Redacción Canal Abierto | ¿Por qué el Gobierno separó por supuesta corrupción a Juan Gómez Centurión y no hizo lo mismo con los jefes del operativo que desalojó mapuches en la ruta 40, donde se lo vio a Santiago Maldonado por última vez?

El año pasado, Mauricio Macri apartó de su cargo al titular de la Aduana durante casi sesenta días, tras las denuncias penales que recayeron en su contra por eventuales pedidos de soborno para autorizar la importación de contenedores. Según la consultora Giacobbe & Asociados, la decisión del Presidente contó con la aprobación del 56% de la sociedad.

¿Habrá sido aquella una movida táctica extraída del manual duranbarbista? ¿Por qué Macri no adoptó una decisión similar con Pablo Noceti, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad que coordinó la represión en Chubut, o con Fabián Méndez, a cargo del escuadrón de gendarmes que ejecutó las órdenes de Noceti? ¿Habrán evaluado con encuestas una caída de imagen en su perfil de mano dura?

Desde el lunes pasado, el Gobierno ha virado su estrategia en el tratamiento de la desaparición de Santiago Maldonado. Según el diario Clarín, “una encuesta reservada que manejan los más altos funcionarios revela que más del 60% de la población puede describir con mayor o menor precisión que hay un joven desaparecido desde hace ya más de un mes”. Y arroja un dato extra: “del porcentaje que oyó o leyó la noticia, la mitad culpa al Gobierno por la desaparición. El resto cree que tiene que hacer algo para que aparezca Maldonado, pero no le adjudica ninguna responsabilidad en el caso”.

Durante las horas previas, hubo dos hechos que sacudieron a la opinión pública: el primero sucedió el viernes en Plaza de Mayo, donde centenares de miles de personas se congregaron para exigir la aparición con vida del joven artesano. El otro ocurrió el mismo lunes cuando la  Justicia de Esquel determinó que la sangre en la cuchilla empuñada por un puestero contra un joven el 21 de julio no era de Maldonado. Se caía entonces la principal hipótesis pública del Gobierno sobre el caso.

Se cayó la hipótesis del puestero y todo apunta a Gendarmería

Es más: los programas televisivos más vistos comenzaron a hablar del tema. Personalidades oficialistas como Mirtha Legrand lo hicieron en Intrusos, por ejemplo. Dentro de la alianza de gobierno, incluso, asomaron voces disonantes. El líder radical Ernesto Sanz reconoció que “hubo algún error de comunicación o de manejo” y que el tema estuvo “encapsulado” en el Ministerio de Seguridad durante los primeros días de búsqueda.

Desde la Justicia también se avanza contra la responsabilidad del Ejecutivo. A raíz de una denuncia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el fiscal federal Federico Delgado pidió este semana investigar al gobierno de Mauricio Macri y a las autoridades de la Gendarmería Nacional por encubrimiento en la desaparición de Maldonado. Exhortó además al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a que informe de manera “urgente” qué tareas desplegó la fuerza represiva en la ruta 40 durante la jornada del 1° de agosto. Y recomendó que el juez federal de Esquel a cargo de la causa, Guido Otranto, sea apartado.

Otro dato: según la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Victoria Donda, la ministra Bullrich le habría deslizado que “por ahí a un gendarme se le fue la mano”. Su impresión coincidió con el testimonio de Matías Santana, el joven mapuche que declaró ante la Justicia haber visto cómo gendarmes golpearon, empujaron, llevaron al arrastre a Maldonado e introdujeron en una camioneta un bulto enfundado en una campera celeste.

Tan repentino como inesperado fue asimismo el pronunciamiento de los principales empresarios y líderes de las cámaras patronales. Horas atrás, consideraron que la preocupación que comparten con la familia Maldonado “debe encontrar una pronta solución por los caminos institucionales”. Lógicamente también hicieron referencia a evitar posibles manipulaciones político partidarias y todo tipo de acción violenta: un tiro por elevación a los incidentes del viernes pasado en Plaza de Mayo, sobre los que solamente está puesta la lupa en el accionar de la policía de la Ciudad.

Represión en Plaza de Mayo: ahora la lupa está puesta en la Policía

No sólo esta administración cayó en la volteada: ayer, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento de un espía de la Agencia Federal de Inteligencia por realizar seguimientos clandestinos de mapuches durante 2015. Recolectó datos personales, direcciones e ideología de 30 dirigentes pertenecientes a la comunidad indígena y a movimientos sociales de Esquel.

Acorralados por los hechos y las encuestas, el gabinete pareciera haber dado un golpe de timón que desinfecte su imagen. El presidente Macri dijo estar preocupado y ocupado todos los días por la desaparición de Maldonado. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, viajó desde ayer a Esquel para acompañar la tarea del juez Otranto y la fiscal Silvina Ávila mediante programas como el de protección de testigos o el de asistencia a la víctima, que por ahora descartaron.

Asimismo se incrementó a 2 millones de pesos la recompensa para quien aporte datos certeros sobre Maldonado, y los ministros de Interior y Seguridad, Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich, mantuvieron ayer un encuentro con los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Omar Gutiérrez, para coordinar acciones conjuntas entre las fuerzas nacionales y provinciales. De fondo estuvo la preocupación por el surgimiento de nuevas protestas.

Fue llamativo que a esta reunión no concurriera ningún representante de la provincia de Chubut. Casualmente o no, su ministro de Gobierno, Pablo Durán, aseguró que Pablo Noceti, el funcionario de la ministra Bullrich, fue quien digitó el operativo de Gendarmería donde desapareció Maldonado.

Todavía no se sabe si la intención del Gobierno es proteger o aislar a Patricia Bullrich. Ella tenía resuelto aceptar el convite de la Comisión Bicameral  de Seguridad Interior del Congreso, pero desde el entorno de Marcos Peña, cerebro de la campaña electoral de Cambiemos, le bajaron el pulgar.

Pesan sobre su conciencia y responsabilidades de funcionaria pública haber negado sin pruebas la presencia de Maldonado en la ruta 40. No haber tenido la sensibilidad de comunicarse con la familia víctima durante los primeros días. Haber descubierto la identidad del testigo protegido que dijo haberse comunicado con el teléfono del artesano tras su desaparición. Y no haber separado preventivamente a Noceti ni al gendarme Méndez, entre otros encubrimientos, que la historia juzgará o absolverá.

en octubre

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