Redacción Canal Abierto | Desde hoy a las 9.30, la Legislatura de Mendoza sesiona para darle tratamiento a cuatro proyectos que buscan darle impulso a la megaminería en la provincia. El más importante, la Declaración de Impacto Ambiental del PSJ Cobre Mendocino –conocido como San Jorge-, para la explotación de ese metal en la localidad de Uspallata.
El gobierno del radical Alfredo Cornejo también busca avanzar con el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), y con dos nuevas leyes: el Régimen de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental.
El pueblo de Mendoza tiene una larga trayectoria en la lucha en defensa del agua y en contra de la megaminería. En 2007, logró la sanción de la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en los procesos mineros, con el objetivo de proteger el agua. Y en 2019, la “marcha más grande de la historia” de la provincia “en defensa del agua pura” -realizada el 23 de diciembre- hizo retroceder al gobernador Rodolfo Suárez en su intención de modificarla.
Ahora, en un contexto político más adverso, nuevamente está dando la batalla.
Cabe recordar que, el año pasado, el oficialismo con el apoyo del PRO, el peronismo y hasta el Partido Verde, logró aprobar un nuevo Código de Procedimiento Minero para -en palabras de Cornejo- “agilizar los procedimientos y darle un fuerte impulso a la minería metalífera”.
En ese entonces, desde la Asamblea Popular por el Agua ya advertían que el objetivo del Gobierno era “apurar la exploración de decenas o cientos de áreas mineras, principalmente, en el departamento de Malargüe, zona del sur provincial con menos áreas naturales protegidas”.
Con esos antecedentes, este año el oficialimo logró darle despacho a estos cuatro proyectos. De cara a la sesión, en principio, contaría con los votos necesarios para lograr la media sanción. Sin embargo, las organizaciones de vecinos que desde anoche realizan una vigilia y manifestaciones en las inmediaciones de la Legislatura aseguran que “no hay licencia social” y que “las relaciones de fuerzas se están reconfigurando”.
En diálogo con Canal Abierto, María Teresa “Guni” Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, explicaba que el apoyo de los viñateros es clave, y también, el de las bases peronistas, que en un documento difundido recientemente le pedían a sus diputados que voten en contra de la Declaración.
“El Gobierno aduce tener la licencia social porque ganaron las elecciones, pero si damos vuelta el razonamiento, el 70% no lo votó. Por supuesto, hay una gran campaña de desprestigio y criminalización. Hemos tenido compañeros judicializados y los seguimos teniendo. Y en las marchas hay una fuerte represión policial”.
Sin embargo, cada vez son más los apoyos. Así, “ayer hubo una fuerte movilización de Ni Una Menos por el Día contra la Violencia de Género, que tuvo como consigna principal ‘la defensa de nuestros cuerpos-territorios’ y ‘en contra de los extractuvismo’”. Esta manifestación, señaló, “concluyó en una gran vigilia para calentar los motores y un evento artístico, y hoy seguimos en la calle”.
También resultaba fundamental un comunicado publicado por el CONICET Mendoza, en el que el organismo alertaba públicamente sobre las “importantes deficiencias” de la Declaración de Impacto. Sin embargo, este mediodía, en plena sesión, lo eliminó de su página web y lo reemplazó por otro, muy conciso. “El CONICET Mendoza no está en contra de ninguna actividad productiva que contribuya al desarrollo de la región”, aclaraba.
¿Qué decía el documento del CONICET?
El lapidario comunicado difundido ayer por el CONICET Mendoza y dado de baja horas atrás, afirmaba que, tal como está presentada, la Declaración de Impacto Ambiental “impide una evaluación confiable”.
“A lo largo del proceso de evaluación de impacto ambiental de PSJ Cobre Mendocino hemos participado como comunidad científica en diferentes instancias a las que fuimos convocados”, señalaba el documento. En ese marco, cuestionaban que “en los últimos días observamos que avanza el trámite administrativo para otorgar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, sin que la empresa haya respondido sustantivamente a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados, tales como el Dictamen Técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC); el informe sectorial del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), el del Departamento General de Irrigación (DGI), o el Informe de la Facultad de Ciencias Médicas (solicitado por el Rectorado de la UNCUYO sobre riesgos de la salud), por citar algunos”.
“Muchas de esas objeciones -señalaba- constituyen requerimientos y exigencias importantes consideradas prioritarias para la habilitación de un proyecto como PSJ Cobre Mendocino”.
En sus conclusiones, el comunicado sostenía: “Se identificaron importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”.
“Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor -completaba- se considera necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo. Solo una evaluación completa y rigurosa permitirá resguardar el interés público y garantizar la protección del ambiente y del patrimonio de la provincia”.
Solo por dar un ejemplo, en relación al impacto en el recurso hídrico, el comunicado del CONICET Mendoza cuestionaba que el estudio se base en datos con 15 años de antigüedad, que “no representan adecuadamente las condiciones reales de sequía observadas entre 2010 y 2022”.
“Los valores registrados son inferiores al caudal declarado por la empresa como demanda para sus actividades productivas (141 L/s), siendo superado únicamente durante el período estival. Esto implica que el aprovechamiento propuesto requeriría la utilización prácticamente total del caudal del arroyo”, explicaba el organismo de Ciencia y Técnica. Acá, el comunicado completo.
Portada: Santiago Tagua/ElEditor Mendoza