Redacción Canal Abierto | La postal de esta mañana en Plaza de Mayo volvió a exponer un escenario tan preocupante como habitual de la era Milei. Esta vez, el blanco de la represión fue el colectivo de personas con discapacidad, familiares y prestadores que se movilizaron para exigir la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunciar el colapso del sistema de atención.
La convocatoria, impulsada por organizaciones del sector, incluía la instalación de un gazebo frente a Casa Rosada. Pero la intervención de la Policía Federal no tardó en llegar: efectivos avanzaron sobre los manifestantes, impidieron el armado de estructuras y protagonizaron escenas de empujones, forcejeos y violencia directa contra personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Pero la escena sumó un elemento que amplificó la polémica: la propia Policía Federal argumentó que no se permitiría la protesta debido a la situación internacional, en particular la guerra en Irán.
La justificación aparece en línea con el alineamiento explícito del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel en el conflicto, una postura que ya generó rechazo interno e incluso amenazas por parte del régimen persa.
No se trata solo de la represión de una manifestación, sino de la redefinición de los límites del espacio público en un contexto de creciente conflictividad social.
El trasfondo del conflicto
Prestadores denuncian atrasos sistemáticos en los pagos de programas como Incluir Salud y PAMI, lo que pone en riesgo la continuidad de terapias, transportes, escuelas especiales y centros de día. “Nos estamos quedando sin prestaciones básicas”, advirtieron familiares durante la jornada.
A más de seis meses de su sanción, el Gobierno sigue dilatando el cumplimiento de la norma, aprobada y ratificada por el Congreso, violando así medidas judiciales tendientes a proteger los derechos cercenados.
