Redacción Canal Abierto | La propuesta de reforma laboral que el Gobierno finalmente oficializó tiene 71 páginas y 191 artículos que no dejó conforme ni a los sectores más dados al diálogo.
Como consecuencia, las tres centrales sindicales anunciaron que irán el próximo jueves 18 de diciembre a Plaza Mayo, en una movilización en rechazo a la reforma que se anticipa multitudinaria. La protesta será federal y se replicará en las plazas principales de todo el país.
Las CTA se declararon “en estado de movilización permanente” y aseguraron que “el proyecto de Ley de Modernización Laboral que el gobierno de Milei envió al Senado de la Nación no moderniza nada”. “Es una ley redactada en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios y que utiliza a las PyMEs como pretexto de su verdadero propósito que es precarizar el empleo y desproteger a los trabajadores”, afirmaron en un comunicado conjunto, firmado por sus secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky.
Según detallaron, el proyecto debilita la presunción de relación laboral, facilita el fraude; promueve la tercerización irresponsable, e introduce salarios dinámicos “que destruyen la estabilidad”. También abarata los despidos, pero “transfiriendo su costo al Estado y desfinanciando el sistema previsional”. Asimismo, vulnera garantías constitucionales como las vacaciones y la jornada laboral, y busca desarticular la acción sindical colectiva.
Este último punto es lo que encendió las alarmas también en la CGT, que incluso había sumado al Consejo de Mayo a un representante, Gerardo Martínez. Allí, según trascendió, el líder de la UOCRA había realizado pedidos que el Gobierno se había comprometido a respetar y que el proyecto del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, da por tierra.
Contra todos
Entre los artículos del proyecto hay varios que apuntan contra los sindicatos y su sostenibilidad. Como la cuota solidaria, que ahora requeriría un consentimiento expreso del trabajador, o la baja de un punto porcentual a la contribución que hacen las empresas a las obras sociales (de 6 a 5%).
Inmediatamente, la cúpula cegetista se reunió y, tras dos horas, anunciaron en conferencia de prensa que rechazarán “todos los puntos que forma parte del proyecto”.
Jorge Sola, uno de los flamantes triunviros, fue el encargado de hacer saber que la CGT también marchará el próximo jueves a Plaza de Mayo “con una movilización contundente”. “Hay muchísima coincidencia entre la propuesta de la UIA y el proyecto que ingreso por el Senado”, denunció.
Con algunas actividades, el proyecto de Sturzenegger es aún más destructivo. Pablo Todero, el diputado nacional por Neuquén de Unión por la Patria, repasó en su cuenta de X las leyes que dejarán de regir en caso de que la iniciativa oficialista avance.
Entre ellas, deroga totalmente las leyes 12.908 que define el Estatuto del Periodista, 14.546 que sanciona el Estatuto del Viajante de Comercio, 27.555 que crea el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo y 23.947 que sanciona el Estatuto del Peluquero.
También deroga parcialmente las leyes 26.727 de Régimen de Trabajo Agrario, 11.544 que regula la Jornada laboral, 24.467 que dispone un Marco Regulatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, 12.713 que Reglamenta el Trabajo a Domicilio y la 14.250 que contiene disposiciones que se establecen para las convenciones colectivas de trabajo.
Libertad de prensa, en peligro
Como consecuencia, algunos sindicatos directamente afectados ya salieron a rechazar el proyecto. Entre ellos, el Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sipreba).
“Para quienes trabajamos en la actividad periodística, este gobierno impulsa un ataque directo: de la noche a la mañana, sin mediar debate alguno, busca derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. Estas normas, sancionadas hace 80 años, son la base de nuestros derechos y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo (…) —explicó en un comunicado—. Estos son derechos que dan una protección especial para ejercer la tarea de informar frente a las presiones de los intereses políticos y económicos. No sorprende que incomoden a un presidente como Javier Milei, que fomenta abiertamente el odio al periodismo”.
Y agregó: “Más que nunca, vamos a fortalecer junto a las organizaciones y centrales sindicales la defensa de nuestro derecho a tener derechos laborales. Lo haremos ante el Congreso, ante el Poder Judicial y en las calles”.
Otro de los sectores que se pronunciaron fue la poderosa Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Aceiteros aseguró que la reforma impulsada por el Gobierno contiene tres niveles de ofensiva contra los derechos laborales: una “multimillonaria transferencia de recursos”, del trabajo al capital; un “debilitamiento de la acción colectiva”, y un “disciplinamiento en los lugares de trabajo”.
Por su parte, las CTA mantuvieron reuniones con el interbloque de senadores de Unión por la Patria (UxP), encabezado por José Mayans y Juliana Di Tullio, y con el bloque de UxP en Diputados, para concretar acuerdos en rechazo al paquete de leyes.
