Redacción Canal Abierto | Mientras continúan las repercusiones tras la cadena nacional en la que Javier Milei anunció una serie de medidas “para defender el derecho pleno de la soberanía argentina” sobre las Islas Malvinas, a propósito del proyecto petrolero anglo-israelí Sea Lion, el diputado nacional Maximiliano Ferraro denunció que el Gobierno libertario –hace tan solo un año- premió con el RIGI a una empresa sancionada por operar en las Islas Malvinas sin autorización.
La empresa en cuestión es Premier Oil, que en 2013 fue sancionada por el Estado argentino por violar la ley 26.659. Así, “por llevar a cabo actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, en zonas próximas a las Islas Malvinas, sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente de la republica argentina”.
La sanción rige hasta 2028, sin embargo, el año pasado el Gobierno libertario premió a la misma empresa – que en 2021 se cambió el nombre a Harbour Energy– con todos los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por el RIGI para grandes inversiones extranjeras, y garantizados por 30 años. Lo hizo a través de la aprobación del proyecto para instalar dos unidades flotantes de licuefacción de GNL en el Golfo San Matías al consorcio Southern Energy, en el que Harbour Energy tiene una participación accionaria del 15%.
Así lo reveló el legislador de la Coalición Cívica-ARI en una publicación en X (ex Titter), en la que le exige explicaciones por este accionar al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y al canciller Pablo Quirno.
Según consta en los registros societarios del Reino Unido, Harbour Energy y Premier Oil -precisó- “serían la misma persona jurídida, inscripta bajo un único número de registro, con un cabio de denominación social operado en 2021”.
“Todos sabemos que un cambio de nombre no crea una persona jurídica nueva ni extingue las sanciones que pesaban sobre la anterior. De ser así, la inhabilitación dispuesta en 2013 sobre Premier Oil PLC, vigente hasta 2028, alcanzaría a la sociedad hoy denominada Harbour Energy plc”, insistió Ferraro.
El artículo 5 de la ley 26.659 ya mencionada prohíbe al propio Estado (y a los gobiernos provinciales y municipales) contratar a las empresas sancionadas, sus controladas o sus accionistas. Por tanto, más allá de los cuestionamientos políticos, de confirmarse la denuncia, la decisión tomada por Caputo (el ministerio de Economía es el organismo que acepta o rechaza los proyectos) se habría hecho en violación a esa disposición.
“Tampoco se entiende cómo esta información no fue advertida por las áreas que intervienen y realizan los dictámenes legales en cada expediente antes del dictado del acto administrativo”, alertó Ferraro.
El proyecto en el Golfo San Matías
Tal como señala un informe del Observatorio del RIGI, el proyecto aprobado el año pasado mediante la resolución 559/2025, no solo cuenta con la participación de una empresa sancionada por operar en cercanías de las Malvinas sino que, además, implica la expansión de la frontera fósil sobre un área históricamente protegida.
“El proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy (SESA) constituye un hito en la consolidación de un modelo hidrocarburífero de orientación exportadora que antepone la captura de rentas externas a la preservación de ecosistemas marinos históricamente protegidos”, advierte la red de organizaciones integrada por FARN y el CELS, entre otras.
Y detalla: “Bajo la figura de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) dentro del RIGI, esta iniciativa proyecta una inversión de USD 15.156 millones para transformar el Golfo San Matías en un nodo industrial de escala global. La estrategia se fundamenta en la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) —el “Hilli Episeyo” y el “MKII”— con una capacidad conjunta de producción cercana a los 6 millones de toneladas anuales de GNL”.
“Sin embargo –denuncia- este despliegue de infraestructura ocurre tras una cuestionada modificación de la Ley provincial 3.308, la cual brindaba protección específica al golfo frente a la actividad hidrocarburífera, lo que evidencia una priorización de la normativa de fomento inversor sobre los marcos de conservación ambiental preexistentes”.
Ficha completa del proyecto elaborada por el Observatorio del RIGI
