Redacción Canal Abierto | El segundo día de la audiencia pública en la Corte Suprema de la Nación para analizar si poner o no fin a la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en Salta significó, en la capital provincial, una movilización que reclamó, de diversas maneras, que la religión se quede en la iglesia.

Encabezada por organismos de derechos humanos, militantes de izquierda y, sobre todo, agrupaciones feministas y miembros del colectivo LGTB –los sectores más afectados por el discurso eclesiástico-, la concentración comenzó el jueves a las 18 en la Plazoleta Cuatro Siglos para marchar frente a la Catedral salteña.

Desde 2008, con la sanción de la Ley de Educación Provincial que impulsó el gobernador Juan Manuel Urtubey e impone a las escuelas públicas salteñas el dictado de la enseñanza religiosa dentro de los horarios de clase, el debate sobre el tema fue permanente pero no llegó a la tapa de los diarios. Sin embargo, hace más de dos semanas que se volvió público a la espera de la resolución de la Corte.

Foto: Gastón Iñiguez (Cuarto Poder)

El tema pasó a la órbita nacional a partir del caso “Castillo, Carina Viviana y otros c/Provincia de Salta, Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/amparo”. En él, un grupo de familias, con la intervención de la Asociación por los Derechos Civiles, le solicitan al máximo tribunal que declare la inconstitucionalidad de los artículos de la ley de educación provincial que hablan de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en el sistema público.    

El caso Salta

En la práctica, la implementación de esta norma significó que los chicos cuyos padres se nieguen a que sus hijos reciban educación católica en la escuela sean enviados al patio o a la dirección, una forma de discriminación que el sistema no resuelve y que algunos especialistas consideran inconstitucional.

La ley también es el principal obstáculo para impartir educación sexual integral, realizar debates sobre el cuidado del cuerpo o hablar sobre violencia de género, temas que forman parte de la currícula dispuesta por la Ley Nacional de Educación, sancionada en 2006, pero que colisionan con el discurso religioso.

Pero la norma provincial tiene antecedentes. La Constitución de Salta, en su artículo 49, incluye una idea polémica: configura a la enseñanza religiosa como un derecho subjetivo de los padres que consiste en que sus hijos o pupilos reciban educación religiosa “en la escuela pública”. Para algunos esto no significa que sea la escuela, los docentes pagados por el Estado o el propio gobierno quienes deban impartirla. Sin embargo, sí da cuenta de que Salta siempre tomó la ausencia de la palabra “laica” en la Ley 1420 de Educación Común, que sólo establece que la instrucción primaria debe ser “obligatoria, gratuita, y gradual”, como un permiso tácito para incluir el catecismo en el aula. En el marco de un gobierno vinculado a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, con ministros relacionados con el Opus Dei, terminó por dictarse una ley provincial que eliminara las ambigüedades en favor de la religiosidad.

Todavía habrá dos audiencias más, el 30 y 31 de agosto. En la de ayer, académicos, referentes de derechos humanos y representantes de distintos credos expusieron su posición sobre el tema. El último día expondrán los demandantes y el gobierno de Urtubey que ratificará, pese a las críticas, su postura.

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