Por Pablo Bassi | Nadie se opone a la modernización del centro de esquí. Todos entienden que sin la explotación del cerro Catedral, la municipalidad de Bariloche no podría afrontar sus gastos. “Hay que pasar del qué necesita la montaña a qué necesitan los clientes”, propuso Helga Salvatelli, gerente general de Catedral Alta Patagonia SA (CAPSA), la empresa que tiene la concesión.

En estos vertiginosos días, los consejeros deliberantes de la ciudad rionegrina se reúnen seguido en tres comisiones unificadas. Le dan decoro y guardan las formas establecidas por reglamento a un tibio debate con final anunciado. El oficialista Juntos Somos Bariloche sólo necesita el asegurado voto de Cambiemos para extender la licitación del Catedral hasta 2056.

Fue inesperada en noviembre pasado la resolución del intendente Gustavo Genusso, de acordar con CAPSA la prórroga de la explotación del cerro más allá de 2026, a referéndum del Concejo Deliberante. Desde su asunción, el jefe comunal se llevó de los pelos con la empresa del grupo Vía Bariloche, a la que multó en varias oportunidades. Cuando en 2016 su dueño, Santiago Trappa, le ofreció extender la licencia por 30 años a cambio de 50 millones de dólares en inversiones, Genusso dijo que no.

En el medio pasó algo: la Justicia entendió que la transferencia del contrato de concesión de la provincia al municipio de 2004 requería la conformidad de CAPSA, lo que obligó a Genusso sentarse a negociar para detener la ofensiva judicial de la familia Trappa. Los dueños de Vía Bariloche saben moverse bien sobre la delgada línea entre la extorsión y la legalidad.

Pero la floreciente relación excede la modernización del centro de esquí y va por la creación de un fideicomiso inmobiliario, en que Bariloche aportaría 75 hectáreas administradas por CAPSA en la construcción de un complejo urbano en la base del Catedral. Nadie supone cuál será el porcentaje de participación (y ganancia) del Estado, ni siquiera la valuación de la tierra.

Voces

“Esta es la medida de gobierno más irresponsable, audaz y atrevida que he visto en los últimos 40 años”, declaró al periódico local En Estos Días el ex presidente de la Asociación Empresarial del Cerro Catedral Alberto Del Giúdice. Al dirigente patronal le resultó más que sospechoso que “al intendente le giren un ATN (Aporte del Tesoro Nacional), le autoricen un descubierto bancario, y al día siguiente nos enteremos por el diario que firmó un acuerdo con CAPSA”.

A cambio de la prolongación del convenio y el nuevo fondo fiduciario, la empresa se compromete a invertir 22 millones de dólares en infraestructura para la montaña hasta 2023, desestimar los juicios contra el Estado, construir dos gimnasios municipales por cinco millones de pesos y apadrinar tres espacios públicos.

“La propuesta contradice todos los lineamientos de planeamiento urbano de los últimos 30 años, que limitan el crecimiento hacia la zona oeste. Hay una prohibición de la Carta Orgánica Municipal de realizar cualquier tipo de loteo o subdivisión de tierras en el oeste hasta tanto haya un plan estratégico integral de desarrollo”, denunció a la salida de una de las comisiones deliberantes Tomás Guevara, investigador de Conicet y docente de la Universidad de Río Negro.

Así como está, según él, la ordenanza abriría las compuertas a su judicialización.

“Hacer un proyecto urbanístico de estas características no lo hace cualquiera, sino empresas muy grandes y especializadas, y CAPSA no tiene trayectoria en esta materia. Es una obviedad que apenas lo aprueben, CAPSA va a dar vuelta ese fideicomiso para revenderlo a desarrolladores urbanos que sí tienen posibilidad de hacerlo”, auguró el académico.

De las frenéticas comisiones participó también Ana Wieman, de la Asociación Árbol de Pie, donde advirtió que el proyecto en curso colisiona con la ley de protección de bosques nativos. Un aspecto que, en parte, fue reconocido por el secretario de Desarrollo Urbano de la comuna, Pablo Bullaude.

A Wieman le preocupa además la carencia de cloacas en la villa que reposa a los pies del Catedral y la rotura de la planta de tratamiento de agua que provoca la contaminación excremental de los lagos Nahuel Huapi y Gutiérrez.

