Redacción Canal Abierto | La discusión por la validez del protocolo “antipiquetes” suma un nuevo capítulo en una causa judicial que ya lleva dos años. Ahora, la Cámara en lo Contencioso y Administrativo Federal decidió aceptar la apelación presentada por el Gobierno y convalidó la medida represiva que, en lo que va del Gobierno, produjo al menos 1400 heridos en el marco de protestas legítimas.
“La Cámara Contencioso Administrativo Federal restringe al máximo el derecho a la protesta”, denunciaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que impulsa la acción colectiva por la inconstitucionalidad del decreto 943/2023, junto a Amnistía Internacional, ATE y otras.
“Desconoce –añadieron- que poder participar de una manifestación sin temor a ser golpeado, detenido o criminalizado es parte del derecho a protestar. Para que el derecho a la protesta exista realmente, deben garantizarse por parte del Estado condiciones mínimas: por ejemplo, que no te peguen”.
A partir de la medida que se conoció ayer, la Cámara también rechazó el dictamen de la fiscalía en contra del pedido del Poder Ejecutivo, quien había argumentado que el protocolo impone una intervención policial automática ante cualquier afectación de la circulación, sin considerar las circunstancias concretas ni el carácter legítimo de las manifestaciones, lo que resulta incompatible con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que exige la Constitución.
El planteo del fiscal Rodrigo Cuesta iba en línea con el fallo de primera instancia del juez Martín Cormick, quien había anulado la resolución 943/2023 por considerar que el Poder Ejecutivo se había excedido en sus funciones al asumir facultades propias del Legislativo.
Tras conocerse este nuevo revés al derecho a la protesta, desde el CELS ya adelantaron que presentarán un recurso para que la Corte Suprema resuelva caso.
“Una vez más, los jueces en lugar de proteger derechos de aquellos que se manifiestan le dan al Poder Ejecutivo facultades amplias y difusas para reprimir las protestas que son críticas a sus políticas”, cuestionaron sobre la decisión de la Cámara.
