Redacción Canal Abierto | El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó esta semana el allanamiento y la intervención del Sindicato de Vendedores de Diarios (Sivendia), y el procesamiento de su secretario general, el diputado nacional Omar Plaini. El hecho se enmarca en una causa por supuestas irregularidades en las elecciones internas de 2013, sobre la que Corte Suprema falló a favor de la actual conducción del gremio.

José Olivo es el referente de Agrupación de Canillitas “7 de Noviembre”, y candidato de la lista Azul que perdió con Plaini en 2013. Entonces denunció el proceso electoral pero hoy, en diálogo con Canal Abierto, asegura que el juez tergiversó el sentido de su reclamo: “Nosotros acudimos al organismo de aplicación que es el Ministerio de Trabajo, para solicitar que arbitre los medios que nos garanticen una elección libre, transparente y democrática. Después denunciamos en fiscalía la irregularidad de firmas en la planilla de asistencia a la asamblea de la Junta Electoral. Nos rechazaron como querellantes y la Justicia avanzó de oficio. La nuestra era una denuncia de falsificación de documento privado, que después se convirtió en falsificación de documento público para que tenga jurisdicción el juez federal”.

Plaini por su parte expresó ayer que la decisión judicial evidencia un hostigamiento político-partidario, y deslizó que el gobierno nacional estaría detrás de la medida: “Esta es una persecución política y un claro ataque al movimiento obrero organizado”.

Olivo agregó que su sector rechaza la injerencia del gobierno en la conducción del sindicato: “Es una barbaridad, nosotros jamás pedimos la intervención. La Justicia aparece ahora, cuando en septiembre vence el mandato de la actual conducción. Es oportunismo político: se utiliza cuando estamos por ir a elecciones legislativas”.

Desde Canillitas, gremio que durante los últimos años se enfrentó al Grupo Clarín interrumpiendo en muchos casos la distribución y venta del diario, informaron que “la causa quedó archivada y, sorprendentemente, después del cierre de listas, nos encontramos con siete camionetas de Gendarmería para hacer un allanamiento como en los peores momentos de la dictadura”.

Para finalizar, Olivo comentó a Canal Abierto que “hoy se está realizando una marcha a la que no acudimos porque muchos de los compañeros creen que los responsables de esto somos nosotros. Como creemos que es muy difícil que se vuelva atrás con la intervención, lo que estamos reclamando son elecciones en nuestro gremio. No creemos positivo que un delegado interventor proteja los intereses de los vendedores de diarios”.

Mendoza

En abril el gobierno de Alfredo Cornejo intervino el Sindicato de Judiciales de Mendoza, organizado en la CTA Autónoma. El Ministerio de Trabajo había anulado el año pasado las elecciones en el gremio, en las que Adriana Domínguez se impuso sobre Sergio Mortarotti, que luego presentó impugnaciones al proceso eleccionario. Desde entonces, la conducción del sindicato se encontraba vacante, hecho que posibilitó al gobierno provincial imponer la paritaria por decreto.

Jujuy

En la provincia gobernada por Gerardo Morales, la empresa Ledesma pidió esta semana la intervención de la obra social del sindicato azucarero, que cuenta con más de 3500 afiliados. El jefe de asuntos legales del emporio de la familia Blaquier, en una nota dirigida a Oscar Nuttini, uno de los asesores de la asociación sindical y mutual, anticipó que solicitarán la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud en la Obra Social del Personal del Azúcar de Ingenio Ledesma (OSPAIL). La patronal argumenta que la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y de la obra social tiene el mandato vencido desde el 16 de junio.

El conflicto se originó a mediados del mes pasado, cuando el Ministerio de Trabajo de la Nación suspendió las elecciones del sindicato de trabajadores de la caña de azúcar. La cartera de Triaca notificó el 14 de junio a la comisión directiva del gremio jujeño la nulidad de la convocatoria a elecciones y la suspensión del proceso. El ministerio aprovechó una denuncia presentada por Ricardo Aguilera, secretario adjunto del SOEAIL, que reclama la nulidad de la junta electoral. La maniobra gubernamental beneficia a la empresa, y deja abierta la posibilidad de una intervención del gremio azucarero.

Tucumán

En enero 2017, el Ministerio de Trabajo dispuso la intervención de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), por considerar que hubo irregularidades en su proceso electoral interno. El secretario general, Juan Correa, denunció una maniobra de sus opositores para quedarse con el manejo de la caja de la obra social de la FEIA, que cuenta con 30.000 afiliados y 60.000 beneficiarios: “En 2015 hubo elecciones en el sindicato, en las que participaron diez de las once filiales. No hubo problemas”. Marcos Díaz, el interventor ministerial, desembarcó en el gremio el décimo día del año con una tropa de efectivos de la Policía Federal

Marítimos

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) fue intervenido por orden judicial el 18 de febrero de 2016. Su jefe, Enrique Omar “Caballo” Suárez, fue detenido en el penal de Marcos Paz por denuncias sobre supuestos cobros de coimas. El Ministerio de Trabajo nombró como interventora entonces a  Gladys González, la ex diputada nacional macrista y titular de Acumar, quien acompañará al ministro de Educación, Esteban Bullrich, como precandidata a senadora bonaerense por Cambiemos. La situación interna del gremio no fue resuelta por la intervención, y la cartera laboral anticipó que las elecciones se realizarán recién el año que viene.

Vigiladores

El gremio del personal de seguridad (Upsra), que conducía el barrionuevista Ángel García, fue intervenido también por irregularidades en el proceso electoral. Quedó como interventor Rodolfo Alonso, un dirigente radical cercano a Enrique “Coti” Nosiglia.

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