Redacción Canal Abierto | De un tiempo a esta parte, no pasa una semana sin que una nota cuestione la viabilidad del sistema previsional desde las páginas de los diarios de mayor circulación. No es casual ni es inocente: en un escenario donde las dimensiones del gasto público son el caballito de batalla de todas las explicaciones gubernamentales para los números en rojo, el consenso para un eventual recorte debe construirse. Aunque los especialistas aseguran que no será sólo un recorte.

Con el déficit fiscal en un récord histórico empujado hacia arriba por los pagos de los intereses de la deuda pública que no para de crecer, el Gobierno se ve en la necesidad de recortar por algún lado, y todo parece indicar que seguirá cortando la cuerda por lo más delgado. Así, los que tienen todos los números parecen ser los subsidios, y las jubilaciones. En estas últimas se trataría más bien de una reforma integral que, entre otras cosas, planea modificar la edad jubilatoria.

“Hay una avanzada sobre el sistema de seguridad social y ya hay medidas concretas tomadas como la Ley de reparación histórica. Allí se plantea que de aquí a tres años una comisión de expertos va a escribir un proyecto para llevar adelante un nuevo sistema previsional que irá de la mano con los lineamientos de reducir el gasto público”, explica Griselda Cavaliere, miembro del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires y del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) de ATE.

Los gurúes de la insustentabilidad anticipan que las propuestas de la comisión consistirán en subir progresivamente la edad jubilatoria, cambiar el sistema de movilidad jubilatoria a uno asociado a algún índice de precios futuro, y la vuelta a los viejos sistemas de capitalización, las nunca bien recordadas AFJP. Y fundamentan esas iniciativas con las recomendaciones que dejó el Fondo Monetario Internacional en su visita de 2016, o sobre un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo que destaca que la Argentina invierte en jubilaciones lo mismo que Francia o España, pero advierte que se deben repensar e incorporar mecanismos que “permitan la sostenibilidad del sistema a largo plazo”, que representa casi el 35% del gasto del Estado nacional, con más de 13 puntos del PBI.

Es el propio titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, quien instala el tema cuando afirma, en una nota al diario La Nación, que “el sistema previsional argentino necesita cambios”. ¿Cuáles serían esos cambios? En la misma nota menciona, como al pasar, que “la edad jubilatoria debería ser voluntaria” y que, en su opinión, “hay trabajadores que pueden seguir haciéndolo más allá de los 65 años”.

Para Cavaliere, la edad jubilatoria no puede ser una decisión individual, sino una “definición política”. “La seguridad social es una responsabilidad del Estado, por lo tanto el Estado debe garantizarlo para todo. Lo que haga individualmente alguien es personal, pero el Estado no puede sostener que la decisión es individual, porque eso es volver a un sistema de capitalización, las AFJP”, advierte.

Pero que el sistema sea o no sustentable depende de la forma en la que se manejan los recursos. Al igual que los otros sistemas del mundo, el argentino tampoco se valía totalmente por los aportes previsionales. Contaba con un 15% de la coparticipación impositiva de las provincias, que a partir de este año irá recortándose hasta quedar reducido a la nada en 2020.  Y con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad, compuesto por las acciones de diversas empresas que estaban en manos de las AFJP cuando el sistema fue re-estatizado. La fluctuación del valor bursátil de estas acciones sumaba ingresos al sistema que permitían los aumentos regulares y su mantenimiento en el tiempo. Sobre él, la Ley de reparación histórica habilitó la posibilidad de meter mano. Ahora, anticipan los expertos, las empresas podrán adquirir sus propias acciones a muy bajo costo.

La Ley de reparación histórica también incluyó, casi subrepticiamente y en sus artículos finales, la armonización de las cajas previsionales, que son aquellas que no fueron transferidas a la Nación, y por lo tanto tienen un sistema propio. Es el caso de la Caja de Previsión de la Provincia de Buenos Aires, que contempla mejores condiciones jubilatorias que la nacional, como el 82% móvil, la movilidad absoluta (el porcentaje de aumento que los trabajadores activos negocian en paritarias es percibido también por los pasivos), y una edad jubilatoria de 60 años para ambos géneros. La armonización hace peligrar todas esas conquistas.

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