Redacción Canal Abierto | En línea con el plan de ajuste que viene aplicando Milei, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) puso a la venta varios inmuebles y cerca de 27 mil hectáreas. Además, planean despedir cerca de 1500 trabajadores e investigadores.
Por lo pronto, el edificio del INTA ubicado en la calle Cerviño y Ortiz de Ocampo, en Palermo, ya está a la venta con un precio base de USD 6,3 millones. El remate incluso tiene fecha, el próximo 23 de diciembre. Aunque aparentemente abultada para cualquier desprevenido, la cifra resulta muy menor al valor de un terreno de esas características en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad de Buenos Aires.
La subasta anunciada ya le valió una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal por “estafa y administración fraudulenta” contra funcionarios designados por Milei en el INTA y la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE).
El plan de desguace incluye la venta de unos 22 campos experimentales del organismo, varios de ellos dedicados a la investigación y desarrollo de tecnología agropecuaria.
Especialistas consultados por este medio indicaron que, de privatizarse, estas tierras podrían terminar en manos de quienes ya poseen grandes extensiones de tierra para el agronegocio.
“Todo apunta al vaciamiento o provincialización como paso previo al cierre definitivo de la institución”, denunció José Perea, delegado general de ATE en el INTA. Desde el gremio también advierten sobre posibles despidos masivos, retiros voluntarios y jubilaciones compulsivas: “Vamos a resistir”.
El Consejo Directivo del INTA está integrado, más allá del sector público, por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. Al ser un órgano colegiado, está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía, uno de la Facultad de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales, así como tres de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre ellos están su presidente [Bronzovich] y vicepresidente [María Beatriz “Pilu” Giraudo].
Por lo que trascendió a los medios, el único representante que no acompañaría la venta de las tierras es Federación Agraria, aunque no son pocos los que aún confían en que se le sume otra entidad agropecuaria
En las últimas horas, los ex presidentes del INTA Susana Mirassou, Amadeo Nicora, Francisco Anglesio, Carlos Paz, Carlos Cheppi –ninguno de ellos, sospechado de estatista o enemigo del agronegocio- publicaron una carta conjunta con duras críticas al vaciamiento en curso: “La AABE como la martillera arrastra el antecedente del proceso de venta de inmuebles del Estado durante los años 2016-2019. Tal proceso fue revisado por la Auditoría General de la Nación, que concluyó que las propiedades fueron sub—valuadas, vendidas en subastas donde se presentaba un solo postor, que previo a las ventas no se había relevado si los inmuebles les eran útiles al Estado o si estaban desafectados, como tampoco se constató que las enajenaciones hayan sido destinadas a proyectos de desarrollo con equidad social como manda la normativa de la AABE”.
“No permitan este atropello denigrante y mercantil para con una de las instituciones de ciencia y técnica más prestigiadas de América Latina y del mundo”, reclamaron a los integrantes del Consejo del INTA que este jueves se reunieran para decidir el remate de la institución.
A la Justicia
Por la venta del edificio de la calle Cerviño 3101/67 (Palermo, Ciudad de Buenos Aires), ya fueron denunciados el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y el presidente de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz. Son acusados de “estafa, administración fraudulenta y abuso de autoridad”.
Se trata de una denuncia anónima que se hizo el sábado pasado en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal cuya descripción del presunto hecho señala que es por “sacar a remate bienes sobre los que no tienen derecho con la participación del presidente del INTA para concretar una venta a precio por debajo del valor del mercado”. De la denuncia también se desprende que “la acción encuadra en estafa” por el artículo 172 del Código Penal, administración fraudulenta, por el artículo 173, inciso 7 del Código Penal, y abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal).