Redacción Canal Abierto | El decreto – publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y de los ministros Jorge Triaca de Trabajo y Alejandro Finocchiaro Educación- no sólo apunta a reducir la capacidad de negociación de los gremios docentes de cara a unas paritarias que ya se anticipan complicadas. También implica un nuevo avasallamiento del sistema republicano ya que, al igual que con el “mega” DNU del 10 de enero, avanza sobre normativa vigente en medio de un receso legislativo que se extenderá al menos un mes más.

Ni paritaria, ni nacional, ni libre

Con esta modificación del Decreto 457/07 se indica que “el salario mínimo docente, queda establecido que el mismo no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) por encima del salario mínimo vital y móvil (SMVM) vigente”.

Se trata de una oficialización de la política que venía llevando a cabo el ex ministro de Educación Esteban Bullrich, quien ya en febrero de 2016 había cerrado en esos mismos términos la discusión salaria. Incluso a fines de ese año, cuando comenzaba la negociación para el 2017, el Gobierno negó la convocatoria a los gremios. Esto le valió un conflicto fuerte, con movilizaciones y paros nacionales, y hasta una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por incumplimiento de la normativa laboral.

En resumen, por decreto y de forma unilateral, el Gobierno decidió eliminar la paritaria nacional docente, mecanismo establecido por la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo sancionada en el año 2006.

Desde enero pasado el SMVM se ubica en 9500 pesos, por lo que el mínimo docente alcanzaría a 11400. Si lo proyectamos a julio próximo, cuando el SMVM llegue a 10000 pesos la garantía salarial docente se elevará a 12000.

En cualquier caso el nuevo piso que ofrece el Gobierno se encuentra muy por debajo de lo que necesita un trabajador para llegar a fin de mes. Según la Dirección de Estadísticas del Gobierno porteño, una pareja con dos hijos, de 6 y 9 años, necesitó en octubre de 16311 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza.

Entre los considerandos del decreto se señala “que la Constitución Nacional consagra la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, se apoya en la Ley N° 24.049, sancionada durante el menemismo. Esa norma permitió la fragmentación del sistema educativo nacional y habilitó a cada mandatario provincial a negociar por separado los salarios de la docencia.

Debilitando la posición docente

El decreto además apunta contra el gremio de mayor representación, Ctera (con más de 420.000 afiliados en todo el país), eliminando la participación proporcional en la mesa de negociación. En vez de garantizar de manera proporcional por la cantidad de afiliados, como rige en la actualidad y establece la ley de Asociaciones Sindicales, el Gobierno ahora limitó la representación de los trabajadores en un miembro por cada asociación sindical.

En el actual reparto proporcional, Ctera tiene cinco lugares y los otros cuatro gremios con representación nacional (UDA, Sadop, CEA y AMET), uno cada uno.

“De esta manera se pretende limitar las discusiones salariales a cada jurisdicción, sin tener la posibilidad de que se discuta a nivel nacional el piso mínimo ni las condiciones generales para un proceso de recomposición salarial del sector. Es decir, se pretende generar un sistema con más desigualdad entre las provincias y con derechos diferenciales al interior del conjunto de los trabajadores”, señala un comunicado del gremio encabezado por Sonia Alesso y Roberto Baradel.

A su vez, anticiparon que presentarán la denuncia en la OIT y la Internacional de la Educación frente a “este nuevo ataque del Gobierno a los DERECHOS de los trabajadores y trabajadoras de la Educación”.

Cabe recordar que, aunque con matices, UDA, Sadop, CEA y AMET mantuvieron actitudes mas dialoguistas con el Gobierno. Incluso a tal punto que fueron críticos con las medidas de fuerza impulsadas por la propia Ctera, como fue por ejemplo con la instalación de una “carpa itinerante” frente al Congreso en medio del conflicto con la gestión de María Eugenia Vidal.

Los privados con los privados

El decreto firmado por el Presidente establece, además, que ahora no serán cinco sino cuatro los gremios nacionales que discutirán con el Gobierno. El que quedará afuera es Sadop, que representa a los maestros de escuelas privadas.

Todavía resta ver cuál será la reacción del sindicato, pero no caben dudas que los docentes del sector privado podrían salir perjudicados consecuencia de una potencial atomización de sus futuros reclamos.

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