Publicado 24/09/2026
Por Nahuel Croza | En 2020, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas junto a la APDH Neuquén presentaron ante la justicia neuquina una denuncia penal por contaminación ambiental por los llamados “basureros del fracking” de la empresa COMARSA. Los imputados en la causa caratulada como “envenenamiento, adulteración o contaminación de suelo, agua, atmósfera o ambiente general en concurso ideal con administración fraudulenta” son Juan Manuel Luis, fundador y director de la empresa, y los exdirectivos Héctor Basilotta y Federico Ponce.
En el marco de la investigación desarrollada por la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid, en un allanamiento realizado en el domicilio de Luis en San Isidro, provincia de Buenos Aires, se secuestró un cuaderno con anotaciones manuscritas del empresario. En las mismas, hace referencia a maniobras para evitar riesgos judiciales, medidas para cubrirse de los delitos y ocultar el pasivo ambiental de la Planta Industrial Neuquén. Cita estrategias financieras y administrativas y detalla listas de pagos y facturas. También, revela presuntos vínculos con gobernadores, funcionarios, otras firmas y hasta con el fiscal general de la provincia José Ignacio Gerez.
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Las querellas solicitaron a Pedro Biscay, abogado especializado en criminalidad financiera, la elaboración de un informe pericial desde un enfoque económico-financiero. “Es importante destacar algunas problemáticas de fondo que tienen que ver con la relación entre los delitos ambientales y los delitos vinculados con la criminalidad económica”, explica el experto, seleccionado para integrar el Grupo de Investigación de Expertos Independientes (GIEI) Berta Cáceres, impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH – OEA), para develar la trama financiera que habilitó e impulsó el crimen de la dirigente indígena y ambiental hondureña.
“En el análisis relevamos aspectos ligados con la maniobra y encontramos aspectos muy elocuentes en el sentido de demostrar una reorganización de una ingeniería societaria de la empresa que está bajo investigación y de otras empresas relacionadas con el servicio del manejo de los residuos petroleros”, explica el letrado a Canal Abierto.
Del análisis del documento Biscay concluye que se evidencia “un proceso de planificación financiera, societaria y operativa relacionada con los pasivos ambientales de Comarsa S.A. Esta planificación se insertó en una estrategia de reorganización societaria y en decisiones que tuvieron presente el escenario judicial conformado por el proceso criminal en curso”.
¿Podemos hablar de fraude?
“Desde el enfoque económico financiero pusimos el eje en mirar estas palabras en un contexto semántico particular y entender que existían distintas ingenierías societarias vinculadas con el pase de acciones, con los aportes de capital, con los cambios en la composición de los directorios y demás. Y, a la vez, una reingeniería de tipo financiero vinculada con el uso de facturas por anticipos, la cesión de esas facturas a un supuesto testaferro”.
¿Podrías inferir que hubo fraude en estas maniobras?
-No me corresponde. Es materia de debate y creo que hay que ver el cuaderno en conjunto con el resto de la valoración probatoria que presente el Ministerio Público Fiscal y se deberá dilucidar en el marco del juicio oral y público.
Lo que sí uno puede ver de manera muy directa en ese cuaderno es que también había otras palabras que hablaban de manejar una doble realidad, la realidad y la ficción. Aparecen en varios tramos de ese cuaderno la idea de que hay que mantener las apariencias y a su vez tratar de resolver el problema vinculado con estos pasivos.
En el cuaderno también se menciona y analizan las repercusiones legales que este caso generaba para la compañía y para los imputados. Aparecen preguntas acerca de cómo evitar el dolo y anotaciones relacionadas con cómo frenar la investigación.
Yo lo que podría decir es que esas notas en el cuaderno permiten entender que existió cierta elucubración orientada a tomar acciones vinculadas con el plano judicial y con el plano político.
En algunos casos aparecen nombres de exposición política (N.deR.: se menciona al ex gobernador Jorge Augusto Sapag, señalado en el texto como JAS, a un tal Rolo ¿Figueroa? y al intendente de la capital neuquina Mariano Gaido), por su rol institucional de primera relevancia, asociados a palabras con, como por ejemplo, cenas o encuentros, pero algunos trazos daban a entender que algunos encuentros ocurrieron, otros daban a entender que eran encuentros planificados, es decir, ideaciones orientadas a que esos encuentros ocurran.
