Redacción Canal Abierto | El video que difundió el Gobierno nacional por el 24 de marzo, con el que intentó sumar argumentos a su política de la “memoria completa” sobre el terrorismo de Estado, incluye declaraciones que pueden ser contestadas fácilmente derrumbando el mensaje general que pretende dar la débil producción audiovisual dirigida por Santiago Oría, “el cineasta de Milei”.
En la publicación, que pasó por el aniversario 50 del golpe de Estado sin pena ni gloria, hablan una nieta recuperada crítica del kirchnerismo, y el hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar secuestrado por el ERP en 1974.
De todas formas, el de Arturo Larrabure ya es un discurso más difundido, desde hace años busca instalar “la otra campana”, la de las “víctimas del terrorismo”, por lo que la primera entrevista del largometraje tuvo algo más de repercusión.
La extensa grabación de la hija de desaparecidos deja bien en claro que la dictadura le arruinó parte de su vida. Su propio testimonio expone una pérdida irreparable, una infancia en la mentira, un dolor insanable y una imposibilidad patente de esconder las heridas abiertas que el genocidio le provocó.
En este punto conviene aclarar que, justamente por tratarse de una víctima del terrorismo de Estado, este artículo no pretende confrontar con su discurso subjetivo ni responderle a la persona, sino exponer las inconsistencias del mensaje del Gobierno, que no es otro que el que sostienen sectores conservadores, negacionistas, progenocidas y apologistas desde hace décadas, pero que ahora merece especial atención por estar enquistado en la Casa Rosada.
Además, huelga explicar que son más de uno los nietos, hijos de desaparecidos y familiares de víctimas de la dictadura que han tomado posiciones políticas o ideológicas de derecha, y que no acompañan el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. No es ahí a donde apunta este breve ensayo. La idea es simplemente señalar los pasajes en los que el registro fílmico dice una cosa y esconde otra, evidenciando que el verdadero origen de las historias desafortunadas de ambos protagonistas está en los delitos de lesa humanidad.
El video
La filmación arranca con una voz en off que habla de “visión sesgada y revanchismo para beneficiarse económicamente y ganar votos”, y obviamente insiste con “dar vuelta la página” y su afán de “memoria completa”, apuntado a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández que impulsaron con políticas públicas los reclamos históricos de los organismos de derechos humanos. Hasta ahí, todo esperable y previsible.
Luego, la testimoniante comienza contando sobre su “infancia hermosa” con su familia de crianza, pero a la vez reconoce haber crecido engañada al describir cómo se dio cuenta por sus propios medios de la verdad. Recuerda que fue a su apropiador a quién encaró en su adolescencia para que le cuente sobre su procedencia, pero habla de una “versión” brindada por el represor que no fue comprobada en los juicios en los que fue condenado.
Si bien acepta que su apropiador debe pagar por sus delitos, (“si mi papá hizo algo, lo está pagando”), con su relato el Gobierno le apunta al kirchnerismo por el sufrimiento que le causó a su familia el encarcelamiento. Es menester subrayar, a pesar de lo que intenta instalar el clip, que es el propio represor el responsable por sus hechos criminales durante la dictadura.
“Tengo cuatro padres”, dice en varios momentos. Aquí, el objetivo de la realización pareciera ser un intento por minimizar la gravedad de los crímenes, evitando mencionar que el afecto que un hijo apropiado tenga por su apropiador, no le quita peso al robo de niños.
De hecho, no son pocos los nietos recuperados que mantienen vínculo familiar y afectivo con sus apropiadores.
En otro fragmento, la mujer dice que ningún testigo reconoció a su padre como torturador o asesino. Sin revisar las sentencias, se puede analizar que el represor recibió una condena por robo de bebes y sustracción de identidad, pero otras cuatro (tres a perpetua), por desapariciones, homicidios y otros crímenes contra la humanidad.
Es que Armando Osvaldo Fernández encabezaba el área de Inteligencia del temible Departamento de Informaciones 2 de Mendoza (D2), por el que hubo varios juicios, que realizaba el espionaje y apoyo a los operativos represivos. El hecho de que ningún sobreviviente o familiar lo haya señalado como autor material de torturas o asesinatos (algo que esta nota no necesita chequear) no lo exculpa de su responsabilidad en la cadena represiva.
