Redacción Canal Abierto | “El proyecto de ley Bases, que mañana puede tener dictamen en el Senado si la UCR pone la firma junto con el oficialismo, tiene un sinnúmero de artículos dañinos para Argentina y para Mendoza”, había twitteado ayer a la noche la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti.
Si bien el Gobierno continuaba recolectando firmas, a mitad de mañana ya anunciaba que tenía las 28 necesarias y cerca de las 15 lo confirmó la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que también publicó las firmas del dictamen del Paquete Fiscal.
Entre los firmantes figuran: Carlos Espínola, Luis Juez, Juan Carlos Romero, Eduardo Vischi, Ezequiel Atauche, Beatriz Ávila, Bartolomé Abdala, Pablo Blanco Blanco, Flavio Fama, Lucila Crexell, Rodolfo Suarez, Mariana Juri, Carmen Álvarez Rivero, Carlos Arce, Juan Carlos Pagotto y Sonia Rojas Decaut. Alejandra Vigo, Guadalupe Tagliaferri, Andrea Marcela Cristina, José María Carambia, Edgardo Kueider, Mónica Silva, Victor Zimmerman también firmaron pero en disidencia.
Según Gabriela Vulcano, periodista especializada y tal como vaticinó Fernández Sagasti, la UCR finalmente acompañó, con excepción de Martín Lousteau, que presentó un dictamen propio, y de Maximiliano Abad.
Primero, “los cambios que trajo el ejecutivo son cosméticos, nada de fondo”. Segundo, “Hay que tener en cuenta que lo que legislamos tiene impacto a futuro”, y tercero, “no veo en esta ley que se resuelvan las preocupaciones de los argentinos”, enumeró Lousteau al explicar los motivos de la disidencia.
¿Qué se negoció?
Según trascendió en los medios, entre los principales puntos que se negociaron están:
–Autonomía a las provincias para adherir o no al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Gabriela Vulcano señaló que si bien todavía “no está claro”, circuló que el texto también incluiría un articulado para incluir en los beneficios a las empresas nacionales.
En un pormenorizado informe sobre el texto de la Ley Bases que obtuvo media sanción en Diputados, el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA había explicado que el RIGI garantiza “generosas y exageradas prerrogativas, exenciones tributarias, libre disponibilidad de dólares para las inversiones que tengan un monto mínimo de al menos doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000)”. Además, los inversores “disfrutarán de estabilidad tributaria durante 30 años desde la fecha de adhesión” y “gozarán de seguridad jurídica y protección especial frente a desviaciones o incumplimientos por parte de la administración pública y podrían realizar reclamos judiciales en el CIADI, tribunal que siempre fue desfavorable para nuestro país”.
–Blanqueo de bienes y activos no declarados: Se habría excluido a hermanos de funcionarios y se habría extendido el plazo para poder entrar al blanqueo a quienes fueron funcionarios, de 5 a 10 años.
–Regalías mineras: Según Vulcano y otros medios como Infobae, el voto del santacruceño José María Carambia que responde al gobernador Claudio Vidal, se destrabó porque le prometieron modificar la Ley de Minería, para aumentar las regalías de las provincias que adhieran al RIGI del 3% actual, al 5%.
–Ganancias: Habría modificaciones que beneficiarían a las provincias patagónicas, con una suba del 22% de los mínimos no imponibles. Ya se adelanta que esto puede traer conflicto en el recinto.
Malas noticias para los que trabajan
“¿Puede el Senado hacer una reforma laboral más regresiva que la que aprobó Diputados en la ley Ómnibus? Sí, puede, al menos eso es lo que surge de los borradores que circularon”, había adelantado ayer Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma.
Esta mañana, “a la espera de la letra chica” y mientras el Gobierno seguía recolectando las últimas firmas, el especialista señaló que el capítulo laboral del texto que obtuvo dictamen y que será tratado en el recinto se puede definir con dos términos: “deslaboralización y derecho de huelga”.
“¿Deslaboralización? Básicamente consiste en legalizar el reemplazo de trabajadores en relación de dependencia por monotributistas. Algo que hoy sucede en la práctica, pero en abierto fraude a la ley (igual a mucho riesgo para los empleadores)”, explicó Campos.
En ese sentido, precisó que el proyecto que dictaminaron los senadores “repone las modificaciones a los arts. 2 y 23 de la LCT que habían retirado los diputados”. “Con el nuevo texto la legislación laboral no se va a aplicar si las partes “libremente” decidieron vincularse con una locación de servicios”. Esto, destacó, da vuelta los preceptos del derecho laboral.
Y explicó que, “en la práctica, esto implica que para estos trabajadores desaparecen los derechos laborales: vacaciones, afuera; licencias, afuera; organización sindical, afuera; convenios colectivos, afuera. Es volver a la regulación del siglo XIX en materia de relaciones laborales”.
El nuevo texto también atenta contra el derecho a huelga. “El dictamen del Senado modifica el art. 242 de la LCT para facilitar los despidos con causa. En síntesis, cualquier manifestación de una huelga que vaya más allá de quedarte en tu casa va a ser causal de despido (no solo los bloqueos)”, advirtió Campos.
Y señaló que, por ejemplo, “se habilita el despido con causa si en el marco de un conflicto se ‘afecta la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas’. No hay conflicto en el que esto no pase”, subrayó.
Al respecto también se había pronunciado el senador de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde. “Hablan de ‘modificaciones’ en la Ley Bases. La mayoría son maquillaje. Y en el caso de la reforma laboral, son cambios para peor”, twiteó.
En el debate en comisiones de ayer, el legislador alertó sobre las desmejoras que traían las modificaciones en el capítulos de “Modernización Laboral” y en el de “Promoción del Empleo Registrado”. En realidad, la ley “promueve el empleo no registrado, no deja ni un vestigio de penalidad a favor del trabajador que no estuvo registrado”, apuntó Recalde.
Además, advirtió que las modificaciones del proyecto iban a provocar una mayor litigiosidad. “Nunca ocurrió que un trabajador al que no se le reconocen derechos constitucionales cuando es despedido no reclame”, afirmó. Y luego añadió: “Lo mismo trabajadores que sean contratados de locación de servicio, locación de obra o como colaboradores”.
La calle toma temperatura
Entre los sectores que ya anunciaron que se movilizarán cuando la ley se trate -se estima que será en la segunda o tercer semana de junio- figuran las tres centrales sindicales, que así lo habían comunicado tras una reunión que también incluyó a organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos.
Entre otras, adhirieron: la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UTEP, sectores de la CGT y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos que contiene a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
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Y ahora también se pronunció de manera unánime el movimiento feminista. Así, en el marco de las asambleas organizativas de cara a un nuevo 3J/Ni Una Menos, mujeres y LGBT autoconvocadas y de todo el arco de organizaciones del campo popular acordaron que se manifestarán en contra del proyecto de ley al que calificaron de “machista” y “neocolonial”, cuando se trate en el recinto.
Entre los puntos más criticados por las feministas aparece la eliminación de Moratoria Previsional que le permitió a 9 de cada mujeres acceder al derecho a la jubilación, el RIGI y la avanzada contra los derechos laborales y el sector público.
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