Redacción Canal Abierto | El Centro de Estudios Legales y Sociales junto a Memoria Abierta acaban de publicar el informe Memoria cancelada. El intento libertario de relegitimar la dictadura, en el que sistematizó y resumió en cinco ejes las acciones que viene llevando a cabo el gobierno para atentar contra las políticas de memoria, verdad y justicia.
En la introducción, los organismos sostienen que la decisión de cancelar las políticas de derechos humanos “integra el programa del actual gobierno desde la campaña electoral”.
“En verdad –aclaran- podemos encontrarla antes: en la conformación de la fórmula presidencial. Con el correr de los meses, este propósito se tradujo en decisiones: desfinanciamiento, cierre de líneas de trabajo, despidos”.
Además, apuntan al sector que encabeza Victoria Villarruel: “Una de las corrientes que forma parte del oficialismo nacional tiene como propósito transformar el balance social de la dictadura. Discursos oficiales que reivindican la represión clandestina e ilegal. Elogios al indulto de las cúpulas militares. Visitas a condenados por torturas y asesinatos. Estas acciones buscan relegitimar al Proceso de Reorganización Nacional, reinstalar el “algo habrán hecho”, catalogar a la búsqueda de memoria, verdad y justicia como un exceso que tendría como víctimas a los perpetradores”.
Canal Abierto reproduce completo el sintético y consistente relevamiento, que se puede encontrar y descargar libre y gratuitamente de la web del CELS.
CONDENAS
En la Argentina, 1187 personas fueron condenadas por delitos como secuestro, tortura y homicidio en el marco del plan sistemático de exterminio. Hoy 508 condenados cumplen arresto en sus domicilios; 134 están presos en cárceles. Otras quinientas personas fueron investigadas y quedaron fuera del proceso penal o resultaron absueltas en el juicio.
Desde que recomenzó el proceso de justicia en 2004, diferentes grupos presionan para que los integrantes del aparato represivo no cumplan sus condenas. Consideran que los juicios son una venganza ideológica. Primero buscaron la impunidad. Luego, cuestionar el proceso judicial para que los condenados recuperen la libertad.
La actual vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel ha sido vocera destacada de estas demandas.
508 arresto domiciliario, presos en cárceles 134, arresto domiciliario 79%.
Qué hizo el gobierno
En los últimos meses, hay señales que nos alertan:
• El presidente Javier Milei elogió los indultos de 1989 y 1990.
• La vicepresidenta Villarruel alentó la búsqueda de una “solución jurídica” para los detenidos.
• El procurador del Tesoro de la Nación, jefe de los abogados del Estado, elogió las leyes de impunidad y los indultos.
• La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que hay detenidos “sin causa” y que “[el encarcelamiento] ya se ha convertido en una venganza”.
• Funcionarios del Ministerio de Defensa visitaron a altos mandos de la estructura represiva militar y policial presos por delitos de lesa humanidad.
• Seis diputados/as de La Libertad Avanza se reunieron con un grupo de condenados en el complejo penitenciario de Ezeiza, entre ellos Alfredo Astiz. El diputado Beltrán Benedit afirmó que son “excombatientes contra la subversión marxista”.
ARCHIVOS
La investigación judicial e histórica sobre la documentación producida por las burocracias estatales durante la dictadura es fundamental para la reconstrucción de hechos y responsabilidades.
Qué hizo el gobierno
• Desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas.
• Cerró la Mesa sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, que funcionaba en la ex Agencia Federal de Inteligencia.
• Mantiene acéfalo el Archivo Nacional de la Memoria, a cargo del resguardo del archivo de la Conadep, entre otra documentación de valor.
SITIOS
En la Argentina, hubo 814 lugares que funcionaron como lugar de detención, tortura y desaparición. Muchos fueron convertidos en espacios para la memoria, o en museos.
Qué hizo el gobierno
• Desfinanció los sitios de memoria en todo el país y despidió a la mitad de la planta de trabajadores de los ocho sitios que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
• Interrumpió las obras de infraestructura, las excavaciones arqueológicas y las tareas de conservación de lugares que son prueba judicial.
• Permitió actos reivindicatorios de la dictadura en el ex campo de concentración y actual Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex Esma, y en recintos militares.
BÚSQUEDA
La búsqueda de mujeres y hombres que siendo niños fueron secuestrados y a quienes les fue impuesta otra identidad exige esfuerzos estatales acordes a un crimen que se sigue cometiendo: se estima que aún 300 personas son privadas de su identidad mientras sus familiares las buscan desde hace casi cincuenta años.
Qué hizo el gobierno
• Decidió que los ministerios de Defensa y Seguridad no aporten legajos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) en los expedientes administrativos donde se investiga el destino de niñas y niños robados.
• Habilitó por ley la modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos y la eliminación de la CoNaDI y de su Unidad Especializada de Investigación.
REPARACIONES
Las reparaciones económicas a víctimas de la dictadura son parte de las obligaciones internacionales que el Estado asumió como política pública desde 1992. Tienen respaldo legislativo, atravesaron diferentes gobiernos y el Poder Judicial está involucrado en su implementación.
Qué hizo el gobierno
• Ordenó una auditoría integral de todas las solicitudes realizadas en el marco de las leyes de reparación patrimonial a las víctimas del terrorismo de Estado y suspendió los pagos hasta que concluya.
• Despidió a dieciséis trabajadores en el área de Leyes Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En el cierre, a modo de conclusiones, el documento del CELS advierte: “La construcción de memoria, verdad y justicia comenzó mientras los crímenes se estaban cometiendo. Fue la organización social la que exigió primero el fin del terror y luego investigación, sanciones, reparación”.
“La traducción de estas demandas en políticas públicas recorre los cuarenta años de la democracia argentina. Muchas de estas acciones solo pueden ser llevadas adelante por el Estado: la recuperación de la identidad de lxs niñxs secuestrados, ahora adultos; la investigación judicial de las estructuras represivas; la apertura de los archivos”, agregan.
“Suspender estas políticas hará un daño difícil de calcular. La relegitimación del terrorismo de Estado procura habilitar la represión en el presente; sus consecuencias son, también, inconmensurables”, sintetizan.