Redacción Canal Abierto | El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca impuso el viernes 16 condenas a prisión perpetua y otras 15 a penas de hasta 20 años de prisión en el juicio en el que se analizaron crímenes de lesa humanidad perpetrados en perjuicio de 333 víctimas desde la jefatura del V Cuerpo de Ejército, en el marco del terrorismo de Estado de la última dictadura. El debate había comenzado en febrero de 2022.
Los 31 acusados fueron condenados, según cada caso, por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, homicidio, sustracción de menores de 10 años de edad, abuso deshonesto y abuso sexual, con diferentes agravantes, cometidos desde la jefatura del V Cuerpo, cuya sede estaba en Bahía Blanca y que abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires -partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones- y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Solo uno de los imputados resulto absuelto.
Además, el tribunal, integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luís Foglia y Marcos Javier Aguerrido, calificó los hechos abordados en el juicio como crímenes de lesa humanidad.
Intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, los auxiliares fiscales Pablo Fermento, Paula Molini y el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa ciudad del sur bonaerense.
A su vez, a instancia del MPF, los jueces también dispusieron que -una vez que quede firme la sentencia y en el plazo de 10 días- el diario bahiense la Nueva Provincia publique la rectificación de una publicación periodística, relativa a hechos abordados en el juicio, “como acto moralmente reparatorio”.
El derecho a réplica es en favor de 37 de las víctimas, algunas desaparecidas y asesinadas, sobre quienes el diario en su momento informó que fueron “detenidos o abatidos en enfrentamientos militares”, cuando -según detalló la sentencia-, “quedó acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, y en su caso tortura, fusilamiento o desaparición por parte del personal militar o de las fuerzas de seguridad de la época”.
Perpetuas
El tribunal condenó a prisión perpetua a Osvaldo Bernardino Páez (quien se desempeñó como oficial de Estado Mayor del Comando del V Cuerpo del Ejército); Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Guillermo González Chipont y Norberto Eduardo Condal (Departamento II de Inteligencia); Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Víctor Raúl Aguirre (Destacamento de Inteligencia 181); Jorge Aníbal Masson (grupo de oficiales y suboficiales de la “Agrupación Tropas”) y Bernardo Artemio Cabezón (segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26).
También recibieron la pena máxima José Marcelino Casanovas, Arsenio Lavayen y Raúl Artemio Domínguez (Segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26) y Claudio Alejandro Kussman (Unidad Regional V de Bahía Blanca de la Policía de la provincia de Buenos Aires).
A su vez, en el caso del expolicía Héctor Jorge Abelleira (oficial principal de la Delegación Viedma de la Policía Federal) se lo condenó a 7 años de prisión por estos hechos, pero fue unificada su pena también a prisión perpetua por una condena previa.
Las otras penas
20 años de prisión para Mario Horacio Torres (integrante del Comando del V Cuerpo de Ejército).
18 años y 6 meses de prisión para el profesional de la salud Adalberto Osvaldo Bonini.
18 años de prisión para el profesional de la salud Humberto Luis Fortunato Adalberti.
16 años de prisión para Roberto Carlos Brunello (jefe de la Compañía Combate “My Keller” del Batallón de Comunicaciones 181).
13 años y 10 meses de prisión para José Antonio Maidana (Batallón de Comunicaciones del Comando 181).
13 años y 2 meses de prisión para Alberto Rey Pardellas (Batallón de Comunicaciones del Comando 181).
13 años de prisión para el imputado Ricardo Claudio Gandolfo (Batallón de Comunicaciones del Comando 181). Quedó con una pena unificada en 13 años y 6 meses de prisión.
13 años de prisión para Raúl Esteban Andrés y Eduardo Carlos Videla (Batallón de Comunicaciones del Comando 181).
12 años y 6 meses de prisión para Enrique Stel y Alejandro Lawless (Batallón de Comunicaciones del Comando 181).
