permanente”.
Los costos
Tras el asalto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la suspensión de las relaciones diplomáticas con Ecuador. “Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”, aseguró el mandatario.
La ruptura de relaciones con México, una de las dos potencias subregionales junto a Brasil, “evidentemente va a traer consecuencias porque el peso de México en los foros internacionales es importante, sobre todo en las instancias latinoamericanas. En segundo lugar, el gobierno mexicano declaró su intención de recurrir a la Corte Internacional de Justicia que, después de la unánime condena de la comunidad internacional, es esperable que dicte una sentencia que indique la violación flagrante”, explica el analista. “Esto puede implicar desde sanciones pecuniarias hasta la exclusión temporal de foros, comités y espacios de votación en organismos multilaterales”.
AMLO – Ecuador: una relación tensa
“Las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador venían enrarecidas desde 2019, cuando el gobierno de López Obrador otorgó asilo político a siete ex altos funcionarios del gobierno de Correa: dos ex ministros y cinco ex legisladores, dos de ellos con condenas judiciales, si bien algunas de estas sentencias son controvertidas. De este modo estos funcionarios se marcharon del país con condenas”, explica Decio.
“La tensión bajó en algún momento pero recrudeció en enero del 2023 porque después de una negociación de cuatro años en torno a un acuerdo de libre comercio entre los dos países, el presidente López Obrador condicionó los acuerdos a que se eliminaran dos partidas de exportaciones ecuatorianas que son fundamentales en el país: el camarón y el banano, las dos más importantes después del petróleo. Esto paralizó las negociaciones e hizo que el Ecuador no pudiese entrar en la Alianza del Pacífico y que era una estrategia que tenía el gobierno de Guillermo Lasso”.
Las malas relaciones de AMLO con los gobiernos conservadores del Ecuador tienen trayectoria y se agudizaron cuando en diciembre Glas solicita asilo en la embajada y recientemente, México se lo concede.
¿El diablo metió la cola?
El Departamento de Estado publicó una declaración de censura a la intromisión ecuatoriana en la embajada de México. También lo hizo el incombustible Luis Almagro al frente de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). El presidente de Bolivia Luis Arce, la presidenta de Honduras Xiomara Castro, la cancillería brasileña, el gobierno de Uruguay y Nicolás Maduro manifestaron su condena y preocupación ante el atropello producido por el gobierno de Noboa.
“Desde los movimientos sociales, los análisis que se hacen en Ecuador, es que no tendría sentido hacer una invasión de un espacio diplomático sin el consentimiento de los Estados Unidos. La presencia de Washington en la política interna del Ecuador es tremendamente fuerte en este momento, el propio embajador norteamericano en el país, Michael Fitzpatrick, habla de política nacional sin ningún recelo ni pudor. Sin embargo la censura desde Washington parece indicar que ha sido una iniciativa unilateral por parte del gobierno ecuatoriano”.
Decio destaca las connotaciones de este hecho: “sienta un precedente muy complejo para la región. Son varios los países en los que hay expedientes abiertos sobre opositores, algunos que han sido ex presidentes como Cristina Kirchner, o sobre líderes comunitarios, líderes sociales, que están siendo perseguidos judicialmente acusándoles de delitos de carácter político. En este sentido me parece que esto sienta un precedente muy problemático, muy conflictivo en los momentos que vivimos en América Latina”.