Redacción Canal Abierto | En el marco de la avanzada contra las políticas de memoria, verdad y justicia impulsada por el gobierno nacional y acompañada por distintos sectores judiciales, mediáticos y políticos, surge una renovada campaña por los derechos humanos encabezada por los organismos que durante décadas tuvieron que recurrir a la Justicia internacional y sobre todo a la imaginación y astucia para sentar en los tribunales a los responsables de los delitos de la dictadura.

Muchos de ellos  conformaron hace poco menos de dos años La Mesa de Organismos, que tiene como objetivo recuperar esa práctica necesaria en el actual contexto político, adverso para la continuidad de las políticas de memoria, y poner toda esa experiencia recogida durante los años más duros de nuestro pasado reciente al servicio de la construcción de una barrera que impida el paso de la impunidad, el crecimiento de un discurso conciliador y los obstáculos en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

Juicio a los Jueces

El lunes, como parte de esa iniciativa, CELS, Abuelas, APDH, HIJOS y Madres Línea Fundadora,  entre otros, presentaron en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra los tres jueces de la Corte Suprema que firmaron el fallo del 2×1 para al represor condenado Luis Muiña, habilitando que el 3 de mayo pasado saliera en libertad.

Los 12 organismos de derechos humanos que realizaron la presentación acusan en su escrito de “mal desempeño de sus funciones” a los supremos. Además cuestionan el fallo por “haber favorecido la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado”

Los ministros señalados son los dos designados por el presidente Mauricio Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz, junto a Elena Highton de Nolasco que firmó la oferta contradiciendo un fallo anterior suyo, según denuncian los organismos. Una devolución de favores al gobierno nacional que no empujó su jubilación y reemplazo al haber cumplido los 75 años, en 2016.

Adriana Taboada, representante de Comisión Memoria Zona Norte, uno de los organismos que firmaron el pedido, explica a Canal Abierto que “es algo que hay que hacer, porque tenemos integrantes de una Corte que finalmente cumplieron con los requisitos pero que nosotros sabíamos que iban a entrar de una manera totalmente anti-ética. Siempre la expectativa es poder avanzar, pero la tramitación es complicada, en un Congreso que vota leyes que están vendiendo la patria”.

La contundente movilización del 10 de mayo pasado a la Plaza de Mayo, contra el 2×1 y a favor de la continuidad de las políticas de derechos humanos, apuró una ley del Congreso que limita el beneficio en caso de condenas por crímenes contra la humanidad.

Ahora el pedido debe ser tratado por la Comisión de Juicio Político, que es la encargada de solicitar formalmente medidas de esas características ante el Senado. Además del reclamo concreto, los organismos esperan que la iniciativa sirva para revertir el fallo, algo que la Corte Suprema adelantó que ocurriría luego de que el Congreso votara una ley “aclaratoria” sobre los alcances del 2×1 y la imposibilidad de aplicarlo a delitos de lesa humanidad, pero que aún no concretó.

Sobre este punto Taboada asegura que “es posible, tendrán que buscar la manera de hacerlo con la mayor prolijidad. Rozenkrantz no va a cambiar su voto, pero esperamos que alguno de los otros dos sí lo modifique, porque esto ha convocado el repudio más generalizado que hayamos conocido en nuestra historia como movimiento de derechos humanos. No ha habido otra manifestación de la magnitud de la del 2×1; logró un nivel de masividad y de unidad que realmente no se puede desoír”.

Además del pedido de jury contra los tres magistrados, se inició una campaña de difusión en redes sociales y se evalúan otras medidas, como un pedido de audiencia con el presidente del máximo tribunal, Riocardo Lorenzetti

Dos por uno

Pero el fallo a favor de Muiña sigue vigente, y por eso los organismos buscan alejar a los supremos responsables y así evitar futuros intentos similares, que son intentos constantes de los defensores de los genocidas, pero que hasta ahora no encontraban eco en máximo tribunal.

Aquella sentencia computó  doble los días en prisión sin condena al represor del Hospital Posadas, y abrió la posibilidad de beneficiar a otros criminales de la dictadura. La crítica principal de familiares y víctimas fue por recurrir a una norma que fue diseñada para utilizar en casos de delitos comunes con el objetivo de descongestionar cárceles superpobladas. Además, se aplicó la ley con retroactividad, una práctica contraria a derecho, ya que estuvo vigente entre 1994 y 2001.

Por último, Adriana Taboada recuerda a este medio que “tanto Highton como Rosatti han tenido que atravesar el repudio popular en Santa Fe, fueron para actividades y no pudieron participar. Él fue a dar una charla en la facultad y la levantaron, y ella iba a disertar en un congreso y no pudo llegar, viajó hasta Santa Fe y se volvió, entonces creemos que alguna respuesta positiva va a haber”

Otros testimonios

José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre expresó que “la Corte se las arregló para hacer de cuenta que iba a atender la voluntad popular, e iniciar un proceso de consulta, pero ha pasado todo este tiempo en el que desobedeció la ley y la voluntad popular y el 2×1 sigue vigente, aunque no lo aplican por razones políticas y porque se vendría encima un cataclismo social, pero nosotros estamos diciéndole a la Corte que no le vamos a permitir otra canallada”. Además, el reconocido abogado explicó que el fallo Muiña es un “absurdo jurídico que pretendía aplicar una ley a personas cuyo delito fue anterior a la vigencia de la ley, y que además fueron juzgados después de la derogación de la ley. Es un caso de museo”.

Carlos Pisoni, integrante de HIJOS, resaltó: “Esperamos un tiempo más que prudencial. Fuimos bastante pacientes, estuvimos más de dos meses expectantes ante una nueva decisión de la Corte que aún no llegó. El fallo está vigente. Entendemos que la Corte debía revertir el fallo tras las masivas movilizaciones que se lo reclamaron días después de haberlo emitido. Y así debe proceder. Si con estos integrantes aún no ocurrió nada, entonces tienen que cambiar los integrantes de la Corte”.

Por su parte Taty Almeida, de Madres, criticó al Gobierno que “todos los días, por una cosa o por otra, viola los derechos humanos y la memoria. Pero no lo van a lograr, seguiremos adelante” y consideró que el trámite es “otro motivo para demostrar que los organismos no somos un curro, que estamos permanentemente defendiendo la memoria, la verdad y la justicia”.

La Mesa de Organismos por los Derechos Humanos está integrada por Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

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