Redacción Canal Abierto | Rutas cortadas, manifestaciones callejeras, edificios públicos vacíos y portones de plantas industriales bloqueados fueron parte del escenario de la segunda huelga general en Brasil desde 1996. La primera fue en abril.

El paro que afectó a 18 estados y cientos de ciudades inyecta más presión sobre una opinión pública que desaprueba al presidente Michel Temer en un 93%. Es el índice más bajo de apoyo popular a un mandatario desde 1980, incluso menor a la de Fernando Collor de Mello, el presidente neoliberal destituido por casos de corrupción.

La ilegitimidad de Temer no sólo radica en su involucramiento en el proceso que derrocó a Dilma Rousseff sino en el proyecto de reforma laboral que busca prescindir de la negociación colectiva. De aprobarse, la patronal podría negociar con un grupo de trabajadores y fijar un salario por debajo del indicado por ley, sin la intervención de los sindicatos.

“Es una reforma que nos retrotrae al siglo XIX, que hiere de muerte las convenciones colectivas sancionadas por la OIT, incentiva la informalidad en el trabajo y tiende a bajar los sueldos”, denuncia en diálogo con Canal Abierto Sergio Arnoud, vicepresidente de CLATE y dirigente de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB) y de la Nueva Central Sindical de Trabajadores (NCST), una de las centrales sindicales que convocó a la huelga general junto a la CUT, Força Sindical y CTB.

En Brasil, más del 20% de la población económicamente activa mantiene relaciones contractuales informales y el 13%, esto es 14 millones de personas, está desocupada. La reforma, además, pretende reducir en un 50% la multa por despidos sin causa y la eliminación del seguro de desempleo que paga el Estado vía aportes patronales.

Será el Senado quien apruebe o rechace el proyecto que será tratado a mediados de julio. “Para entonces, el gobierno pretende tener embarrada la más importantes de las investigaciones judiciales contra Temer”, dice Arnoud. Se trata de la denuncia realizada por un directivo del frigorífico JBS, a quien el presidente dio su aval para comprar el silencio del detenido ex diputado Eduardo Cunha, un cercano aliado y considerado el cerebro del juicio político que destituyó a Rousseff.

“Temer persigue también una reforma previsional que nosotros caracterizamos de inaceptable: eleva a no menos de 49 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación que antes obteníamos con 30 años las mujeres y 35 los hombres”, continúa el dirigente estatal.

Este proyecto, que ameritaría una enmienda constitucional, fija la jubilación a partir de los 65 años de edad con un apercibimiento igual al salario mínimo, equivalente a los 300 dólares.

En Río de Janeiro un manifestante fue herido con bala de goma y en Porto Alegre cinco personas fueron detenidas. El otoño del patriarca pareciera asistir a la caída de sus últimas hojas.