Crimen económico y crimen ambiental
“Los casos donde el crimen económico y el crimen ambiental se cruzan son casos complejos, son casos que tienen tramas financieras muy sofisticadas, donde inciden distintos instrumentos societarios: fideicomisos, sociedades de inversión, sociedades simplificadas, aportes de capital, uso de balances, uso de testaferros, distribución de participaciones accionarias dentro de un capital, manejo de flujos financieros a través de operaciones con contratos, con facturas, cesiones y demás. Y luego una dimensión vinculada con la faz de la de la impunidad y con la preocupación por cómo evitar el peso de la ley y las consecuencias frente a la eventual comisión de delitos”.
¿Qué importancia tiene la investigación de los delitos ambientales?
–Mi mirada al respecto de esto es que hay que cambiar la concepción con que vemos el problema criminal relacionado con la agresión al ambiente. Tradicionalmente esto se analizó bajo la idea de daños ambientales y de delitos vinculados con acciones de empresas o de particulares que tenían capacidad de dañar el ecosistema. Esto es cierto, esto sigue estando, los casos ambientales son casos que provocan daños reales, pero también es cierto que en la medida que existen estos daños o que existe el riesgo de producir los daños también existe una pregunta por los modelos de negocios que están por detrás de lo que estamos viendo en toda América Latina alrededor del desarrollo de industrias extractivas altamente contaminantes.
Hoy en día, los delitos ambientales cruzan una serie de problemas muy sensibles para la democracia. Por un lado, factores de poder, porque a través de estos casos hay generalmente cuestiones vinculadas con el financiamiento político. Y, por lo tanto, problemas vinculados con la corrupción, vinculados con derechos humanos, desplazamiento de comunidades, asesinato de defensoras y defensores ambientales.
América Latina es una de las regiones con mayor cantidad de defensores y defensores ambientales asesinados en contexto de denuncias de casos de criminalidad ambiental. Pero también aparece el vector financiero que muestra que detrás de los delitos ambientales clásicos, no hay solamente un daño, sino que hay un negocio corporativo vinculado con un trade-off entre dañar el ambiente a cambio de maximizar las inversiones.
El conflicto principal que estamos viendo en toda América Latina es el conflicto por el desarrollo de industrias extractivas que son contaminantes, que requieren presupuestos y factores de inversión mucho más exigentes en materia de políticas de debido cumplimiento ambiental, políticas de debido cumplimiento en materia de derechos humanos, políticas de respeto a pueblos originarios y sobre todo al derecho fundamental de los pueblos originarios a la autodeterminación y a la consulta libre previa informada exigida en el Convenio 169 de la OIT y políticas de debida diligencia vinculadas con el manejo lícito de los fondos relacionados con estos proyectos.
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Honduras
“Honduras es un caso particular porque allí hay una proliferación de industrias extractivas ligadas a la minería, a procesos fotovoltaicos, a hidroeléctricas, donde lo que se puede ver es que cada uno de estos proyectos es una matriz para poner en circulación fondos procedentes de bancos internacionales mezclados con fondos procedentes de actividades ilícitas”.
“Hay minas y desarrollos hidroeléctricos que estaban en manos de carteles del crimen organizado, que son cedidos a empresarios destacados en las principales cámaras. Lo que se ve ahí es una confluencia de fondos procedentes de bancos internacionales, fondos del crimen organizado y una estrategia, europea sobre todo, de Global Gateway que promueve a nivel global el flujo de inversiones para promover el desarrollo económico y que, cuando llega a los países, genera consecuencias adversas, no provoca ningún impacto positivo en materia de desarrollo, sino que produce desplazamientos de comunidades campesinas originarias, afectación sistemática de derechos humanos y a través de la articulación de fondos financieros en los bancos, mezclas de dineros procedentes de bancos de desarrollo con dineros procedentes de actividad de criminalidad organizada”.
Berta Cáceres
“El año pasado me tocó trabajar durante todo un año en el GIEI Honduras a partir de un acuerdo tripartito ante la CDIH, la familia de Berta Cáceres y el estado de Honduras donde se fijó un mandato ligado a la investigación financiera del asesinato de Berta Cáceres y de los delitos económicos relacionados y además a la presentación de un plan de reparación integral para las víctimas en la comunidad y la sociedad en su conjunto.
En el marco de esa investigación, que duró 1 año, logramos reconstruir la trama que nos permitió identificar pruebas concretas en registros financieros, cheques y en registros de comunicaciones de antenas y de dispositivos celulares que mostraban cómo el dinero procedente del Banco de Desarrollo Holandés, FMO, llegaba a la empresa que debía desarrollar el proyecto hidroeléctrico, se desviaba y finalmente canalizaba pagos a través de cheques a los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres en la noche del 2 de marzo de 2016”.
Entrevista: Nahuel Croza
