Redacción Canal Abierto | El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó la admisibilidad de los dos recursos presentados por la defensa del actor Juan Darthés y ratificó la condena por abuso contra la actriz Thelma Fardin.
La resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género.
El fallo reafirma que la violencia sexual ya fue probada y que, en esta etapa, no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas, que ya fueron valorados por la Justicia y que sostuvieron la condena de Darthés a 6 años de prisión en régimen semiabierto por la violencia sexual contra Fardin.
Para Amnistía Internacional, que acompañó a la artista desde el inicio de la causa, esta decisión es especialmente relevante en un contexto en el que distintos sectores buscan instalar en el debate público la idea de una supuesta ola de “falsas denuncias” para endurecer las penas solo en casos de violencia de género y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.
La decisión vuelve a enviar un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada, y los intentos por desacreditar a quienes denuncian no pueden convertirse en una herramienta de impunidad.
La organización advierte que se busca correr el foco de la discusión real. El delito de falsa denuncia ya se encuentra previsto en la legislación penal. Sin embargo, la insistencia selectiva en agravar su tratamiento cuando se trata de denuncias por violencia de género o violencia sexual a las infancias no es neutra: pone bajo sospecha justamente a quienes ya enfrentan más obstáculos para denunciar, mayores dificultades probatorias y más temor a romper el silencio.
En ese sentido, el proyecto parece más orientado a amedrentar a quienes denuncian —o a quienes acompañan o tienen deber legal de denunciar hechos contra NNyA— que a resolver problemas reales de persecución penal o protección.
De acuerdo con los datos accesibles de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las causas por denuncias falsas se vinculan principalmente con delitos económicos, de falsificación y aduaneros —como estafas, fraudes a seguros o contrabando. En Argentina no hay estadísticas ni evidencia que indiquen que sea un fenómeno generalizado y a nivel global, las denuncias falsas son menos del 1%, conforme información de ONU 2024. El problema estructural sigue siendo otro: muchas violencias no se denuncian, y cuando se denuncian, el Estado suele llegar tarde.
“Como persona que atravesó una situación de violencia sexual, me preocupa profundamente ver cómo se pone el foco en las supuestas ‘falsas denuncias’, cuando a nivel global representan menos del 1% de los casos. Lo que yo viví —y lo que viven miles de niñas y mujeres— es exactamente lo contrario: cuando nos atrevemos a romper el silencio y denunciar, tenemos que atravesar un proceso judicial, largo, tedioso y revictimizante. En mi caso, fui sometida a 9 pericias, incluso a una pericia física, pese al tiempo transcurrido desde los hechos, hasta que logró probarse lo sucedido. Poner en el centro del debate a quienes denuncian, en lugar de las fallas del Estado, no solo distorsiona la realidad, sino que envía un mensaje peligroso: que denunciar puede tener consecuencias. No sobran denuncias, faltan respuestas”, expresó Thelma Fardin.
“Vemos con preocupación los intentos de promover iniciativas para agravar las penas frente a supuestas falsas denuncias en casos de violencia de género, abuso sexual contra las infancias y violencia familiar, cuando esas conductas ya se encuentran previstas en el Código Penal. No se trata de negar que puedan existir casos excepcionales, sino de evitar que esos casos sean utilizados para desplazar el foco del debate público. Los verdaderos problemas son otros: la violencia sexual sigue siendo profundamente subdenunciada y el Estado continúa fallando en la prevención y protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Insistir con este tema agrega una barrera más a los innumerables obstáculos que ya enfrentan las víctimas cuando deciden pedir ayuda o denunciar, y aumenta la desprotección de las infancias”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Según datos relevados por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) a partir de fuentes secundarias entre 2016 y 2021, solo el 10% de las mujeres que sufren violencia sexual denuncia.
A su vez, según información de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos de femicidio muchas violencias ya habían sido advertidas antes del hecho: el 18% de las víctimas había denunciado previamente, pero menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes al momento del femicidio. Esto pone en evidencia que las respuestas estatales y las medidas de protección continúan siendo insuficientes.
En los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, además, la enorme mayoría de los agresores pertenece a ámbitos de confianza, familiares o personas conocidas. Según lo informado por el Estado argentino ante el Comité de Derechos del Niño, entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, y el 83,9% de los agresores pertenecía a ámbitos de confianza.
“Después de años de lucha, esta resolución es un paso firme en la construcción de una justicia que escucha, que reconoce la violencia de género y que manda una señal potente para las niñas y mujeres de América Latina”, destaca la ONG de derechos humanos.
