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Canal Abierto - Periodismo de este lado
Juicios de lesa humanidad

Mar del Plata: La Justicia suspendió la construcción de un bar en un ex centro clandestino

El proyecto de privatización de un predio lindero al Faro de la Memoria es impulsado por un empresario gastronómico y el exintendente Guillermo Montenegro. Los organismos de derechos humanos denunciaron que el lugar fue escenario de crímenes de la dictadura.
Publicado 19/01/2026 3 minutos para leer
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Redacción Canal Abierto | Se conoció en las últimas horas que la Justicia frenó en diciembre las obras para construir un bar de gin en el predio lindero al Faro de Mar del Plata, donde funciona el Espacio de Memoria de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM).  

Se trata del lugar en el que funcionó uno de los centros clandestinos de detención y tortura que operaron durante la última dictadura en la ciudad balnearia.

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado presentó a fines de 2025 una medida cautelar para preservar el terreno, que sigue siendo objeto de investigación en causas por delitos de lesa humanidad.

La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata revirtió la decisión del tribunal de primera instancia. Ahora, los organismos deberán presentar al juez Santiago Inchausti pruebas sobre los crímenes que allí se perpetraron. El plazo vence el 8 de abril.

La empresa Bullbarrel S.A. pretende construir una destilería del gin de la marca Restinga, del  empresario local Matías Iriarte, vinculado a varios emprendimientos gastronómicos de la zona.   

El diario Página/12 recogió el testimonio de Irma Piñeiro, miembro de la Asociación, quien explicó que en el informe de la CONADEP y en más de 20 juicios quedó demostrado que la ex ESIM funcionó como Centro Clandestino. Fue parte de la estructura represiva de la fuerza de Tareas N°6 de la Armada con comando en la Base Naval de Mar del Plata.

La mujer sostuvo que cuentan con evidencia sobrada para demostrar que el sitio donde quieren instalar el bar fue parte del centro clandestino:

“Creemos que hay cuerpos enterrados porque se fusiló gente en el bosquecito y eso lo saben los compañeros que estuvieron secuestrados”.

El proyecto surgió en 2019 bajo la intendencia de Carlos Arroyo, y avanzó durante la primera gestión de Guillermo Montenegro, ambos de Juntos por el Cambio, pero fue detenido por el Concejo Deliberante. Finalmente se aprobó en agosto de 2024.

La concesión original estaba acordada en cinco años a cambio de un ridículo canon de 3 millones de pesos anuales.

El proyecto privado prevé la instalación de un “salón gastronómico” que se emplazará en parte sobre las estructuras ya existentes del espacio que supo funcionar como camping, y entre las construcciones a realizar se instalará un bar denominado “Gin garden”, un “invernadero botánico” y un anfiteatro para actividades culturales.

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