8 años de prisión para Ernesto Ramón Etchart (jefe de sección de la Compañía Comunicaciones y Comando del Batallón de Comunicaciones 181).
7 años de prisión Martín Gutiérrez Velasco y Vicente Alfredo Flores (Batallón de Comunicaciones del Comando 181).
3 años para Jorge Horacio Rojas (grupo de oficiales y suboficiales de la “Agrupación Tropas” del Comando del V Cuerpo del Ejército). Se le unificó la pena en 10 años de prisión.
El único absuelto fue el imputado Carlos Alberto Ferreyra, aunque pesa sobre él otra condena previa a prisión perpetua.
La mayoría de ellos escucharon el veredicto a través de la pantalla de su computadora, en los livings de sus viviendas, ya que cuentan con el beneficio de la prisión domiciliaria. Brunello, Etchart y Condal están en la cárcel de Campo de Mayo.
El MPF había solicitado las condenas y penas también para los imputados Antonio Miguel Seghighi, Desiderio Andrés González y Héctor Luis Selaya, pero en sus casos fue declarada extinta la acción penal tras sus fallecimientos.
Luchar sirve
En un testimonio brindado a la Agencia ANDAR, Alejandra Santucho, referente de HIJOS Bahia Blanca y parte de la querella en el juicio, valoró la sentencia y analizó: “A más negacionismo y reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno nacional, de éste lado tiene que haber más fuerza”
Uno de los puntos sobresalientes que ha sorprendido a H.I.J.O.S. durante el debate oral y público es el hecho de haberse tratado otros temas muy puntuales como por ejemplo la comunidad chilena que llegó a la ciudad escapando de la dictadura de Augusto Pinochet. “Ellos conformaban acá un barrio que se llamaba ‘17 de agosto’ y los bahienses lo llamaban en forma peyorativa: ‘el Palihue chico’, porque se encontraba muy cerca del barrio residencial Palihue, que es una zona con gran cantidad de chalets, muy apetecible económicamente. Los militares, con la excusa de que debían tapar un canal, primero los reprimieron y luego literalmente pasaron la topadora sobre el barrio, expulsándolos a barrios periféricos con casa de chapas”, recuerda Alejandra, y agrega: “esto estuvo silenciado en la sociedad de Bahía Blanca porque además hay que sumarle la xenofobia permanente. Para nosotros fue muy fuerte ver por primera vez a esas personas contar lo que vivieron en esos años ante un tribunal”.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires es querellante en este juicio al igual que de todos los procesos judiciales realizados en el territorio bonaerense. Además participa con la asistencia psicológica a víctimas y familiares a través del equipo de acompañamiento Dr Silvia Bleichmar.
La abogada querellante de la Subsecretaría de DDHH, Verónica Bogliano estuvo presente en el TOCF durante la lectura y destacó “es importante la condena y valoro que se haya reconocido que fueron delitos de lesa humanidad. También que una vez que esté la condena firme la rectificación del diario La Nueva Provincia sobre estos crímenes que informó como enfrentamientos, siendo cómplices civiles al falsear la verdad para incidir en la población”.
El juicio
El debate por la denominada “Megacausa Zona V” comenzó el 7 de febrero de 2022. En el transcurso del juicio, dieron testimonio 188 personas y se realizaron otras medidas probatorias, como las inspecciones oculares en la Unidad Regional V de la policía bonaerense y el Batallón de Comunicaciones 181.
El alegato del MPF se inició el 25 de marzo de 2024 y recién el 10 de octubre de ese año solicitó prisión perpetua para 20 acusados y penas de 18 a 25 años de prisión para otros 15.
El TOF informó que en 40 días hábiles se conocerán los fundamentos del veredicto que fue leído durante la mañana, ante la presencia de familiares de las víctimas, sobrevivientes, y representantes de los organismos de Derechos Humanos.
Con información de fiscales.gob
Foto principal: DDHH PBA