Publicado originalmente el 01/09/2026
Redacción Canal Abierto | La violencia armada continúa profundizando la crisis humanitaria y de seguridad en Haití. Al menos 1.408 personas fueron asesinadas y otras 656 resultaron heridas durante el segundo trimestre de 2026 como consecuencia de la violencia armada y de operativos de seguridad, según un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh). Desde 2018, los registros acumulan más de 22.000 asesinatos.
En este contexto, organizaciones sindicales y profesionales haitianas denunciaron una nueva masacre ocurrida en el municipio de Kenscoff, en las inmediaciones de Puerto Príncipe, entre la noche del domingo 23 y el lunes 24 de agosto.
La Unión Nacional de Normalistas Haitianos (UNNOH), la Central Nacional de Educadores Haitianos (CENEH), la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de los Sectores Público y Privado de Haití (CUTRASEPH) y el Colegio de Abogados Jóvenes de Puerto Príncipe difundieron una declaración en la que aseguraron que más de 40 personas murieron durante el ataque. Entre las víctimas, según el comunicado, habría niños, trabajadores agrícolas y empleados municipales. Expresaron “su profunda indignación, su legítima ira y un dolor indescriptible ante la nueva masacre perpetrada”.
Las organizaciones atribuyeron la ofensiva a la coalición criminal Viv Ansanm y denunciaron que decenas de viviendas fueron incendiadas, provocando además un desplazamiento masivo de habitantes de la zona. Calificaron a este crimen como “de lesa humanidad” y afirmaron que “esta tragedia insoportable constituye una violación flagrante del derecho más elemental de una persona: el derecho a la vida”.
Amnistía Internacional tambiénexigiró justicia por la masacre y reflejó que según datos de la ONU son 47 las víctimas fatales y 20 heridos.
Cuestionamientos a las autoridades
En su comunicado, las organizaciones también cuestionaron duramente la actuación de las autoridades haitianas y del Consejo Superior de la Policía Nacional (CSPN). Sostuvieron que los organismos de seguridad habían sido advertidos sobre la posibilidad de un ataque y reclamaron explicaciones por lo que consideran una respuesta insuficiente.
“¿Qué explica la inacción sistemática de las autoridades públicas ante las reiteradas alertas?”, plantearon.
El documento sostiene que la falta de respuesta estatal podría estar vinculada con una eventual connivencia o con un incumplimiento de las funciones de los organismos encargados de garantizar la seguridad de la población.
“Esta pasividad culpable responde a una connivencia criminal, o a un abandono de función flagrante”, denunciaron, a la vez que responsabilizaron a las autoridades de dejar “deliberadamente a la ciudadanía indefensa frente a terroristas fuertemente armados, que actúan bajo órdenes para perpetrar matanzas en serie”.
Las organizaciones también aseguraron que “la inseguridad actual constituye una industria floreciente que enriquece a aves de rapiña nacionales e internacionales a costa de la sangre de nuestro pueblo. Este caos planificado busca debilitar a Haití política y económicamente, para justificar la injerencia extranjera, reforzar la dependencia política y excluir definitivamente al pueblo haitiano de las decisiones cruciales sobre su futuro”.
En ese sentido, citaron declaraciones realizadas el 21 de julio por el representante demócrata estadounidense Gregory Meeks durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Meeks había cuestionado la eficacia de las políticas aplicadas por sucesivas administraciones estadounidenses y sostuvo que una solución impuesta desde el exterior no resolvería la crisis haitiana.
“Las políticas llevadas a cabo tanto por las administraciones demócratas como por las republicanas no han dado los resultados esperados. Una nueva solución impuesta desde el exterior no funcionará; el futuro de Haití no debe diseñarse en Washington, Nueva York o Ginebra. Una fuerza de seguridad internacional no puede sustituir a una gobernanza legítima, a unas instituciones sólidas ni a la confianza de la población”, declaro Meeks.
Reclaman cambios en la conducción de seguridad
Las organizaciones firmantes reclamaron la renuncia de los principales integrantes del CSPN, entre ellos el primer ministro, el ministro del Interior, el ministro de Justicia y las máximas autoridades de la Policía Nacional de Haití (PNH), además del alto mando de las Fuerzas Armadas.
También exigieron una operación policial y militar contra los grupos armados que operan en Kenscoff y sus alrededores, aunque remarcaron que debe existir una coordinación sostenida de las fuerzas de seguridad.
Entre sus principales demandas incluyeron además la apertura de una investigación judicial para determinar eventuales responsabilidades dentro de la cadena de mando estatal y la identificación de los responsables materiales e intelectuales de la masacre.
Las organizaciones reclamaron asimismo asistencia humanitaria urgente para las familias de las víctimas y para los habitantes desplazados, incluyendo apoyo psicológico y logístico.
Un llamado a la movilización
El comunicado concluye con un llamado a la movilización ciudadana y a una transformación de las estructuras políticas y de seguridad del país. Las entidades reclamaron una nueva gobernanza, instituciones fortalecidas y cuerpos policiales y militares depurados.
La nueva denuncia se produce en medio de una crisis de seguridad que continúa provocando miles de víctimas y desplazados. La violencia de los grupos armados, sumada a la debilidad de las instituciones estatales, mantiene a Haití sumido en una de las crisis políticas, sociales y humanitarias más graves de su historia reciente.
“Pueblo haitiano: despertad y alzaos para hacer frente a este peligro existencial. Pongámonos en pie, unidos y decididos, para derrocar este sistema de terror y neutralizar a las redes criminales, así como a sus instigadores, aliados y cómplices. Es el momento de una resistencia global para exigir justicia, reparación, soberanía y el fin definitivo de la impunidad”, concluye el comunicado de las organizaciones firmantes.
