Redacción Canal Abierto | La Ley de pensiones no contributivas, sancionada bajo la primera presidencia de Juan Domingo Perón en 1948, establece tres tipos de beneficiarios: aquellos que acrediten algún tipo de invalidez; mujeres solteras, que no tengan sostén y tengan más de siete hijos; y aquellas personas mayores de 70 años en situación de vulnerabilidad social.
El escándalo estalló cuando el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en su informe “PROpensión: los pensionados, ajustados” detalló que, en lo que va de 2017, se produjeron 5.713 bajas y 5.714 suspensiones en pensiones para madres de 7 hijos. Y que hubo 19.215 bajas y 52.491 suspensiones en pensiones por invalidez.
Sobre el tema circulan distintas versiones y justificaciones oficiales. A continuación, qué se dijo de cierto y de falso sobre el tema.
1. Fue un error. [mks_highlight color=»#dd3333″] FALSO [/mks_highlight] Desde la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales explican que durante todo 2016 cayeron, entre suspensiones y bajas, unas 61 mil pensiones. En lo que va de 2017, la cifra asciende a 83.300 y se calculan que caerán otras 7 mil en julio. «Esto es ajuste. Empezó a mediados del año pasado. Primero recibíamos uno o dos casos por día, cinco por semana como mucho. El mes pasado comenzaron a haber entre 6 y 10 casos por día de pensiones que se suspenden o dan de baja», relata Eliana Fernández, trabajadora y delegada en la Comisión.
2. Se les informó de las bajas a los beneficiarios de las pensiones. [mks_highlight color=»#dd3333″] FALSO [/mks_highlight] La decisión gubernamental se ejecutó subrepticiamente, sin comunicación a los pensionados ni a los trabajadores del área. La campaña «No a la suspensión y baja de pensiones no contributivas» comenzó en abril, impulsada por ATE Pensiones y la Red de Pensionados, cuando los mismos empleados notaron que cada vez más gente llegaba al mostrador desesperada cada principio de mes al encontrar que no tenían el dinero depositado. El tema explotó este mes, cuando la cifra de suspensiones y bajas diarias se triplicó.
3. Hay 180 mil nuevos pensionados cuyos expedientes están trabados. VERDADERO. Los expedientes parados y sin resolver se acumulan en las oficinas de la Comisión desde diciembre de 2015. Los empleados denuncian que hay cajas en todos los pisos obstruyendo las salidas de emergencia y los ascensores. Para seguir su curso, requieren la firma de algún funcionario.
4. Las bajas son para quienes «no merecen la pensión». [mks_highlight color=»#dd3333″] FALSO [/mks_highlight] Los dichos son de la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, responsable de la cartera que otorga este beneficio. Gran parte de las bajas se produjeron porque los beneficiarios no poseen «incapacidad reglamentaria”, es decir que no cuentan con el Certificado Único de Discapacidad porque su porcentaje de discapacidad no es total. «Lo que sucede es que en Pensiones nunca se tomó como criterio el porcentaje de discapacidad porque se evaluaba la discapacidad física y también la discapacidad laboral. Una persona con HIV no es un discapacitado pero cuando va a hacerse un preocupacional en ningún lado lo toman», explica Fernández. Esta idea está en línea con el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados cuyos derechos emanan de la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 23) y de las leyes 22.431, 24.314, 24.901, 25.635, 25.689. Según la primera de ellas, de 1981, «se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral».
5. «Hacemos cruces administrativos, no políticos». VERDADERO. Cuando Stanley se refiere a «cruces administrativos» detalla que las bajas y suspensiones se producen luego de entrecruzar datos de AFIP y ANSES sobre los ingresos de los beneficiarios. Lo que no aclara son los parámetros establecidos para asumir que alguien no merece la pensión. “La gente ve que la plata no está, entra en pánico y llega a las oficinas desesperada. Nos fijamos por sistema y vemos que están suspendidas. Algunas porque el cónyuge o ex cónyuge tiene una jubilación mínima o por moratoria que queda en $4 mil o $5 mil, y a la pareja le quitan la pensión. A los menores les quitan la pensión si sus papás tienen ingresos superiores a los $18 mil entre los dos», explica Fernández. Los dichos de Stanley se amparan en el Decreto 432, firmado por el ex presidente Carlos Saúl Menem en 1997, en el que se exige “no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna” y “no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”, entre otras cosas. El decreto sigue vigente, pero se da de bruces contra las leyes mencionadas en el punto anterior.
6. La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) avala los dichos de Badino. [mks_highlight color=»#dd3333″] FALSO [/mks_highlight] «Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión” fue lo que Guillermo Badino, titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, sostuvo en sus declaraciones a Radio El Mundo. En un comunicado, desde ASDRA pidieron «que la legislación sea promotora de la inclusión laboral mientras asegura contar con ingresos que garanticen la satisfacción de necesidades básicas». También desmintieron haber ratificado los dichos del funcionario y aseguraron que en una reunión reciente con él le solicitaron «que las personas con discapacidad que están en situación de vulnerabilidad social y consiguen trabajo o las que pierden su trabajo no se deben quedar sin pensión como actualmente sucede». Por último, explicaron que «el colectivo de las personas con discapacidad en general suele tener menores ingresos y mayores gastos asociados a la falta de accesibilidad y de inclusión. Las pensiones son otorgadas como una ayuda por parte del Estado para cubrir gastos derivados de la situación de exclusión, que debería ser solucionada por el mismo Estado según indican nuestras leyes».
7. La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales funciona con normalidad. [mks_highlight color=»#dd3333″] FALSO [/mks_highlight] Sus propios trabajadores aseguran que no tienen tareas a raíz de los expedientes trabados que no pueden ser evaluados ni auditados hasta que no sean firmados por algún funcionario. Por otro lado, quienes se ocupan de liquidar el beneficio tampoco lo pueden hacer. La Comisión tiene 72 oficinas en todo el país con 830 empleados en total. Fernández explicó que desde el Ministerio los «obligan a pedirle a la gente que reclama toda la documentación de vuelta y una rehabilitación en el sistema lo más rápido que puede salir es en tres meses».
8. Las madres de siete hijos que cobran la pensión también cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). [mks_highlight color=»#dd3333″] FALSO [/mks_highlight] Para acceder a una pensión de este tipo, que asciende a $6230 mensuales, las madres deben renunciar primero a la AUH. Aquellas a las que se les ha suspendido o dado de baja la pensión no están cobrando ninguno de los dos subsidios estatales.
9. No hay presupuesto para pagar estas pensiones. [mks_highlight color=»#dd3333″] FALSO [/mks_highlight] Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda de la Nación, en 2016 hubo 1.041.004 beneficiarios de pensiones por invalidez. Para 2017, el Presupuesto nacional previó aumentar el número a 1.063.653.
10. En 2015, se dieron de baja 168 mil pensiones. SIN DATOS. Lo aseguró la ministra Stanley pero el portal Chequeado pidió la información detallada de las altas y bajas de la última década y la información aún no fue enviada.