Redacción Canal Abierto | La causa conocida como $LIBRA, vinculada al fallido lanzamiento y colapso de la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei, sumó un nuevo capítulo judicial este 16 de enero de 2026: la Cámara Federal porteña ordenó recalibrar los montos de los embargos y pedir nuevas medidas de prueba, así como exigir al juez responsable que acelere la investigación, casi un año después del inicio de la causa.
El expediente, que investiga presuntos delitos que van desde estafa hasta abuso de autoridad y tráfico de influencias, gira alrededor de cómo la difusión política de un activo financiero con perfil de “memecoin” terminó beneficiando a unos pocos mientras dejaba pérdidas millonarias a miles de inversores. A través de una serie de decisiones encontradas y apelaciones judiciales, el caso se convirtió en un símbolo de tensión entre el poder político, la Justicia y la protección de los derechos de las víctimas.
La Cámara Federal —en una postura crítica a la traba precautoria insuficiente impuesta por el juzgado de primera instancia— sostuvo que los montos fijados originalmente no guardan proporción con la magnitud del perjuicio denunciado y que las cautelares patrimoniales deben basarse en fundamentos más sólidos y actualizados, ajustándose a reclamos que —según la querella— superan con creces las estimaciones iniciales de daños.
En ese sentido, además de los embargos, los camaristas instaron al juez de instrucción Marcelo Martínez de Giorgi a producir nuevas medidas de prueba para profundizar la pesquisa, subrayando que la instrucción no puede estancarse en decisiones cautelares aisladas sin avanzar sobre el fondo de la cuestión.
Este llamado de atención del tribunal de alzada se produce en medio de un largo historial de idas y vueltas procesales en una causa que, pese a haber trascendido el ámbito meramente técnico, sigue sin alcanzar una fase de indagatorias claras ni definiciones concretas sobre responsabilidad penal de los principales implicados.
En definitiva, la nueva decisión judicial representa —desde una perspectiva crítica— un intento de poner límites al manejo discrecional que hasta ahora mostró la investigación, en un contexto donde la legitimidad del proceso judicial hacia altos funcionarios sigue siendo objeto de escrutinio político y social.
Los embargos
La causa $LIBRA transitó varios giros en cuanto a las medidas cautelares patrimoniales: tras el levantamiento del congelamiento total de bienes y fondos que había dispuesto la jueza María Servini, el juez federal Martínez de Giorgi reemplazó esa inhibición por embargos concretos por 90 días, fijados en un monto equivalente al perjuicio económico inicial estimado en unos US$25.400 ($36.875.000).
Esos embargos alcanzan a Hayden Mark Davis (creador estadounidense de la criptomoneda y CEO de Kelsier Ventures), Mauricio Gaspar Novelli (trader e intermediario que vinculó a Davis con el presidente), Manuel Terrones Godoy (emprendedor vinculado a la promoción local de $LIBRA), Sergio Daniel Morales (exasesor con conexiones a la Comisión Nacional de Valores), María Alicia Rafaele y María Pía Novelli (madre y hermana de Novelli involucradas en movimientos de activos), Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino (empresarios asociados a operadores de la red), todos sometidos al mismo monto de embargo por 90 días en función del perjuicio denunciado.
Sin embargo, tanto querellas como la Cámara Federal porteña consideraron esos montos insuficientes respecto de la magnitud de las pérdidas denunciadas por miles de inversores, impulsando al tribunal superior a ordenar recalibrar al alza las cautelares y requerir nuevas pruebas para ajustar los embargos según la participación de cada encartado.
Datos clave
1-Objeto de la causa: investigación penal por el colapso de la criptomoneda $LIBRA, promovida públicamente por el presidente Javier Milei, que terminó con pérdidas masivas para inversores minoristas y ganancias extraordinarias para pocos operadores.
2-Delitos en análisis: estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.
3-Inicio de la investigación: la denuncia se formalizó tras la caída de la cripto en 2025 y la presentación de querellas por damnificados.
4-Juez de primera instancia: Marcelo Martínez de Giorgi, actualmente a cargo del expediente.
5-Intervención de la Cámara Federal: en enero de 2026, ordenó recalibrar los embargos y exigir nuevas medidas probatorias más sólidas.
6-Embargos cuestionados: el tribunal consideró que los montos anteriores eran “irrisorios” frente a los daños denunciados y pidió revisar los criterios para fijarlos.
7-Aceleración de la investigación: la Cámara pidió que las pruebas se produzcan con mayor celeridad para no dejar las cautelares aisladas del avance del caso.
8-Querellantes y víctimas: hubo ampliación de querellas en el expediente, con reclamos que sugieren daños individuales por sumas muy superiores a las estimadas inicialmente.
9-Estado actual: la causa sigue en instrucción; aún no se dieron indagatorias clave ni se definió una acusación formal en términos de juicio oral.
10-Significado político: el caso se instaló como un eje de crítica sobre cómo el poder político puede influir en productos de inversión sin la debida protección del público, generando tensiones entre legitimidad democrática y rendición de cuentas judicial.