Redacción Canal Abierto | El Juzgado Correccional y de Menores N° 6 de Posadas fijó las fechas: del 25 al 28 de noviembre, a las ocho de la mañana, en el Palacio de Justicia de Misiones se sentarán en el banquillo Mónica Gurina y Leandro Sánchez, referentes de la CTA Autónoma y de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM). No se los juzga por corrupción, fraude o abuso de poder. Se los juzga por haber encabezado la protesta docente de 2024, aquella que la prensa bautizó como el “Misionerazo”.
La CTA-A provincial convocó a todas las organizaciones del campo popular a acompañar las audiencias. No será un juicio cualquiera: será el primer juicio oral contra luchadores sociales en la historia de la provincia. Un proceso que pone a prueba no sólo al sistema judicial, sino también a la democracia provincial en tiempos de ajuste y represión.
El “Misionerazo”: cuando el hambre fue más fuerte que el miedo
El conflicto que llevó a Gurina y Sánchez a los tribunales tiene su raíz en mayo y junio de 2024, cuando la inflación anual rozaba el 115% y los docentes misioneros recibían aumentos del 13%. “Nos mandaron a la escuela con hambre”, suele recordar Gurina. Fue entonces cuando las maestras, enfermeros y trabajadores estatales ocuparon las calles de Posadas y montaron un acampe frente a la Casa de Gobierno. El reclamo era elemental: comer, sostener la vida, defender el salario.
El gobierno provincial —encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua y alineado con la política de ajuste de Javier Milei— respondió con represión y causas judiciales. Treinta y dos trabajadores de la educación y la salud fueron imputados. Dos de ellos, Gurina y Sánchez, fueron seleccionados para ser los primeros en enfrentar un juicio oral. La acusación es “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal”.
Detrás de esa fórmula legal se esconde una operación política. “No es un juicio a Leandro o a Mónica —explica la propia dirigenta—, es un juicio a toda la docencia misionera que levantó la voz, que reclamó y que además ganó”. Porque la lucha, recuerda, no fue en vano: los salarios docentes pasaron de 200 mil a 450 mil pesos tras el conflicto. Esa victoria es, paradójicamente, la razón de la persecución.
Te puede interesar: La represión libertaria, en números e historias
Justicia de familia y disciplinamiento político
La jueza que llevará adelante el proceso, Marcela Leiva, es hermana de la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Cristina Leiva, una figura con vínculos estrechos con el oficialismo provincial. El mensaje de ese parentesco institucional es claro: el Poder Judicial en Misiones no actúa como garante de derechos, sino como brazo ejecutor del disciplinamiento político.
La elevación a juicio fue tramitada con inusual rapidez y sin pruebas que acrediten delito alguno. Según la defensa —a cargo de la abogada Roxana Rivas—, se vulneraron garantías básicas como el derecho a la protesta y a peticionar a las autoridades. La acusación, por su parte, se ampara en la idea de “entorpecimiento”, una figura penal utilizada históricamente para criminalizar cortes de ruta, piquetes o asambleas sindicales.
La maniobra no sorprende. Desde la asunción de Milei, los gobiernos provinciales han replicado el discurso oficial de orden y castigo. Misiones no fue la excepción: mientras se ajustaban salarios y se recortaban presupuestos, el aparato judicial se activó para desmovilizar a los sectores que resistían el empobrecimiento planificado.
Solidaridad
La respuesta no se hizo esperar. Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos de todo el país —entre ellas ATE, CCC, PO, UP, MPL, Conti Santoro y el Frente de Estudiantes en Lucha— realiza Gurina ron una jornada nacional de apoyo. También llegaron adhesiones del exterior, desde centrales obreras de Italia, Bélgica y España y personalidades como Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida firmaron el petitorio por la absolución de los dirigentes.
“Protestar no es delito” es la consigna se repite en cada comunicado. La frase, que alguna vez pareció obvia, hoy es una defensa. En Misiones, la protesta se judicializa; en Buenos Aires, se reprime. En todo el país, el ajuste se protege con policías y jueces.
Ajuste y criminalización
El informe de la defensa, elaborado por el economista Tomás Raffo, es contundente: la protesta fue “la expresión inevitable y legítima de un conflicto social y económico de extrema gravedad”. Señala que la megadevaluación del 118% decretada por Milei en diciembre de 2023 y el desfinanciamiento de las provincias “generaron las condiciones materiales para un estallido social”.
Raffo concluye que “acampar, marchar o cortar rutas no son delitos, sino actos de supervivencia frente a políticas que atentan contra la vida misma de la clase trabajadora”. Su análisis recuerda algo tan elemental como que la protesta es un derecho constitucional, no una excepción que el poder concede cuando le resulta conveniente.
La pedagogía de la resistencia
Gurina lo resume con una claridad que desarma la retórica judicial: “No exigimos privilegios, reclamamos derechos”. Lo que se juzga en Posadas no es un hecho aislado, es una advertencia a toda una generación de docentes, trabajadores y militantes que eligieron la calle frente al hambre.
El próximo 25 de noviembre, cuando se abra la primera audiencia, las calles de Posadas volverán a llenarse. No sólo para defender a dos dirigentes, sino para recordar que en Misiones, como en tantas provincias, enseñar también puede ser un acto de resistencia.
