Redacción Canal Abierto | El Gobierno de Javier Milei impulsa para hoy a las 12 una sesión para darle media sanción al proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que, entre otras cuestiones, elimina el límite del 15% a la compra de tierras del territorio nacional por parte de extranjeros, que actualmente prevé la Ley de Tierras Rurales.
Sin embargo, la sesión tambalea luego de que el miércoles por la noche se conociera que al menos tres senadores radicales y uno de Provincias Unidas no concurrirían al recinto, poniendo en peligro el quórum.
También la vicepresidenta Victoria Villarruel, que deposita su capital político en las fuerzas armadas y en un sector de los veteranos de Malvinas se opuso al proyecto. Según difundió La Nación, la presidenta del Senado acusó a Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de impulsar una sesión para “vender el país” mediante la aprobación del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Desde el peronismo también rechazaron el proyecto. Juliana Di Tullio, del bloque Justicialista, compartió un documento del PJ titulado “La tierra argentina para los argentinos”.
“El gobierno de Milei invoca la necesidad de “promover inversiones” para justificar la eliminación de la Ley 26.737, sancionada por amplia mayoría en 2011. Se trata de un argumento falaz: no está en juego la atracción de inversiones legítimas que generen empleo, agreguen valor a nuestros recursos y contribuyan al desarrollo de las comunidades, sino, lisa y llanamente, el cambio de titularidad de nuestras tierras”, señala el comunicado.
Impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger el texto que obtuvo dictamen en el plenario de comisiones el pasado 20 de mayo, entre otros puntos salientes propone eliminar la restricción para que empresarios extranjeros compren tierras rurales y estipula los desalojos exprés de viviendas o terrenos usurpados.
Desde el Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria, del Programa de Investigación sogre Historia Agraria (PRIHA) de la FCE-UBA, integrado por investigadores e investigadoras del CONICET, advierten que ya hay 13 millones de hectáreas de tierra rural en manos extranjeras.
“Sostenemos y advertimos que la propuesta de modificación del régimen de tierras rurales marca un punto de inflexión regresivo en materia de soberanía territorial. El proyecto debilita las capacidades estatales de regulación y abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes. Por eso, más que una ley de protección, entendemos que se trata de una “ley de extranjerización” que pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes”, advierten en un documento este equipo que lleva adelante el Mapa Interactivo de Extranjerización de la Tierra a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR).
Qué establece el proyecto de ley
El proyecto deroga los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26.737 (conocida como la Ley de Tierras Rurales), suprimiendo:
● el límite del 15% a la titularidad extranjera sobre el territorio nacional, provincial y municipal; el límite por nacionalidad dentro de ese porcentaje (30%);
● el tope de extensión por titular extranjero, junto con los criterios técnicos que ajustaban esa equivalencia según ubicación y calidad de las tierras.
● La prohibición de compra por parte de estados extranjeros y sus organismos sigue vigente, pero con una cláusula de excepción: si la provincia donde se ubican las tierras lo solicita, y el Poder Ejecutivo Nacional lo autoriza previamente, la operación puede realizarse.
● Limitación a las expropiaciones: Se establecen restricciones para que el Estado pueda expropiar bienes por causa de utilidad pública.
● Desalojos más rápidos: Se introducen cambios en el Código Procesal para acelerar los procesos de desalojo ante ocupaciones, usurpaciones o falta de pago, reduciendo los requisitos para restituir el inmueble al propietario.
● Cambios en la Ley de Manejo del Fuego: Se modifica la veda que impedía el uso, venta o modificación del suelo en zonas afectadas por incendios (antes fijada en 60 años), flexibilizando estas restricciones.
