Nota publicada originalmente el 3 de julio de 2026
Redacción Canal Abierto | A 24 años de la Masacre de Avellaneda*, la tercera entrega de reVER, los especiales de Canal Abierto, se preguntó por la violencia estatal y policial como herramienta para disciplinar a la sociedad y en particular a las luchas contra el poder.
En ese marco, María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), el organismo de Derechos Humanos nacido en 1991 tras el asesinato de Walter Bulacio luego de una razzia policial en un recital de los los Redonditos de Ricota, explicó desde una perspectiva histórica por qué la situación represiva con el gobierno de Javier Milei es “infinitamente peor” que en 2002, cuando ocurrieron los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, e incluso, que en la previa al estallido social y político de 2001.
“Hoy estamos ante un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías”, definió la abogada.
Verdú también se refirió a la diferencia entre dos términos que suelen usarse como sinónimos: la violencia institucional y violencia represiva. Mientras el primero es más amplio y se entiende como la violencia que existe, por ejemplo, cuando un chico tiene que dormir en la calle o alguien tiene que levantarse a las 4 de la mañana para conseguir un turno médico para dentro de meses, la segunda es “esa violencia que se expresa a través del uso de la fuerza por parte del aparato represivo estatal”.
En este punto también hay dos grandes categorías: “la represión selectiva”, o sea, “la que se descarga de manera específica sobre los sectores sociales ya organizados”, como la que sufren las jubiladas y jubilados todos los miércoles en el Congreso, y otras expresiones de la protesta, y luego está la violencia que podría llamarse “preventiva”.
Esta última “es la otra cara de la represión estatal, que es mucho menos visibilizada y es menos percibida socialmente, porque justamente una de sus características es la invisibilidad hacia fuera de la clase que la padece y la naturalización hacia dentro de quienes son víctimas”, señaló.
Acá aparecen “desde el verdugueo clásico, el hostigamiento, la militarización de los barrios, las detenciones arbitrarias en las zonas populares -que hoy están alcanzando a otros segmentos de la sociedad- y, por supuesto, el gatillo fácil y la tortura y la muerte en los lugares de detención”.
En diálogo con Canal Abierto, la referente de CORREPI también analizó la cuestión de fondo de la problemática, es decir, el rol social y político que cumple la represión estatal “gobierne quien gobierne”. Así, porque “la represión es una herramienta de cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases”, precisó.
Sin embargo, aclaró: “Sobre ese telón de fondo transcurre la película y en esa película lo que vemos claramente es que no siempre, más allá de que sea el mismo sistema capitalista o el mismo sistema de explotación y opresión, se reprime de la misma manera”. En ese marco, dijo que hay “dos cuestiones básicas” que determinan “en qué momentos vamos a vivir situaciones más graves de represión”.
Sobre el panorama actual, en tanto, señaló que “con Milei, con Villarruel, con Bullrich y ahora con Monteoliva venimos batiendo absolutamente todos los récords en materia de gatillo fácil de la historia Argentina en democracia”. Acá, los números hablan solos: “En nuestro archivo tenemos registrados un total de 10.900 casos desde diciembre del 83. De ese total, más de 1.000 corresponden solo a los dos años de gestión de Milei”, indicó.
La entrevista completa:
*La Masacre de Avellaneda
El 26 de junio se cumplieron 24 años de los asesinatos de los dos jóvenes del movimiento de trabajadores desocupados, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, a manos de la Policía Bonaerense durante una protesta en Puente Pueyrredón. El hecho, ocurrido en 2002, que pasó a la historia como la Masacre de Avellaneda, fue pergeñado desde el poder para ponerle fin a una etapa signada por masivas protestas, pero se terminó llevando puesto al propio gobierno de Eduardo Duhalde, que debió llamar a elecciones anticipadas.
El rol de los reporteros gráficos y de la organización popular fue clave para derribar el discurso oficial y de los grandes medios que quisieron hacer pasar los fusilamientos como un enfrentamiento entre piqueteros.
En un contexto de pérdida de derechos y avance represivo como el actual, Darío y Maxi nos siguen interrogando sobre la importancia de la organización desde abajo para luchar contra la violencia de los poderes.
De esto charlamos en la tercera entrega de reVER con Mario Santucho, integrante del colectivo editorial de Revista Crisis y del Mapa de la Policía; Vanesa Orieta, militante y referente del Espacio de Memoria por Luciano Arruga, yJosé Luis Calegari, abogado y militante de la Red Comunitaria Angelelli de Florencio Varela.
Acá podés ver la entrevista completa:
