Redacción Canal Abierto | A pesar de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se comprometió a revisar la quita de 80 mil pensiones por invalidez, la jueza federal de la Seguridad Social Viviana Piñeiro señaló que no surge del Gobierno la voluntad de restablecerlas. Por ello, le ordenó a dar marcha atrás con la medida en un plazo de ocho días.
La acción había sido iniciada por Dora Haydée Ortiz, en representación de su hijo discapacitado, y acompañada por un amparo colectivo. El fallo beneficia a los pensionados radicados en el distrito judicial bonaerense de San Martín (que incluye también al municipio de Tres de Febrero). Como la magistrada se declaró incompetente para decidir sobre el resto del país, giró el expediente a la Cámara de San Martín.
En junio se había dado a conocer un informe Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que indicaba que en lo que va de 2017 se produjeron 5.713 bajas y 5.714 suspensiones en pensiones para madres de 7 hijos. Y que hubo 19.215 bajas y 52.491 suspensiones en pensiones por invalidez.
Fiel a la estrategia macrista de atacar al derecho social, la ministra Stanley dijo entonces: “Venimos de años de mucha entrega indiscriminada y clientelar de pensiones y nosotros no vamos a convalidar las mafias. Por eso, hacemos estos cruces administrativos, no políticos, todos los meses para ver quién merece la pensión».
La andana de críticas incluyó un proyecto de ley presentado de la diputada Gabriela Troiano, para derogar el decreto de 1997 sobre el que el Gobierno justificó su medida restrictiva.
Gabriela Troiano explica su proyecto de ley para derogar decreto de 1994 sobre el que se amparó el Gobierno:
El fallo de la jueza Piñeiro confronta con la promesa de la ministra Stanley de restablecer las pensiones suspendidas en «todos aquellos casos donde se pudo haber cometido errores». Pero nada de eso ocurrió. Incluso, hay 180 mil nuevos pensionados cuyos expedientes están trabajados (ver nota).