Por Pablo Bassi | La aplicación del 2×1 a Luis Muiña, condenado por secuestros y tormentos a trabajadores del hospital Posadas en el centro clandestino El Chalet, y la reunión promovida por la Conferencia Episcopal Argentina durante su asamblea plenaria -que sesiona desde el martes hasta hoy- entre víctimas y victimarios durante la última dictadura militar destruyen el proceso de memoria verdad y justicia sobre el terrorismo de Estado en la Argentina.

Ambas decisiones son resultado de la presión ejercida por grupos auto denominados de “memoria completa”, compuesta de familiares, apologistas y abogados defensores de represores, como el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina o Justicia y Concordia, entre otros.

Si bien estas organizaciones ejercen lobby desde antes de diciembre de 2015, ahora han encontrado eco en la Justicia y la Iglesia, a partir del respaldo que les da el Gobierno nacional que integran. Gabriela Michetti y el Secretario de Culto, Santiago de Estrada, grafican mejor que nadie este polígono.

La reconciliación que dice perseguir la Iglesia Católica genera una marea inevitable en un año electoral. Aguas que Francisco prefiere no agitar, siempre atento a la política doméstica. Ocurre que si bien la mayoría de los obispos argentinos son conducidos políticamente por Jorge Bergoglio, hay un espacio reaccionario liderado por Héctor Aguer que actúa como interlocutor de estos grupos.

Es difícil suponer, de todos modos, que el Papa no le haya dado luz verde a la iniciativa. Quienes lo conocen aseguran que lanzó un “hagan, hagan”, previendo que el tema no prosperará ni escalará en la opinión pública. Habría sido su mejor respuesta ante el suplicio de sus obispos leales: “O los recibís vos o formalizamos esta mesa”.

En una entrevista concedida a Canal Abierto, Nora Cortiñas sostuvo que sólo los desaparecidos pueden otorgar el perdón. Una reflexión contundente que derriba la legitimidad del objetivo verdadero o ficticio de la Iglesia.

La Justicia también es un escenario en que se expresan correlaciones de fuerzas. El beneficio del 2×1 a Luis Muiña -que ya le abrió la puerta al apropiador de bebés Norberto Bianco y podría abrir la celda de 750 genocidas más- tiene tantas críticas como adhesiones técnicas. Más de las primeras que de las otras. Sería menester el análisis del fallo en clave política, como dijo el ex juez Carlos Rozansky en declaraciones a este medio.


Carlos Rozansky: “Este fallo hay que leerlo en clave política, no jurídica”


Una primera lectura, apresurada tal vez, podría identificar los votos positivos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton a un pedido del Gobierno. Los dos primeros le deben sus nombramientos y ella su continuidad en el cargo tras haber cumplido 75 años. Pero la realidad es más compleja. A partir de la asunción de Cambiemos, existe un distanciamiento con la política de derechos humanos precedente desde los tribunales inferiores hasta el que preside Ricardo Lorenzetti.

En otro reciente fallo, la Corte Suprema dictó la prisión domiciliaria al represor Felipe Alespeiti, responsable del secuestro y desaparición de 107 personas. En aquella oportunidad, el abogado querellante en delitos de lesa humanidad Rodolfo Yanzón advirtió en Canal Abierto sobre la peligrosidad de la medida y sostuvo que “hay un acuerdo de Avruj (secretario de Derechos Humanos) y Garavano (ministro de Justicia) con sectores que reivindican métodos de la dictadura”.

En total fueron alrededor de 50 los condenados por violaciones a los derechos humanos enviados a sus casas desde diciembre de 2015. Entre ellos, Miguel Etchecolatz, jefe de la Policía bonaerense durante la dictadura. Otro dato más que inquietante es la profundización del status quo sobre los juicios a civiles protagonistas del genocidio, como los directivos de la Ford, Papel Prensa y Blaquier.

Nada mejor que los editoriales del diario La Nación próximos a la asunción de un presidente argentino definen el intento de imposición de los grupos que defienden el retroceso en la política de derechos humanos. Al otro día de haber asumido Macri, la tribuna de doctrina titulo “No más venganza”.

El Gobierno ha dado un correlato de pasos en este sentido. El Presidente, por ejemplo, dijo al principio de su gestión y durante esta semana que no iba a inmiscuirse en asuntos judiciales. Toda una definición política: el autismo no es garantía de independencia.

Por su parte, Garavano y Avruj mantuvieron reuniones en distintos momentos y lugares -incluida la ex ESMA- con las agrupaciones que defienden a los genocidas condenados. Los funcionarios Darío Lopérfido y Juan Gómez Centurión sembraron dudas sobre el número de desaparecidos. ¿Qué otro motivo existe detrás de aquellas bravuconadas, que instalar en la conciencia colectiva que las organizaciones de derechos humanos mienten?

No obstante, el Gobierno fue más allá: la secretaría de Derechos Humanos retiró la co querella a Alejandro Reynal, funcionario del Banco Central durante la dictadura, acusado de robo al empresario Eduardo Saiegh. También desmanteló la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, el Centro de Asistencia a las Víctimas “Fernando Ulloa” y la comisión del Banco Central creada en 2014 para documentar los delitos económicos. El programa de protección de testigos pasó a estar a cargo del militar Francisco Lagos y, como representante argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nombró a Carlos de Casas, un abogado de represores.

Sobre esta realidad, surgen las primeras preguntas: ¿Cuál sería la ganancia del Gobierno, por complacer a los familiares de genocidas? ¿Acaso la buena sintonía con gente afín ideológicamente? ¿Polarizar con un movimiento de derechos humanos que excede largamente al kirchnerismo? ¿O proteger a los círculos civiles protagonistas del genocidio, hoy socios de Cambiemos?