Redacción Canal Abierto | Durante dos años, talleristas y trabajadores del Centro Cultural San Martín, que depende del área de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, ocuparon la Sala Alberdi del 4º piso del edificio, reclamando que el espacio continuara siendo público y que los cursos siguieran siendo gratuitos. Finalmente, el 13 de marzo de 2013 la Policía Metropolitana arremetió contra los ocupantes y los manifestantes que estaban apoyando el reclamo. Se dispararon balas de plomo y goma, que provocaron heridas en varias de las personas presentes.

Germán Darío De Los Santos, del colectivo DTL, y  Esteban Ruffa, fotógrafo de la Agencia ANRed (ambos medios pertenecientes a la Red Nacional de Medios Alternativos –RNMA-) fueron dos de los alcanzados por las postas de plomo, y por eso son los dos querellantes en el juicio que comienza hoy.

Los oficiales mayores de la Policía ciudadana Gabriel Pereyra De La Rosa y Miguel Antonio Ledesma, junto al oficial Nelson Acosta, son los imputados.

Se trata del primer juicio contra la policía a las órdenes de Macri, a pesar de que tuvo participación en brutales represiones como las del desalojo del Parque Indoamericano (hubo 2 muertos), el desalojo al Parque Centenario, el desalojo en el barrio Papa Francisco y la bestial ocupación de los terrenos del Borda. En el caso de Sala Alberdi se utilizó un operativo similar, con la policía Federal garantizando un cerco exterior para que la fuerza local realice la limpieza en el interior del perímetro blindado.

Esteban habló con Canal Abierto sobre las sensaciones que despierta este juicio: “Llegamos con grandes  expectativas, teniendo en cuenta que nunca se llegó a una instancia de juicio oral en una causa contra la Policía Metropolitana, que ya ha sido desintegrada y absorbida por la Policía de la Ciudad. Por ese motivo el costo político ya no es tan grande para el gobierno de Macri, porque se trata de una fuerza que ya no existe”.

Además, el joven comunicador recordó los momentos inmediatamente posteriores al ataque recibido: “Luego del balazo recibí el ninguneo de los prefectos que estaban de guardia en el Argerich, nos trataban como delincuentes, no hubo contención del Estado más que algún profesional con actitudes humanitarias, fueron varias semanas que no tenía ganas de salir de mi casa, tenía miedo por mí y por mi familia, una situación muy complicada, que así y todo exacerbó mis ganas de seguir comunicando lo que sucede en la calle. Aunque hora con Macri a nivel nacional la escalada represiva va en aumento, en ese sentido no nos han podido quebrar”.

En la acusación original, la Coordinadora Contra la Represión Institucional había señalado a los efectivos de la Metropolitana, la PFA, y mandos políticos de ambas fuerzas, por el operativo conjunto.

Los tres efectivos finalmente imputados por tentativa de homicidio calificado podrían percibir una pena de hasta 25 años de prisión.

Los responsables políticos que la querella no logró sentar en el banquillo esta vez son el Jefe de Gobierno de la Ciudad de aquel entonces, Mauricio Macri; su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro; y el Ministro de Cultura, Hernán Lombardi, que impulsó el desalojo en el San Martín.

Germán, el otro de los periodistas heridos, confesó a este medio que “llegamos anímicamente muy bien, con mucha fuerza, con mucho espíritu, y con un gran acompañamiento de distintos sectores de la militancia política y de gran parte de la sociedad. Somos conscientes de que el panorama político ha cambiado desde 2013 hasta acá. Esos ensayos de represión en el Estado municipal hoy tienen sus correlato en todo el país, la administración porteña de entonces hoy es el Poder Ejecutivo Nacional, y provincial, además de continuar en la ciudad”.

Asimimso, De Los Santos recordó cómo se fue desarrollando la investigación que permitió esclarecer lo sucedido: “Después de saber que sobrevivimos a los ataques, nos empezamos a mover para recolectar material fílmico y fotográfico, para ir desenmarañando lo que pasó. Recordamos que desde el primer momento, como en otras represiones, el gobierno negó que se hayan disparado balas de goma, intentó poner en duda quienes éramos nosotros y que estábamos haciendo ahí, y también hasta pusieron en duda si efectivamente estuvimos en el lugar de los hechos”.

El juicio se desarrollará entre los días 10, 12 y 15 de Mayo.

En la actualidad, el protocolo “anti piquete” establece un cerco, que evita que la gente que está registrando algún hecho pueda llegar hasta el lugar donde están sucediendo las cosas, con el argumento de proteger a los periodistas.

Desde un grupo de 8 o diez policías que avanzaban hacia los manifestantes salieron los disparos aquel 13 de marzo, en Avenida Corrientes y Montevideo. Con el cruce de información, la entrega de armas, las imágenes de las cámaras de seguridad y las filmaciones de los periodistas y participantes se pudo conformar la acusación sobre los 3 imputados.

María del Carmen Verdu, abogada patrocinante de la querella en representación de Correpi, confía, en conversación con Canal Abierto, en la contundencia de la evidencia que se ha logrado reunir: “pocas veces se llega a un juicio con una prueba tan firme, porque como era un hecho de mucha relevancia en el ámbito de la militancia, hubo muchísimos compañeros registrando las escenas con cámaras de fotos y video, de hecho por eso se produce el ataque contra dos de los que estaban realizando esa tarea”.

Según se ve en los videos que se difundieron, que son parte de la prueba judicial, Esteban Ruffa sacó la última foto 5 segundos antes de recibir el disparo en la pierna, él vio por el objetivo de su cámara que le estaban apuntando. Los tres imputados son los que, en ese grupo de efectivos, portaban escopetas que podían cargar este tipo de cartucho. En total hay dos heridos que podrían ser del mismo disparo, y tres probables tiradores. Sobre eso se basaría el argumento de la defensa: “Van a seguir diciendo todo lo que vienen diciendo, sobre la indeterminación del tirador, y que no tiraron a matar, pero los dos zafaron por muy poco porque unos centímetros podrían haber provocado desangramiento. Y van a plantear que había una horda de salvajes atacando a la policía, pero en las filmaciones se va claramente cómo fue”, denuncia María del Carmen Verdú, de la Correpi. 

Los testigos de la acusación que participan de las dos primeras audiencias son principalmente integrantes de distintas agencias de noticias o medios comunitarios que estaban allí registrando el conflicto y la represión, que proporcionaron el material de video que la RNMA aporta a la causa a través de la querella.

Sobre el peso político del juicio, Verdu es concluyente: “Es brutal, porque cuando lo iniciamos, cuando logramos que se indagara, que se procesara y hasta incluso que fugazmente se detuviera a estos tres policías, eran jueces y fiscales nacionales teniendo que intervenir en una causa que involucraba una fuerza con la que ellos no tenían ningún tipo de vinculación, porque era una fuerza local y ellos eran jueces y fiscales de la Nación, pero eso se cortó el año pasado, cuando ya la causa estaba elevada a juicio, que empezaron las postergaciones con el claro objetivo de que se inicie el juicio con una fuerza que ya no existe. A eso nosotros respondemos que no existe más la Metropolitana, pero estos tres tipos son partes de la Policía de la Ciudad, y el que era su jefe político y uno de los acusados es el Presidente de la Nación”.

Sobre los representantes legales de los tiradores, la abogada aclara que “es una defensa casi institucional, porque aunque son abogados particulares, en uno de los casos integran el estudio de la mujer y el hijo de Montenegro”.

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