Redacción Canal Abierto | Difundida vulgarmente como Ley Antimafia, el Senado aprobó el jueves 20 de febrero, entre gallos y medianoches, la Ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado.
La medida —sancionada junto al juicio en ausencia y la Ley de Reiterancia— pasó inadvertida en los medios pero no así entre los juristas, que destacan que las normas presentan costados muy oscuros, aspectos inconstitucionales y motivaciones ocultas.
“Es una ley que tiene defectos jurídicos importantísimos. Para empezar, no define qué es crimen organizado. No definir un tipo penal sabemos cuál es el objetivo: que la interpretación sea amplia, del juez o el fiscal que toque en suerte. Al igual que en la controvertida figura de asociación ilícita, sólo porque ellos digan que pertenecés a una organización que ellos dicen que es crimen organizado sos pasible de pena”, explica Claudia Rocca, presidenta de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas e integrante de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, en diálogo con Agenda propia*.
La norma que se aprobó “sin discusión, sin consulta de especialistas y de espaldas a la gente”, no es para Rocca una nueva “concepción de la seguridad”, sino que tiene que ver “con un proyecto de país que es necesario blindar represivamente”.
El proyecto del que habla la jurista es, en la práctica, un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales para ser comercializados como materia prima.
Sobre esto, la Ley Antimafia “establece la posibilidad de que, a requerimiento de un fiscal federal, del Ministerio de Seguridad, o de algún fiscal especial, se puede determinar lo que se llama una zona de investigación especial”, explica Rocca.
Y agrega: “En esa zona de investigación especial se puede todo, que además es extensible a requerimiento. Para lo único se requiere autorización judicial es para los allanamientos y para los decomisos. Pero los allanamientos pueden ser extendibles a otros, porque si encuentran un delito vinculado al objeto del allanamiento que autorizaron… allanan directamente. Esto responde a un proyecto de dominación económica. Pensemos qué zonas tenemos calientes y es fácil entender dónde se va a aplicar: Neuquén, en el norte por el litio, en el corredor litoral”.
“Lo que está haciendo la ley acá es regular el estado de sitio constitucional. Y entonces cambia ‘conmoción interior’ por ‘amedrentamiento’. En el marco de esas zonas de investigación especial podés detener por averiguación de antecedentes por más de 30 días”, asegura.
“Inconstitucional y contrario a todas las convenciones”
Como un combo que se potencia, la Ley Antimafia se sancionó junto con la Ley de Reiterancia que, en palabras de Rocca, “quiere decir que una persona con dos acusaciones penales, no condenas, puede ser objeto de prisión preventiva”. “Es inconstitucional y contrario a todas las convenciones”, afirma.
La nueva ley tampoco establece que tales acusaciones deban revestir determinada gravedad, y modifica lo que hasta ahora se tomaba por reincidencia, que exigía que se tomara por tal el cumplimiento efectivo de una condena.
De esta manera, quienes sean detenidos bajo la figura de “resistencia a la autoridad” —muy común en la represión de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad desde la puesta en práctica del Operativo Antipiquetes— ya contarán con una acusación penal. De sumar una segunda, podrían ser catalogados como reincidentes.
Rocca pone el foco en varios instrumentos creados por el Ministerio a cargo de Patricia Bullrich: el Comando Unificado de Seguridad Productiva, la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, la Unidad Antimafia y la Unidad de Inteligencia Artificial, con los que “merced a las bondades de esta ley van a poder entrar en tu computadora, en tus sitios, en tus redes, en absolutamente todo porque no existe más el artículo 19 de la Constitución” (que establece que los actos privados no pueden ser juzgados por los jueces, a menos que infrinjan el orden público, el bien común o los derechos de terceros).
Luego sostiene: “Aquí no hay solo una complicidad del Poder Ejecutivo con el Judicial y el Legislativo, también hay una complicidad comunicacional muy importante. Porque todo esto lo meten con el famoso discurso de mano dura. La mano dura este gobierno, ¿a quién se la aplicó? A los jubilados, a los trabajadores, y a la gente en la calle”.
Y afirma: “Puede que a la gente no le importe nada todo esto, pero ojo que le puede tocar. Que le pregunten al señor que estuvo preso por tener talco”.
Con el “modelo Bukele” como propaganda, la abogada señala que de esta manera estas leyes fueron difundidas como una solución a un problema que la Argentina no tiene.
“La mayor violencia que está sufriendo la mayoría de nuestra población es la económica. Y en todo caso la inseguridad que tiene que ver con sectores de delito más marginal, que es el delito que más impacta en los barrios y tiene que ver con las condiciones socioeconómicas en las que vivimos”, argumenta Rocca.
Y finaliza: “Hay que cuidar las estrategias y profundizar la resistencia. En enero hemos interpuesto un documento ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que va a ser tratado en marzo, denunciando todo este proceso que, en definitiva, lo que se está cargando es el derecho al desarrollo y a los derechos económicos, sociales y culturales a través de los civiles y políticos de nuestro país”.
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Mirá la entrevista completa de Agenda propia, un programa producido por Canal Abierto que aborda la coyuntura disputando el sentido de la agenda.
Con la participación del secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y del economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano.
Con la conducción de Manuel Rodríguez y Gladys Stagno.
*Todos los martes a las 17, por Somos (Canal 7 de Flow), y en el canal de YouTube de Canal Abierto.
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