Redacción Canal Abierto | A diferencia de otros ministerios, la lista de despidos en Defensa fue relativamente acotada: 20 cesantías, la mitad de ellas de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERYA) de archivos de las Fuerzas Armadas.
Se trata de la liquidación del área dedicada a investigar los crímenes de la última dictadura, una tarea reconocida por jueces, fiscales y hasta organismos internacionales como la UNESCO.
Los equipos nacieron en 2010 tras el decreto 4/2010 de Cristina Fernández de Kirchner que desclasificaba la información sobre las Fuerzas Armadas referida al período 1976-1983. Desde su creación, produjeron más de 170 informes y relevaron más de 17.000 legajos para que la justicia investigue y juzgue el accionar de los represores.
“El direccionamiento y el objetivo es claro: con la nueva gestión, el Ministerio se lleno de personas cercanas a Victoria Villarruel y ex militares, como es el caso de Claudio Pasqualini (exjefe del Ejército de Macri, hoy número dos en el Ministerio), quien se supone impartió la orden de nuestras cesantías”, contó Alan Rüst, uno de los especialistas en archivos, antropólogos y historiadores que perdieron su fuente de trabajo.
El desguace del sector pone en peligro legajos, actas, currículums, hojas de ruta de los militares, listas con insumos. Una suerte de memoria histórica de las fuerzas, garantía de derechos para quienes las integran y una fuente clave para los juicios de lesa humanidad. “Los archivos no dan por si solos información, hay que saber leerlos y trabajarlos; en eso nos formamos, dedicando parte de nuestra vida: en mi caso, diez años”, explicó.
En esta entrevista con Canal Abierto, este historiador egresado de la UBA detalló cómo en los últimos meses “cayeron muchos `paracaidistas´ sin experiencia, pero con grandes sueldos; el ejemplo más público y notorio, el hermano de Adorni”. El pariente del vocero presidencial, Francisco Adorni, percibe hoy unos 2,6 millones de pesos por su cargo como asesor ministerial.
“Hay gente vinculada a asociaciones de familiares de militares implicados en el genocidio que festejaron nuestros despidos: lo ven como un cambio de era, una oportunidad”, agregó.
En los últimos días, una nota de Luciana Bertoia publicada en Página 12 contaba la historia del legajo de Alfredo Astiz que la Armada “perdió”, y cómo este había podido ser reconstruido gracias a documentos que encontraron los equipos de archivistas que echó Luis Petri bajo la excusa de que “perseguían” a los militares. “Fue nuestro trabajo y las resoluciones ministeriales vigentes las que venían protegiendo los archivos, pero en este contexto no podemos asegurar su conservación y pueden estar en riesgo”, advirtió Rüst, que recordó cómo también el macrismo había avado sobre el área, aunque “no tan a lo bestia, agresivo y destructivo como ahora”.
Por lo pronto, los abogados Pablo Llonto y Mariana Maurer ya presentaron un amparo ante la Justicia para que se mantenga en sus puestos a los expertos en el trabajo de archivos y se proteja la documentación. El pedido cayó en manos del juez Daniel Rafecas, que aún no se pronunció al respecto.
Un dato curioso de este escandaloso desmantelamiento está relacionado con quién es el encargado del área desde febrero, Lucas Miles Erbes, director nacional de Derechos Humanos de la cartera que conduce Petri. Abogado entrerriano con un breve paso por el PRO y con nula trayectoria en la temática, su empleo anterior fue ni más ni menos que en la Embajada de Estados Unidos en Argentina. “Gracias especiales al Embajador Marc R. Stanley por su inmensa solidaridad, calidez y continuo apoyo. Nunca es un adiós, porque sé que siempre nos volveremos a ver” fue el saludo que Erbes dedicó en la red social Linkedin, justo antes de su arribo a Defensa.
Entrevistador: Diego Leonoff (@leonoffdiego)