Lo que a ciertos barilochenses no convence todavía, es que el proyecto sea abordado por el Consejo de Planeamiento Estratégico recién después de haber sido aprobado. Es lógico.

La modernización pensada por CAPSA para el primer quinquenio incluye la capacidad de generar más nieve artificial a partir de un reservorio de 110 mil metros cúbicos de agua, medios de elevación más veloces y amplios (es decir, más rentables), nuevas pistas de esquí y menos caminos peatonales, que el turista pueda hacer deporte incluso los días con viento.

En conversación con Canal Abierto, Claudio Thieck aún recuerda cuando de pibe esquiaba sobre “la pista de los tontos”. Aunque de menor porte que el resto, el acceso gratuito era garantía de diversión popular. Su cruzada, en estos días, pasa por garantizar una senda de 170 metros de ingreso irrestricto. Para eso dice haber recolectado más de cinco mil firmas que le permitieron acceder a la “banca del vecino”: un mecanismo de participación popular sin voto en las comisiones del concejo legislativo. Su propuesta de plebiscito vinculante no tuvo eco, y mucho menos la convocatoria a una licitación. Pero no pierde las esperanzas de recrear una pista de libre pase, y remarca que en 2014 se había acordado con CAPSA una franja sobre la que nunca se hicieron obras.

Por último, Thieck insinúa otra arista que presiona sobre los excluidos barrios populares de Bariloche. La mano de obra que emplea CAPSA, en su mayoría, no es local.

En escena

La de Julieta Rocha es una de las pocas voces oficiales que disuena con el coro propio de una escenografía montada por el intendente Genusso para loar el proyecto. Ella es la abogada del Concejo Deliberante y en su dictamen jurídico advirtió la ausencia de estudios de impacto ambiental. Asimismo recordó que debe darse voz a Parques Nacionales, entidad que se reserva la tutela en el tema, junto a la provincia.

A diferencia suya y a favor de la aceleración del trámite se expresó una comisión técnica nunca creada por ordenanza legislativa ni resolución del intendente, de la que se desconocen sus integrantes. Su autotitulado coordinador, Marcelo Ruival, fue secretario de Desarrollo Urbano de Genusso. De acuerdo a la denuncia del periodista Santiago Rey, el hombre tiene estrecho vínculo con Vía Bariloche.

En un mismo sentido se pronunció el Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro Catedral (EAMCEC), que desde 2011 es la autoridad de aplicación del contrato. Está compuesto solamente por funcionarios y concejales oficialistas.

Respaldaron la iniciativa, a su vez, los tradicionales Club Andino Bariloche y Ski Club, el interesado Sindicato de Comercio y Alberto Weretilneck, gobernador y líder de la fuerza política provincial del intendente Genusso: Juntos Somos Río Negro.

El partido de gobierno tampoco evitó hacer uso de maniobras más burdas, como el desplazamiento de la presidenta del Tribunal de Contralor (autoridad judicial de la comuna) de la Comisión de Transacciones que integran las máximas autoridades del poder ejecutivo y legislativo. Su oposición al proyecto podría teñir el despacho del comisionado.

CAPSA le ofrenda a Bariloche un canon anual igual a los pases que la empresa vende en un muy buen día de alta temporada. Esto es 13 millones de pesos, equivalente a 12.500 pases o al 1,3% de los millones de pesos que Vía Bariloche factura en Catedral durante el invierno. La empresa dirá que el promedio de visitantes es de 6 mil personas, que el 50% es para sueldos, el 20% para mantenimiento y el 10% para impuestos. Que, en verdad, necesitan 150 días para costear la tasa.

Lo cierto es que la facturación bruta en Villa Catedral entre el centro de esquí, restaurantes, hoteles, locaciones y publicidad durante los 50 días de temporada alta y media supera en aproximadamente 500 millones de pesos el presupuesto de la ciudad para sus gastos anuales.

En tránsito hacia la gobernación, el intendente Genusso parece haber optado por la resolución menos conflictiva. Debe creer que es mejor enfrentar a la opinión pública que a Vía Bariloche. La audiencia convocada para el 12 de marzo será un primer termómetro. Nadie se opone a la modernización del centro de esquí, pero todos sospechan de alto negocio.

en octubre

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