En un momento de su alocución cuenta que se fue del país para evitar hacerse el estudio de ADN, lo que presenta como un “acoso” por parte del gobierno de ese momento, de la Justicia y los organismos de derechos humanos. Aquí sí conviene aclarar con contundencia que el derecho a conocer la identidad no es solo personal, sino también de las familias en búsqueda, y por eso es una obligación presentarse y los jueces están facultados para hacer cumplir ese trámite con la fuerza pública. También existe el derecho colectivo del pueblo argentino a saber la verdad de lo que pasó en su historia reciente. Lo que en estos casos se pretende presentar como hostigamiento político, se puede evitar simplemente cumpliendo con la ley.
“Yo sí sabía mi procedencia” se escucha después, en un intento de cuestionar la validez moral del proceso judicial que llevó a la protagonista a reencontrarse con su propia historia. Sin embargo, está a la vista que sólo sabía que no era hija de sus “padres de crianza”, pero desconocía -hasta que la prueba genética entregó sus resultados- quien era su familia biológica y sus verdaderos padres. Si el Gobierno quiso al incluir esta declaración deslegitimar los juicios por delitos de lesa humanidad, no lo logró.
Otra aclaración: Este texto no desconoce que un padre o una madre de crianza pueden ser tan o más “verdaderos” que un padre o una madre de sangre ausentes. Pero no es el caso de los desaparecidos, que no se ausentaron por voluntad propia.
“Escuché testigos que terminaron de declarar y preguntaron ‘¿Dónde paso a cobrar?’, se observa más adelante. Otro prueba fallida del director por descreditar los juicios, ya que no hubo denuncias masivas ni casos relevantes de testimonios comprados en estos 20 años.
La filmación también busca instalar la noción de juicios direccionados o manejados políticamente, con un cuestionamiento a la causa que investiga el caso de Guido Carlotto, que también mantiene relación familiar con sus apropiadores, dos peones rurales que recibieron un bebé durante la dictadura de manos de su patrón, un empresario del campo ya fallecido. Según la producción de LLA, el juicio estaría estancado por la reticencia de Guido a avanzar contra sus padres de crianza, que podrían terminar presos. Y, siempre según la construcción que sugiere el audiovisual, la Justicia sería permeable a los deseos de la familia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Si bien es cierto que el nieto 114 no participa activamente en el proceso y eso ralentiza el avance de la investigación, la causa sigue abierta y, en todo caso, lo que representa, más que un pacto político entre jueces, fiscales y Abuelas, es la lentitud de la Justicia en agilizar los expedientes, un reclamo histórico de los organismos y el movimiento de derechos humanos.
Finalmente el gobierno insiste con la supuesta utilización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, cuestionando la relación entre algunos organismos y el kirchnerismo. Sin embargo, la testimoniante reconoce que las Abuelas “Hicieron un trabajo hermoso”. “Valoro y reivindico su lucha”, dice, al tiempo que se queja porque “están politizadas”.
En esa línea, el video revive una situación en la que Estela de Carlotto criticó insistentemente a Mauricio Macri. Con la escena, el Ejecutivo parece querer ratificar la idea de una adhesión partidaria de las mujeres del pañuelo blanco. Sin embargo, se advierte cierta lógica y coherencia en el cuestionamiento directo al gobierno de Cambiemos, que despriorizó las políticas de derechos humanos, achicó áreas, personal y presupuestos, y quitó impulso y centralidad al rol del Estado en el proceso de memoria y justicia.
Del testimonio de Larrabure solo conviene aclarar que, aunque él diga que el cuerpo de su padre apareció con signos de “tortura y electricidad en los genitales”, no hay constancia de ello en las causas judiciales ni en las investigaciones periodísticas. Y además está ampliamente aceptado que las organizaciones en lucha contra el terrorismo de Estado no torturaban a sus prisioneros, por un rechazo ideológico a utilizar los mismos métodos macabros que sus enemigos. Una simple búsqueda en internet alcanza para contrarrestar esa acusación.
Luego invoca una falsa concordia y unidad nacional poniendo como ejemplo sus acercamientos a Graciela Fernández Meijide y Luis Labraña, quienes más allá de sus roles durante la dictadura y la lucha por los derechos humanos han mostrado actitudes genuflexas y contrarias a las demandas históricas de familiares, sobrevivientes y sectores populares.
