Redacción Canal Abierto | La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su anterior ministro de Defensa Yoav Gallant. También contra Mohammed Deif, un comandante militar de Hamás, pese a que habría sido abatido durante un ataque aéreo sobre Gaza en julio, según informó Tel Aviv.
Los jueces encontraron evidencia “razonable” para afirmar que los tres son responsables de presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que habrían sido cometidos desde el 7 de octubre al presente.
Integrado por 124 Estados miembros, el Tribunal fue establecido para procesar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y el crimen de agresión cuando los Estados miembros no quieren o no pueden hacerlo por sí mismos.
Se descuenta que el pedido de captura no resultará en la detención de Netanyahu y compañía dado que Israel no reconoce su jurisdicción, como tampoco lo hacen Estados Unidos, China y Rusia. De hecho, en marzo de 2023 el TPI también emitió una orden similar contra Putin.
De todas maneras, en las últimas horas el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, consideró “vinculantes” las órdenes de la CPI: “No es una decisión política. Es una decisión de un tribunal, de un tribunal de justicia, de un tribunal de justicia internacional. Y la decisión del tribunal debe respetarse y aplicarse”.
Entre los países miembro se encuentra la Argentina, cuya diplomacia hoy se ve afectada por la incontinencia verbal de su Presidente, quien ya afirmó su respaldo irrestricto a la actual administración de la nación hebrea.
De hecho, Javier Milei manifestó el rechazo a la decisión de la CPI: “Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana, y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población. Criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional”.
A fines de 2023, Human Rights Watch (HRW) ya había acusado al gobierno de Netanyahu de someter intencionadamente a la población civil de Gaza a una hambruna como parte de su ofensiva en territorio palestino, lo que denunció como “un crimen de guerra”.
En agosto pasado, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha vuelto a pedir a Israel que ponga fin a sus violaciones de los derechos humanos en Gaza.
En los últimos diez meses fueron asesinados al menos 45 mil palestinos, en su mayoría mujeres y menores de edad.