Redacción Canal Abierto | Luego de que en febrero de 2025 el gobierno nacional declarara nula la licitación de la vía troncal del Paraná-Paraguay (o “Hidrovía”), a pedido de las mismas empresas que denunciaban una posible “cartelización”, desde las organizaciones ambientalistas advierten que el proyecto de entrega del río a manos privadas avanza, sin respetar los derechos de la población ni el cuidado del ambiente.
En esa trama ubican la audiencia pública realizada este lunes 3 de noviembre, convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para tratar el llamado “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental” de la Vía Navegable Troncal del Paraná. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas pidieron su impugnación y rechazaron el proyecto de dragado, profundización, ensanchamiento y cambio de trazas sobre el Río Paraná puesto a consideración.
En ese sentido, señalaron que la instancia no buscaba evaluar el proyecto y cosechar apoyos, sino convalidar obras que en la práctica ya se iniciaron, sin estudios de impacto ambiental, entre otras irregularidades.
“Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial advertimos desde el primer día que esta audiencia era ilegítima: no se presentó ningún Estudio de Impacto Ambiental válido, las obras de dragado ya están en curso, no existe línea de base ni evaluación de impactos acumulativos, la información no fue clara, ni accesible, ni difundida en forma efectiva, violando el Acuerdo de Escazú, lo que se intentó fue convalidar por vía administrativa una licitación ya decidida”, enumeraron.
En paralelo, destacaron que “a pesar de los obstáculos deliberados para dificultar la participación —información técnica desordenada, formularios impresos, falta de difusión—, la respuesta es categórica: la participación de una enorme cantidad de expertos, referentes sociales, académicos, intelectuales y sindicales que rechazan este modelo de río”.
Quienes participaron –añadieron en un comunicado desde la Asociación- expresaron “una oposición transversal, masiva y bien argumentada, que dejó en evidencia la profundidad del rechazo a este modelo extractivo y defiende con fuerza al río, como fuente de agua potable para millones, como corredor de biodiversidad y soporte de humedales, como territorio habitado por comunidades que resiste y como bien común que no puede seguir siendo gestionado a espaldas de la sociedad”.
“A esta altura, el Gobierno no puede alegar desconocimiento, ni ignorar la voluntad ciudadana. La oposición es contundente. El modelo de río que intentan imponer no tiene licencia social. Exigimos la anulación del proceso y la suspensión inmediata de la licitación proyectada”, denunciaron.
En diálogo con el informativo FARCO, Enzo Culazo, abogado e integrante de la Asociación, añadió que las obras de dragado, profundización y ensanchamiento se montan, además, sobre una crisis hídrica que sufre el río hace años. “Es una de las mayores bajantes de que se tiene en registro y pretenden profundizar aún más el río mediante el dragado sin tener estudios de impacto ambiental y sin conocer las consecuencias que esto puede llegar a tener”, alertó.
Con información de FARCO y Abogados Ambientalistas